Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Una vez transcurran los sesenta días de su publicación en La Gaceta, el 9 de julio de 2008, regirá para todo el país un nuevo Código Penal. Aparte de los avances importantes que trae al incorporar nuevas categorías jurídicas como el error de tipo, el error de prohibición, el amplio catálogo de eximentes, atenuantes y agravantes, el establecimiento de los días multa o la novedosa pena de trabajo en beneficio de la comunidad; el nuevo CP introduce un conjunto de responsabilidades penales relacionadas con el ámbito de la economía y de la empresa. Contrario a las tesis liberales que sostuvieron durante mucho tiempo que el Estado --por medio del derecho-- no debía intervenir en el ámbito de las relaciones del mercado y de la empresa, independientemente de las consecuencias o los daños que este conjunto de relaciones --Estado-empresa-sociedad-- pudiera producir. Hoy en día nadie duda que el Estado debe intervenir por medio de normas de carácter penal en el ámbito de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es lo que modernamente se denomina Derecho Penal Económico.

Dos son las manifestaciones de ese Derecho Penal Económico en el nuevo CP. En primer lugar, la determinación clara y precisa de los límites de la responsabilidad de la empresa, de sus representantes, socios o accionistas; y en segundo lugar, el establecimiento de un conjunto de delitos por medio de los cuales se trata de precisar, bajo amenaza penal, sus límites de actuación (prevención general).

En lo que respecta a la responsabilidad de la empresa, el Código parte de la posición doctrinalmente mayoritaria de que las personas jurídicas no pueden cometer delitos, societas delinquere non potest, no es sólo porque las sociedades son una ficción legal a las que no se puede encarcelar, sino porque la voluntad de actuar delictivamente sólo puede predicarse de las personas físicas. Son ellas las que, utilizando de mampara a las personas jurídicas realizan los hechos delictivos. En esa esfera de actuación la imposición de la pena debe recaer sobre alguna de las personas que la integran (gerentes, directivos, socios, empleados o proveedores), no necesariamente sobre el representante legal o presidente de la Junta Directiva, sino sobre aquél que materialmente realiza el hecho de la sustracción, falsificación o se alza con sus bienes.

Aparte del tema de la responsabilidad penal de los propios sujetos involucrados, el Código Penal, consciente de que en ocasiones se pueden producir daños incalculables e indemnizaciones millonarias que la persona física difícilmente podría resarcir (p.ej. cuando se ponen en el mercado productos adulterados o defectuosos), establece la responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica, de manera tal que no opera aquí la norma de derecho privado que señala que la empresa no puede responder con su patrimonio (masa social) de los hechos cometidos por sus directivos, empleados o accionistas, cuando los mismos hayan actuado con violación de la ley o del pacto social.

El Código Penal, como tal norma de derecho público, obliga a la empresa a responder con su patrimonio por las acciones delictivas cometidas por sus directivos, accionistas y empleados. Debemos leer detenidamente entonces el artículo 125. El ámbito de consecuencias para la empresa no se limita, sin embargo, al asunto de las responsabilidades civiles. El artículo 113 del Código autoriza al juez penal a ordenar, de forma cautelar o definitiva, la intervención de la empresa, suspensión de actividades, clausura o incluso la liquidación de la misma; es el poder penal en su máxima expresión.

En el ámbito de los delitos en particular, aparte de los tradicionales como el robo o la estafa, conviene aquí puntualizar y advertir sobre algunas conductas, de nuevo cuño, que pueden llevar a prisión a cualquiera. Falsificar un balance, por ejemplo, es considerado delito no solamente porque con tal conducta se puede evadir al Fisco, sino porque también se puede afectar el patrimonio de los socios --delito societario--; como también lo es el comprar cosas hurtadas o robadas –receptación--, realizar afirmaciones engañosas sobre la naturaleza, composición u origen de un producto --publicidad engañosa--, coludirse para establecer los precios o repartirse los mercados --prácticas anticompetitivas--, ocultar bienes con la finalidad de eludir las responsabilidades civiles derivadas de un delito --alzamiento de bienes--, apoderarse o divulgar información importante de la empresa --insider trading-- o alterar los instrumentos o mecanismos de medición en la prestación de un servicio --fraude en la facturación--.

No podemos mencionar aquí todas las novedades, posiblemente en artículos subsiguientes abordemos algunos de estos delitos. Baste decir a manera de conclusión que se trata de un excelente Código Penal. Ojalá su aplicación rinda los mejores frutos.


*Profesor de derecho penal. UCA.

Doctor en derecho penal por la Universidad de Alcalá, España.