Jorge Eduardo Arellano
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Tercera Parte

La “leyenda negra” sobre los revolucionarios no es nada novedoso por parte de quienes controlan los medios de difusión a su favor. Sandino en su época fue presentado como un vulgar bandolero --y esto se nos olvida--. Sus hombres también como forajidos que no perseguían ninguna reivindicación política. A los revolucionarios colombianos se le endilgan los siguientes epítetos: narcotraficantes, terroristas, y en lo más reciente, el de combinar el viejo señalamiento de secuestradores con el torturadores, por la forma en que tratan a los secuestrados.

Primero: se conoce hasta saciedad que si un movimiento que pasó de un sólo frente de guerra en 1959 con un mil hombres, y que pasa en los años 90 a tener 37 frentes de guerra en todo el territorio, con un contingente de más de 40 mil individuos sobre las armas --según informes del Ejército colombiano--, debe haber ganado suficiente base social en todo ese tiempo y disponer de recursos para sostenerse. Segundo: el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha aclarado en distintas ocasiones a la opinión pública internacional, que en el territorio controlado por sus fuerzas, al igual que en las áreas que controla el Ejército, se produce el cultivo de la hoja de coca, y que esta actividad tradicional fue incrementada en los años setenta por parte de grupos mafiosos y narcoempresarios para satisfacer la demanda del mercado norteamericano y producir cocaína. La guerrilla se limita a cobrar el impuesto de guerra a los productores y traficantes de cocaína, al igual que lo hace a otros grandes propietarios (ganaderos, cafetaleros, etc.).

Las FARC han declarado que la revolución no la van a financiar los pobres carentes de recursos, sino los dueños de grandes recursos, en tanto estos han sido obtenidos por los ricos a costa de los primeros. Hasta el momento, a pesar de la cantidad de sofisticados recursos con los que cuentan, no han presentado una sola prueba fehaciente y creíble de que la guerrilla realice tráfico de drogas. Dentro de esta misma lógica, es infantil pensar que el armamento y otros recursos que necesita una organización clandestina los va ha obtener por la vía legal, los adquiere por medio del contrabando en donde necesariamente no se va a realizar transacciones con personas de probada honorabilidad, sino con personas dedicadas a actividades ilícitas como el tráfico de armamento y otros productos.

Estos vínculos no pueden descalificar a una organización política y considerarla delincuencial. Es más, ni el gobierno de los EU que apertrechó fuerzas irregulares contra gobiernos legítimos, ni el Estado colombiano que armó a las genocidas fuerzas paramilitares, son los más indicados para descalificar en este caso a las FARC. Ninguna guerra es racional. La modalidad de la violencia en Colombia implica a todos los que se involucran en la escena política. En este país existe una guerra declarada desde hace seis décadas, entre un Estado reconocido como legítimo que tiene Poderes convencionalmente constituidos, y un Estado en armas (las FARC) que al serle negado sus derechos recurre a la violencia como única salida que le dejó el sistema político (representado por los Laureano Gómez de los 40 y los Álvaro Uribe de ahora) y que se impuso a través del terror oficial desde 1948, negándole a la mayoría de la población colombiana su derecho a elegir un destino diferente al que impusieron por medio de la coerción violenta y el terror.

Sin ánimos de justificar, sino de aclarar esta situación, hay que recalcar que Ingrid Betancourt y sus acompañantes civiles, al realizar su campaña en territorio guerrillero, estaban conscientes de los riesgos que corrían. Los militares que cayeron prisioneros sabían perfectamente en su condición particular de que era hasta posible que murieran en combate. Ingrid misma, como candidata presidencial, no es ajena a las demandas políticas de las FARC, que coincide con un amplio sector de la sociedad colombiana que entre otras cosas exige un solución política negociada, en la que deben estar incluidas todas las fuerzas beligerantes para la búsqueda de la paz. ¿Qué propuestas ha hecho Ingrid para la solución del conflicto colombiano? Por las versiones trasmitidas en los medios ha demostrado ser muy valiente, pero quizás, manteniendo sus propias convicciones político-ideológicas, y no conocemos si éstas responden a una solución violenta o pacífica al mencionado conflicto.


“Prisioneros de guerra”

Desde la perspectiva del movimiento guerrillero los rehenes son prisioneros de guerra o retenidos, porque son civiles y militares en una posición beligerante contra la misma guerrilla, y las condiciones de retención tienen que ser difíciles y esto necesariamente por la despiadada persecución del Ejército. Entre los rehenes hay militares con experiencia que no dudarían dos veces en escapar y revelar las posiciones de los insurgentes. Recuérdese la experiencia del Perú, en donde los militares retenidos fueron claves para lograr asaltar y exterminar del comando rebelde en la embajada japonesa. Los campamentos guerrilleros no disponen de celdas ni de ninguna comodidad en las selvas donde operan para darle mejores y otro tipo de condiciones a los retenidos. Cuarto: Las FARC son las que han llevado la iniciativa para negociar la paz, mas son los círculos de poder los menos interesados para una salida pacífica al conflicto, muchos son los ejemplos.

Cuando el presidente Belisario Betancourt en los años 90 entró en conversaciones para lograr un acuerdo definitivo de paz con las FARC, en base a los acuerdos, esta última organización constituyó con otras fuerzas políticas y sociales la Alianza patriótica. En un lapso de pocos meses fueron asesinados 2,500 dirigentes y activistas civiles de esta nueva agrupación. ¿Quiénes cometieron estos crímenes? Sin duda fueron los mismos que poco tiempo antes liquidaron físicamente a la Dirección Nacional del Movimiento 19 de Abril, cuando esta organización desmovilizada estaba convertida en partido político y participaba en un proceso electoral. Sobrevivió milagrosamente el ex diputado Ernesto Navarro Wolf, quien quedó lisiado de por vida. Fueron también estos mismos sectores quienes organizaron, financiaron y armaron a narcotraficantes, delincuentes y campesinos desempleados, en las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC).

Estos paramilitares o “paras” se caracterizaron por evadir el combate con la guerrilla, proteger los cultivos y laboratorios del narcotráfico y realizar atroces asesinatos (como lo comprobaron organismos internacionales) con la población civil campesina sospechosa de colaborar con la guerrilla. La reciente muerte del segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, y otros 16 guerrilleros en territorio ecuatoriano, por parte del Ejército colombiano. A lo que se podría agregar el asesinato de otro alto dirigente, Iván Ríos, por parte de un infiltrado, pone en evidencia lo que algunos medios de difusión tratan de obviar: la intransigencia de la oligarquía y la casta militar colombiana, que persisten en una solución militar al conflicto.

La guerrilla demostró su gesto de buena voluntad al liberar parte de los retenidos, sin que hasta ahora el Gobierno presidido por Álvaro Uribe haya liberado a un solo prisionero de los rebeldes. Por el contrario, han continuado la ofensiva contra el movimiento guerrillero apoyados por miles de asesores norteamericanos. Prepararon este golpe utilizando todos los recursos disponibles, y con el apoyo de sofisticada tecnología facilitada por los EU (como el mismo Uribe lo confesó). Con este hecho se perseguía la eliminación de una salida pacífica y política al conflicto. Quinto: con la muerte natural del Cdte. Manuel Marulanda acaecida en el pasado mes de marzo, se vende la imagen de una disputa por el poder en las FARC (como si se tratara de una organización mafiosa) o un desbande en sus filas.

Ninguna de estas situaciones ha ocurrido, y aunque el movimiento guerrillero se encuentra a la defensiva, su postura sigue firme ante el Estado colombiano. Sexto: en algunos artículos que hacen referencia a este tema en nuestro país, se repiten los mismos ejes que emplean los medios oficiales del Estado colombiano y de las agencias internacionales de noticias, “de que su lucha es contra organizaciones terroristas y narcotraficantes”. Entre sus autores se encuentran algunos herederos de quienes se ocupaban de justificar la intervención de EU entre 1927-1933, y por este mismo tiempo entregaron complacientes San Andrés y Providencia a Colombia. Otros autores son muy honestos en su apreciación, lo que no significa que sea la correcta. A estos últimos los invitamos a realizar una ojeada más serena y comedida de la historia y la realidad actual de este país, con ello quizás, podrían arribar a una conclusión diferente.


* Historiador. Sala de Investigación de la Biblioteca del Banco Central.