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La prisión preventiva es una figura jurídico penal muy controversial. Polémica doctrinaria que se aviva en nuestro sistema jurídico, con el proceso penal abierto en  contra del Coronel ® Víctor Boitano Coleman; y que, como tal es digna de ser analizada, pues  a través de ella se priva de la libertad a una persona que según el Derecho debe ser considerada inocente. En este sentido un sector la considera excesiva y atentatoria contra un procedimiento penal acorde con el Estado de Derecho; mientras otro sector la invoca en favor de una administración de justicia eficiente.
Nuestro Código Procesal Penal recoge esta figura, en sentido estricto, como una excepción que tiende a evitar que el responsable de un hecho delictivo eluda la acción de la justicia, aprovechando el estado de inocencia de que goza durante el proceso. Sin embargo, a pesar de que el Art. 173CPP., plantea esa excepción en base a la concurrencia de tres circunstancias claramente detalladas ─excluye delitos establecidos en el Art. 36 de la ley 735 referidos al crimen organizado, y otros delitos graves─, en ciertas ocasiones los judiciales le dan una inadecuada interpretación y aplicación, lo que no contribuye a fortalecer la paz social y la confianza en el derecho.
No cabe duda, que un sujeto sometido a un proceso penal pasa a formar parte de una categoría distinta de ciudadanos, para quienes los derechos fundamentales no tienen vigencia plena, en pro de salvaguardar intereses sociales de mayor valor, y por ello, tanto la Constitución Política como el Código Procesal Penal y las Convención Internacionales de Derechos Humanos, establecen los casos en que puede restringirse el disfrute de la libertad y la forma en que debe hacerse como supuestos de excepción: hecho punible grave, suficientes elementos de convicción, presunción de que el imputado no se someterá al proceso evadiendo la justicia, o que obstaculizará en el curso de la investigación, o exista peligro concreto de que cometa graves delitos contra personas, el orden constitucional o de criminalidad organizada.
Ahora bien, en el caso específico del Coronel ® Boitano cabe preguntarse si la medida de prisión preventiva le fue aplicada de conformidad con nuestra legislación y las Convenciones Internacionales en materia procesal y de Derechos Humanos. Es decir, si existió la voluntad de matar o lesionar a la víctima, o si el hecho grave fue producto de la imprudencia temeraria, o de una riña tumultuaria “como se reflejó en un primer momento, siendo otros los acusados”, si las pruebas identifican una relación de causalidad entre la acción y el resultado, y la imputación objetiva de dicho resultado a Boitano como presupuesto mínimo para exigirle la responsabilidad por el resultado producido: La invalidez de la víctima.
A las pruebas testificales directas o indiciarias hay que agregar la pistola o revólver, el informe pericial que demuestra que el calibre del arma de Boitano se corresponde con la de las balas sustraídas del cuerpo de la víctima, todo ello como una muestra de la existencia de suficientes elementos de convicción. Asimismo se debió fundamentar la posible evasión de la justicia, la intención de obstaculizar el proceso y el grado de peligrosidad criminal del imputado. De no ser así la defensa, en la Audiencia Inicial, deberá solicitar al judicial la aplicación de una medida cautelar idónea: personal o real.
En conclusión, debe destacarse que mientras no haya sentencia, el imputado es jurídicamente un inocente, y que la prisión preventiva sólo puede cumplir una función de aseguramiento del proceso, siendo la misma conforme a Derecho, para evitar que la presión sin condena se convierta en una verdadera pena.

*Abogado y Sociólogo.