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El próximo seis de noviembre el pueblo de Nicaragua estará ante una encrucijada de trascendental importancia histórica: o le cierra el paso, a través de la masividad del voto a favor de Fabio y Mundo, a la pretensión ilegal de Daniel Ortega y su esposa  de permanecer, vía robo de los votos, en el Gobierno y en el Poder, o de presenciar cómo este aprendiz de tirano fortalece su régimen dictatorial y de corte totalitario y fascistoide,  para no abandonarlo nunca más por la vía cívica y pacífica.

Ortega, su esposa  y allegados, que no creen en la democracia, es decir, que no creen en el Estado de Derecho, la independencia de los Poderes del Estado, la Institucionalidad, el carácter laico del Estado, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el respeto a los derechos civiles y los derechos humanos  de los ciudadanos y ciudadanas, y la profesionalización de la Policía y el Ejército, entre otros de sus componentes, vinieron tejiendo, desde su ascenso al Gobierno, el diez de enero de 2007, el entramado del fraude que les permitiera conseguir su perverso objetivo de permanecer en el mismo por las buenas o las malas.

Amparado en el pacto nefasto, que desde 1999 acordó con Arnoldo Alemán -el corrupto expresidente de la República- fue maniobrando en la construcción de tal entramado, siendo una de sus decisiones más importantes el  mantenimiento de magistrados de facto del CSE, CSJ, Fiscalía, Contraloría, etc. llamados a ser piezas clave del fraude en desarrollo. El hecho más relevante en este período presidencial lo constituye el robo de las elecciones municipales de 2008, principalmente en cuarenta de los más importantes municipios del país, incluida Managua, la capital. Este fue el fraude más evidente y documentado en la historia reciente de nuestro país.

Cedulación discriminatoria para aquellos ciudadanos y ciudadanas que califican de opositoras al régimen; padrón electoral inflado y no debidamente auditoriado por los partidos políticos y organismos especializados; proceso de verificación realizado casi en secreto y sólo por un fin de semana; no acreditación de fiscales de centros de votación, CED Y CEM; negación a la observación electoral nacional e internacional para organismos especializados en esa materia, como Ética y Transparencia, Hagamos Democracia y el Centro Carter; acogida complaciente y jubilosa a organismos afines al Gobierno  Ortega, como el CEELA y el que dirige el Licenciado Telémaco Talavera, asesor del Presidente Ortega para asuntos agropecuarios y en franca campaña electoral a favor de su jefe son, entre otras, acciones llevadas a cabo para favorecer el robo en mención.

Como el Presidente Ortega no logró conseguir los 56 diputados en la Asamblea Nacional, para que le allanaran el camino para la reforma a la Constitución y de paso para su inscripción legal como candidato a la Presidencia, decidió irse por la vía de la violación a nuestra Carta Magna, tanto para inscribirse como candidato, como para permitir que sus inscriptores y apañadores -los Magistrados de facto del CSE y LA CSJ- le aseguraran, con absoluta seguridad -y vale la redundancia- el “triunfo” el próximo seis de Noviembre.

En el plan diseñado por Ortega y su esposa  para conseguir su objetivo, contemplaban  permitir que participaran en el proceso  partidos dirigidos por cómplices de su proyecto, como el PLC dirigido por Arnoldo Alemán y de ALN, dirigido por Enrique Quiñónez, así como ordenarle a Roberto Rivas, su títere político en el CSE, que le permitiera participar a la Alianza PLI-MRS, para “vender” la imagen de pluralidad del proceso y buscar, de esa manera, signos de legitimidad del mismo y por tanto de su “victoria”.

El plan contemplaba repartir los votos de tal forma que le permitiera a Ortega esgrimir su “triunfo” amparado en el argumento de que, por ir la oposición dividida, como en las elecciones del 2006, él se alzaba con la mayoría de los mismos. En dicho plan le asignaría a su socio Alemán el segundo lugar con más del veinte por ciento de los votos y a Fabio Gadea el tercer lugar con menos del mismo veinte por ciento.

Lo que jamás espero Ortega era que Fabio y Mundo, encabezando como candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, a la Alianza PLI-MRS, fueran capaces de conquistar  el corazón y la voluntad de la inmensa mayoría de nicaragüenses, incluidos no pocos sandinistas militantes del  FSLN  (no orteguistas),  hasta llegar a ubicarse como la principal opción  democrática por la cual votar para derrotar su inconstitucional candidatura y para  abrirle las puertas a la recuperación de la esperanza  de vivir en democracia, con desarrollo económico y justicia social. Pero, además, tampoco esperó  que el barco de Arnoldo Alemán, su socio preferido, se fuera a pique  estrepitosamente. En palabras de buen nicaragüense podemos decir que a Ortega y su esposa les salió el tiro por la culata.

Por haber optado por el camino de la ilegalidad, ahora Ortega está ante un tremendo dilema: a) mandar a su títeres políticos en el CSE y CSJ a inhibir, violando toda norma jurídica y volviendo aún más evidente su plan fraudulento, a más de cincuenta candidatos a diputados de la Alianza PLI-MRS, buscando con esa medida desinflar a esta alianza y crear incertidumbre en la población para desestimularla de participar en las votaciones, consciente sí, de que una medida de esa naturaleza llenaría de más ilegalidad e ilegitimidad su propia candidatura o, b) aguantarse el golpe que la realidad le está asestando, confiando en que funcione muy bien su maquinaria robadora de votos.

En cualquiera de estos dos casos Ortega está como venadito entre tu huerta: si te corres te tiro y si te parás te mato. Su derrota está asegurada, por el torbellino de votos a favor de Fabio y Mundo o por la ira del pueblo, si se atreve, en un acto temerario, a asaltar las urnas. Nadie reconocería, nacional e internacionalmente, a un presidente y sus diputados,  productos  de tal asalto, como el que pretenden realizar Ortega, su esposa  y sus aliados. Realmente ya perdieron.