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Sin pretender conseguir proselitismo alguno entre la ciudadanía y, menos aun, obtener beneficio, regalos o reconocimiento de nuestro pueblo, me he permitido exponer en el presente artículo, con el mayor respeto para quienes discrepan de mi criterio y han tomado ya la decisión de concurrir a las urnas electorales y, de acuerdo con lo que les dicte su conciencia, ejercer el derecho al sufragio en la “fiesta cívica” que se nos ha preparado. Yo, por mi parte, con mi mayor respeto y, estrictamente dentro del marco de la ley, manifiesto que no asistiré a las urnas electorales, y QUE NO VOTARÉ, por las razones siguientes:

Primera: Porque no puede confiársele a un Consejo Supremo Electoral, espurio, de-facto, ilegal y corrupto, la ejecución y la supervisión de todo un proceso electoral, nulo, viciado e ilegal desde sus inicios.

Segundo: Porque Roberto Rivas Reyes y los demás comparsas que junto con él conforman el pomposo Consejo Supremo Electoral, de tristísima historia en nuestra patria, durante las últimas décadas, son todos ellos enjuiciables penalmente por el delito de usurpación de autoridad, por ejercer sus respectivos cargos sin nombramiento legal alguno para el periodo que están desempeñando y, por ende, sin haber sido investidos formalmente para el desempeño de los mismos, en flagrante violación de la Constitución Política de la República, acción esta repudiable desde todo punto de vista y, específicamente, tipificada en el artículo 487 de nuestro Código Penal vigente, artículo este que abre de par en par las puertas para el debido procesamiento de los infractores.

Tercera: Porque a pesar de las irregularidades y situaciones delictivas enumeradas se operó la monstruosidad jurídica de permitir la inscripción de la deleznable candidatura presidencial de Daniel Ortega Saavedra, habilitada e impulsada por la Corte Suprema de Justicia, la que, al respecto, dicto la más abyecta, taratológica y aberrante resolución que jamás se había visto en la historia judicial de nuestro país y que, no respetando principios esenciales del derecho universal, declaró inconstitucional la propia Constitución, que constituye la Carta Magna de nuestra Nación.

Cuarta: Porque, en consonancia con la miseria ética de la que a diario dan abundantes muestras los “líderes de la oposición”, han permitido y estimulado conscientemente que los desafueros e ilegalidades se fueran cometiendo frente a sus propias caras, sin rechazo alguno, a pesar de todos los acuerdos, pronunciamientos y resoluciones de común acuerdo adoptadas por las “fuerzas democráticas” y plasmadas luego en el patético documento conocido como “Metrocentro II”, documento este que, a los pocos días de haber sido suscrito, fue desconocido, violentado, traicionado y escarnecido por todos y cada uno de los firmantes, los que, a la postre, han venido permitiendo, a Daniel Ortega y a todos los Roberto Rivas, que desgraciadamente abundan en la fauna política nacional, el descarado fraude electoral que victimizará, una vez más, a nuestro pueblo, vejado y escarnecido.

Quinta: Porque la clase política, que se dice “democrática”, es cómplice del fraude electoral que se ha venido perpetrando en contra de nuestro pueblo, ya que “lideres” impulsados únicamente por sus ambiciones y por su impúdica codicia, se han prestado, aunque rasgándose sus vestiduras, a convalidar todo lo ilegal, antijurídico y oprobioso de este proceso electoral, conformándose con afirmar y dejar constancia de que participan “bajo protesta”, únicamente para salvar sus respectivas personerías jurídicas, pero que, en realidad, es solo para asegurarse la parte que pueda corresponderles en el festín a la hora de la repartición del botín que les corresponda, de acuerdo al resultado final del capcioso y fraudulento procesos electoral. La vehemencia de no arriesgar la personería jurídica, se debe a que esas personerías les podrán seguir permitiendo su participación en las futuras reparticiones.

Sexta: Porque no quiero convalidar una candidatura presidencial execrable, que se vale de su privilegiada posición, para usar en su campaña los dineros públicos del Estado, que debían estar destinados a proyectos públicos nacionales; que utiliza vehículos, la maquinaria y todos los equipos del Estado en sus giras y concentraciones populares y que además utiliza las escuelas, clínicas, hospitales y demás instalaciones públicas para fines electorales a su favor, y que obliga a los escolares, maestros, personal médico y, en fin, a todos los empleados públicos, a participar bajo amenazas a sus entusiastas y democráticas  manifestaciones públicas de respaldo político.

Séptima: Porque no quiero avalar a un candidato qué, olvidándose del laicismo del Estado que gobierna, usa a su antojo, con fines propagandísticos, nada menos que a un Cardenal Primado de la Iglesia Católica, a un Príncipe de la Iglesia de Cristo, que convertido en un miserable activista, actúa como un fantoche político deshonrando su sagrada investidura, y poniendo en entredicho los valores esenciales de la Iglesia que representa.

Octava: Porque la “oposición democrática” con plena conciencia de lo que ha hecho hasta ahora, ha promovido el engaño a nuestro pueblo, al hacerlo caer en el error de confundir lo que es un proceso electoral, con el solo acto de las elecciones; las elecciones presidenciales solo constituyen la escena final del acto final de un obra, de nada vale y para nada sirve el acompañamiento o la observación electoral. Continuar demandando y clamando porque vengan observadores internacional que solo vendrían a observar las elecciones y la caída del telón, únicamente beneficiaran a Daniel Ortega, ya que lo que podrían informar los observadores, sería únicamente que las elecciones fueron ordenadas, sin violencia y que fueron transparentes.

Novena: No debo ni quiero participar en unas elecciones presidenciales, en las que, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, aprovechándose maliciosa y dolosamente de las circunstancias planteadas, se vale de una Carta Pastoral, a todas luces sectaria e intencionada  de falsa teología, para prescribir que no se deba votar a favor de un candidato que considere el aborto terapéutico como una necesidad que debe reincorporarse de nuevo a nuestra legislación penal, tal como se mantuvo vigente por más de cien años en el artículo 165 de nuestro Código Penal.

Décima: Porque si tal como lo sostuvo Pedro Joaquín Chamorro, no hay por quién votar, es traicionar a nuestro pueblo el ejercer el derecho al voto, aunque sea decidiéndose a votar por “el menos peor”, lo que convierte el derecho al sufragio en un ejercicio cívico cínico y despreciable.