Jorge Eduardo Arellano
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Históricamente, en su conjunto, la sociedad nicaragüense, en sus diferentes expresiones, desde el núcleo familiar, en la escuela, en la comunidad, organizaciones sociales y políticas, siempre ha mostrado un patrón de conducta, dado a la imposición de ideas, conceptos, valores y formas de vida que todos deben respetar, asumir y cumplir en sus relaciones con el resto de la sociedad. Con alguna que otra excepción por supuesto, la intolerancia a ideas opuestas o contrarias, ha sido el distintivo del nicaragüense. Por ejemplo en el hogar, en la familia, no se cultiva en los hijos el derecho a disentir sobre determinado tema de carácter controversial; no se practica una discusión de altura, en la cual todos tengan la posibilidad de exponer sus propios puntos de vistas, argumentado y sustentando sus conceptos en base a la persuasión y el poder de convencimiento, hasta lograr un consenso sobre el tema objeto de debate.

Al contrario, la conducta típica en la familia, siempre ha sido que el padre, la madre o ambos, imponen a los hijos valores y conceptos muchas veces equívocos. Para tal propósito usan el método impositivo, represivo, por medio del castigo físico, rozando el sistema cuasi dictatorial. Igual sucede en el sistema educativo, los maestros en las aulas escolares no desarrollan en los estudiantes el sentido crítico y la discusión y debate sobre temas de enseñaza, sea historia nacional, gobierno, partidos políticos, modelo económico, etc., etc. Al joven estudiante no se le permite cuestionar lo que recibe como enseñaza, de manera que sus inquietudes no las expresa por temor a obtener una reprimenda del educador. En las escuelas primarias y secundarias, cada gobierno de turno diseña su propio modelo de educación, el cual es impuesto a la comunidad educativa, todo de acuerdo a los valores ideológicos y políticos de cada quien; así fue en el somocismo, en los diez años de revolución, en los dieciséis años de gobiernos de derecha, y en el actual gobierno llamado de reconciliación nacional.

Esa situación de intolerancia contra todo aquello que pueda criticar el modelo de sociedad, de educación, de gobierno, sea ha transmitido de generación en generación; nadie está excepto de tan nefasta práctica.

Por esa causa se observa que muchas de nuestras diferencias políticas y sociales se pretenden resolver por medio de la imposición, por la fuerza, por la represión y la violencia física. En la mayoría de los casos no tenemos respeto ni consideración con el que disiente de nuestro punto vista. Cuando alguien se expresa en forma contraria a la nuestra, en vez de respetar ese derecho, lo común es responder con una diatriba contra el disidente, descalificándolo de la peor manera, tildándolo de traidor, vende patria, etc., etc.

Los cincuenta años de somocismo aún pesan en la sociedad nicaragüense. Los valores de la dictadura y del dictador Somoza continúan manifestándose en los líderes políticos de la sociedad. En todos los Partidos Políticos, sin excepción alguna, no se permite a lo interno que un miembro o militante tenga un opinión opuesta o disidente a la que tiene el caudillo; cualquier diferencia en este sentido se resuelve con la marginación o con la expulsión del partido del miembro tildado muchas veces de conflictivo a las directrices del líder. En otros países modernos y desarrollados, es admisible que existan corrientes políticas diversas dentro de los partidos políticos; por esa cualidad es que en dichas agrupaciones, sus miembros no se dividen, ni se van del partido a formar otro partido, pues existe un grado de tolerancia a la diversidad de ideas dentro de la agrupación política.

Estas reflexiones, las formulo, por cuanto a diario y por los diferentes medios de comunicación social, leo y escucho las críticas constantes que por una parte hacen los sectores opositores del actual gobierno, quienes a diario remarcan que en el país se está gestando una Dictadura; que la débil y frágil democracia nicaragüense está siendo atropellada; que hay actos de corrupción en el gobierno, por falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos; que el desempleo día a día va en aumento; que la carestía de la vida es imparable; que con la suspensión para estas elecciones municipales de los partidos políticos MRS y PC se está lesionando el pluralismo político; que el pacto político entre el mandatario Daniel Ortega Saavedra y Arnoldo Alemán Lacayo está haciendo pedazos la institucionalidad del país.

Ante la montaña de críticas, el gobierno en la persona del Presidente de la República, Daniel Ortega, responde en forma furibunda e intolerante, atacando a la oposición de Oligarcas, de Vende Patria; de ser servidumbre o esclavos de intereses extranjeros. En el mismo sentido, recientemente se expresó un apologista del actual gobierno, llamando a Dora María Téllez, de Heroína de la Oligarquía, por el simple hecho de haber sido visitada en los días que estuvo en huelga por políticos como Eduardo Montealegre, la ex Presidente Violeta Barrios de Chamorro y otro personaje de la política criolla.

Se desprende de lo dicho por el gobierno y sus acólitos, que para estar bien con el gobernante hay que guardar silencio con respecto a todos los desaciertos y errores en que evidentemente ha incurrido; que hay que aplaudir la decisión de manejar discrecionalmente la millonaria ayuda petrolera de Venezuela; que el pacto político existente entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán debe ser aceptado y celebrado con alegría por la oposición, pues esto trae beneficios al país; que las violaciones a la Constitución y las leyes ordinarias que comenten a diario los funcionarios de gobierno, en cuanto a derechos de propiedad y seguridad jurídica, deben aceptarse resignadamente.

El gobierno y sus funcionarios aún no entienden que Nicaragua no es un Estado totalitario. En dicho Estado no son permitidas voces disidentes y contrarias a lo que diga el oficialismo gobernante. Si el Presidente de la República fuese respetuoso de nuestra Constitución y observara lo que la Carta Magna dispone como principios de la nación nicaragüense, tal es la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana, el pluralismo político, social y étnico, reconocimiento a las distintas formas de propiedad, pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria; si Daniel Ortega fuese consecuente con esos principios, entonces su reacción a las críticas de la oposición sería más tolerante, menos virulenta, respetaría el derecho de disentir contra el gobierno, sea que la posición política tenga o no razón en sus planteamiento críticos.

Daniel Ortega, como Presidente de la República, debe recordar que su paso por la Presidencia de la República es transitorio; hoy está en la altura, mañana estará en la llanura. Es decir, que los cinco años de gobernante pasan pronto, tarde o temprano estará en la oposición política. Por tanto, lo que él ahora hace a la oposición, de ofender, ultrajar y vilipendiar, de llamarlos vende patria y traidores, eso se le puede revertir, y estoy seguro que ese trato de ningún modo le agradará cuando esté ejerciendo oposición a un nuevo gobierno electo por el pueblo en el año 2011. Por ello, el actual gobernante debe reflexionar y moderar su conducta política. Todos debemos contribuir a un cambio. Hay que aprender a ser más ecuánime con quien nos adversa, para así ir sentando las bases de una verdadera nueva sociedad, en la cual destaquen virtudes, como una mayor participación política con sentido no de borregos, sino crítica, con más tolerancia. Hay que dejar atrás la intolerancia y la actitud represiva que heredamos del sistema somocista. Hay que poner en práctica, y no sólo de palabra, que se es revolucionario, dando un buen ejemplo a las nuevas generaciones, de respeto a las opiniones que disienten de la nuestra. Ese deber y esa obligación fundamentalmente, descansan en los líderes de este país y en especial en los que dirigen el Estado como Gobernantes de la nación nicaragüense. Aún estamos a tiempo de revertir el lastre del pasado y ver con optimismo hacia un futuro luminoso, que demanda con urgencia todo el pueblo y la sociedad nicaragüense.

*El autor es abogado y notario público