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Se dice que Centroamérica dejó atrás la guerra civil de  los ochenta, pero lo cierto es que la actual violencia en Centroamérica ha llegado a alcanzar la magnitud de una guerra virulenta en la que convergen  la pobreza, la exclusión social y el avance poderoso del crimen organizado frente al retroceso y deterioro institucional.

Las actividades económicas ilícitas y un cierto modus vivendi alrededor de la criminalidad están ganando terreno porque ofrecen mejoría rápida de los ingresos a un amplio contingente de jóvenes desocupados y marginados cuya frustración no sólo tiene que ver con las dificultades económicas sino con la pérdida de poder en sociedades que valoran la masculinidad en función del trabajo y la capacidad  de proveer a la familia.

Si tomamos en cuenta que cerca del 25 por ciento de los jóvenes en Centroamérica no estudia ni trabaja y que en este mismo período en que los hombres han retrocedido en el mundo laboral los cambios de género han empujado masivamente a las mujeres al trabajo y los estudios, resulta evidente que estamos asistiendo a una profunda trasformación en las relaciones de género tanto en la familia como en la vida pública, algo que dista mucho de ser asimilado y bienvenido por amplios sectores de la población masculina que se sienten confundidos y amenazados por esta situación.

La respuesta ha sido claramente el incremento de la violencia tanto intrafamiliar como callejera. De una parte en el seno de las familias van en aumento el maltrato a la niñez  y a las mujeres así como el feminicidio, y de la otra miles de adolescentes impactados y traumatizados por esta situación trasladan a las calles la violencia que sufren o ven sufrir en sus hogares, a lo que se suma el descontento por la marginación y estigmatización que viven.

Este ha sido el caldo de cultivo para el avance del narcotráfico y el crimen, esta mezcla de descontento social ante las desigualdades y de frustración de género, combinación tremendamente explosiva y poco comprendida cuando se buscan respuestas simplistas y unilaterales al fenómeno. Si antes el descontento social se expresaba en las actividades políticas, las guerrillas o los movimientos armados, ahora que los partidos han perdido representación y credibilidad, son las bandas organizadas del crimen las que lo están capitalizando.

Por ello, el enfoque de mano dura que han insistido en aplicar algunos gobiernos de la región ha sido tan ineficaz y contraproducente, puesto que en vez de separar el descontento juvenil de la acción del crimen ha empujado a crecientes sectores de la juventud a los brazos de esas estructuras supranacionales del  delito justo en la parte del continente que como ya se sabe, constituye el corredor  por donde suben las drogas hacia el norte y bajan las armas hacia el sur.

La consecuencia es que se hoy se están perdiendo más vidas  que en la década de los ochenta, pues un tercio de los homicidios que ocurren en el mundo se producen en esta región, con una tasa de más de 40 por cien mil habitantes, en su mayoría adolescentes y jóvenes  de 15 a 25 años, provenientes de las comunidades más pobres. En el llamado triángulo norte, el reporte noticioso cotidiano de esta tragedia es tan abrumador que la población ya está perdiendo la capacidad de horrorizarse y empieza a surgir una suerte de resignación y peligrosa indiferencia frente a las constantes violaciones a los derechos humanos, el asesinato de mujeres y las masacres.

Se trata de una nueva forma de guerra que se libra en varios planos simultáneamente, muchas veces interconectados entre sí: la guerra del narcotráfico, el enfrentamiento entre jóvenes pertenecientes a pandillas o maras, el combate que libran los cuerpos policiales y militares contra estos grupos, todo ello alimentado por la violencia silenciosa pero no  menos brutal que se escenifica en los hogares.

Esta guerra de muchas caras ha favorecido un impresionante comercio legal e ilegal de armas, mientras se extienden las  empresas de seguridad privada y toda clase de negocios que buscan calmar el miedo de quienes pueden pagar por su protección,  al extremo que  uno se pregunta si el interés de la seguridad no está chocando ya con el interés de quienes obtienen cuantiosas ganancias gracias a la inseguridad.

El año pasado, los países del istmo invirtieron unos cuatro mil millones de dólares en seguridad, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, un monto superior a lo que reciben en ayuda internacional.  Pese a ello, las amplias mayorías en Centroamérica están desprotegidas, a merced de los secuestros, los cobros de rentas, los asaltos y robos con intimidación y los asesinatos que se escenifican rutinariamente en las comunidades urbanas y rurales.

Ante un panorama tan complejo, se requiere de una estrategia integral para enfrentar el problema en sus diferentes planos, que convoque e integre a amplios sectores en su ejecución, desde el nivel comunitario hasta las instancias regionales. Quizás lo único bueno que tiene esta situación es que representa tal amenaza para la gobernabilidad, que nos obliga a unirnos, tanto a los gobiernos con las organizaciones de la sociedad civil como a los gobiernos entre sí, pero sobre todo a los pueblos y comunidades en los países de la región, para poder enfrentarla.

Hoy existe una valiosa oportunidad para la paz, porque el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, está formulando una serie de proyectos que perfilan una estrategia de seguridad para todos los países del istmo, un momento decisivo para realizar un giro de las políticas represivas hacia  acciones integrales y bien orientadas, que permitan atender las causas y consecuencias de la violencia que asola la región.

Esta estrategia debería representar una oportunidad para promover una amplia participación social en la prevención de la violencia, entendiendo la prevención como un enfoque transversal que abarque una diversidad de acciones, desde el combate al crimen, la protección de las fronteras, el trabajo de rehabilitación en cárceles, la labor comunitaria hasta los procesos de desarme. La prevención no debe ser vista como un momento, o una acción separada de los esfuerzos por mejorar la seguridad sino como una manera tal de emprender estas acciones, que las causas psicosociales, económicas, culturales e históricas de la violencia puedan ser debidamente enfrentadas.

Es importante integrar el enfoque de género en esta estrategia, especialmente en el tema de la construcción de masculinidades no violentas desde la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y los espacios culturales. Hace poco, en una cárcel de El Salvador, donde se lleva a cabo el esfuerzo por despertar una nueva conciencia en los hombres, los privados de libertad comentaban que gracias a ello había mejorado su autoestima y disminuido la violencia intracarcelaria y todo ello había beneficiado incluso sus relaciones de pareja. En Guatemala, una ONG que trabaja con este mismo enfoque reportaba cambios positivos en los hombres que viven en comunidades indígenas, y en Nicaragua, importantes grupos de jóvenes no sólo han dejado la violencia de pandillas, sino que han tenido cambios positivos en la vivencia de su paternidad.

Ciertamente, el incremento de todas las formas de violencia en la región genera en la población grandes inquietudes y desesperanza, pero la posibilidad de vivir en una Centroamérica pacífica, unida y próspera no es un sueño. Todo depende de ampliar la participación social para el diseño y aplicación de buenas estrategias, de la voluntad de sumar más allá de las diferencias y de las decisiones que se empiecen a tomar desde ya para lograrlo.

*Directora Centro de Prevención de la Violencia