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Nuestro país, habitualmente a la zaga del mundo en términos técnicos y científicos –sin hablar de los nulos avances sociales—, vive arrastrado por la dinámica del sistema capitalista mundial. Dentro de esa vorágine de adelantos tecnológicos deslumbrantes en materia de comunicación, parecemos  algo así como un país-mendigo, pidiendo limosna por medio de un celular último modelo.

En términos políticos, tenemos candidatos a la presidencia haciendo propaganda a través de medios altamente tecnificados, con un discurso tan atrasado, como si timbucos y calandracas hubiesen resucitado para difundir su discurso a través de las maravillas comunicacionales de hoy. Se sigue ofreciendo el mismo progreso que todos los presidentes han ofrecido en doscientos años. Si fuera posible hacer el balance de lo ofrecido y lo realizado durante ese lapso, posiblemente hallaríamos un déficit del 80 por ciento. Y del 20 por ciento de lo realizado, dividido entre el progreso de la empresa privada y el progreso de los gobernantes. Las migajas que con su “vocación social” derraman, constituyen todo el progreso nacional. Es lógico, son porcentajes imaginarios, pero si no tuvieran ninguna relación con la realidad histórica, no seguíamos siendo el segundo país más pobre del continente.

A ese hecho bien se le podría concebir como la concentración más pura de la demagogia electorera lograda en doscientos años. Pero la propaganda electoral –especialmente la televisiva— del gobierno y de cierta “oposición”, no menciona ni por broma las causas de ese “progreso” deficitario; sus ejes propagandísticos revelan una miseria ética despreciable: argumentos serios, 0; mentiras 50; ofensas personales 50, para un total de 100 puntos. La vulgaridad no deja ni asomarse a la creatividad: les da lo mismo distorsionar una imagen o un discurso del adversario, que hacerle una acusación grave sin prueba alguna. La televisión es como un juguete bien caro, en manos de menores díscolos, malcriados y abusadores, por no decir delincuentes.

Su propaganda electoral es el vivo reflejo del desorden social e institucional causado por la práctica de la corrupción en todas las áreas del Estado y del desconocimiento de las leyes, en primer lugar, de la Constitución. Por ese hecho, cuando tratan de impresionar bien a su clientela electoral, sus grandes promesas las ofrecen con un desbordante amor que sólo lo sienten hacia los bienes materiales que viven acumulando a la sombra del Estado, o asociados a quienes lo controlan. El resto de los espacios televisivos, los llenan con ataques e inventos dirigidos con especial saña en contra de la Alianza-PLI, en razón de estar figurando como la de mayor peligro para el orden irregular establecido por el pacto Ortega-Alemán.

No obstante, ese tipo de agresiones y amenazas de más inhibiciones de sus candidatos –hechas inmoralmente por “autoridades” ilegales— se ve contrarrestado de forma sencilla y práctica por las propuestas de cambios de la Alianza-PLI, semejantes a las proclamadas a mediados de la semana anterior por un sector de la izquierda en apoyo a la fórmula Gadea-Jarquín.  No tienen nada de la grandilocuencia de las promesas sesudamente elaboradas –pero que nunca se acercan a la práctica—, sino puntos claves para iniciar el destrabe de las instituciones burocráticas que anidan a oportunistas y corruptos, y poder avanzar hacia la democratización y la depuración del Estado.

Díganlo si no, las siguientes propuestas;  emprender la reforma fiscal, para acabar con los privilegios de las grandes empresas y librar al pueblo de excesivos impuestos directos e indirectos, los cuales sostienen la burocracia elefantiásica existente. Reducir de 92 a 62 el número de diputados, la absoluta mayoría de los cuales nunca hablan, pues solo funcionan como parásitos del cuerpo legislativo para votar a favor del gobierno. Reducir a siete y a cinco los magistrados –ahora auténticos agentes políticos oficialistas y del pacto— de la Corte suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, respectivamente. Prohibir la reelección de forma absoluta, raíz de los abusos de poder de  caudillos y caudillejos. Restaurar el derecho de la ciudadanía a presentar candidatos por suscripción popular; evitar la elección del presidente con el bajo porcentaje actual y mucho menos con el 38 por ciento con que ganó Ortega, sino con la mitad más uno de los votos.

Esas y otras reformas planteadas por políticos e intelectuales, y aceptadas por la fórmula de la Alianza-PLI, no están pegadas al cielo de las ilusiones, pero es obvio que sólo son alcanzables con un gobierno honrado.  Pese a su aparente simpleza, son reformas básicas y por eso son temidas por el oficialismo y los seudo opositores, quienes han hecho del Estado su mayor fuente de enriquecimiento ilícito y punto de apoyo para otras de sus actividades comerciales, porque saben que son imprescindibles para liberar al Estado de su parasitismo y para liberar recursos económicos.

La complejidad de los problemas políticos, económicos y sociales de nuestro país, no llegaron a tener la gravedad que tienen por accidente, sino por una práctica corrupta permanente y sistemática con muchos años de duración. Pero, por el interés de los sectores dominantes y parasitarios que buscan perennizar el sistema, han hecho creer que sus soluciones están en sus proyectos, y gracias a la religiosidad que manipulan.  Un gobierno libre los robos y de las ataduras a los intereses creados de los Ortega-Murillo y los Alemán Lacayo, puede probar que las soluciones comenzarían con las medidas prácticas sensatas mencionadas y, sobre todo, con la honradez de la que carecen el gobierno y sus aliados a través del Pacto.  

Estamos a punto de poder comenzar a buscar las soluciones el 6 de noviembre, o de seguir descendiendo hacia otra dictadura.