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Supongamos que Marta es una joven campesina, que tiene un embarazo ectópico. Si no se opera para sacar el embrión, este va a seguir creciendo hasta llegar el momento en que romperá los tejidos adyacentes y producirá una hemorragia interna cuya evolución  natural es terminar con la vida de Marta y, por ende, también del embrión. Por sentido común, ya que no se pueden salvar la vida del embrión, hay que actuar para salvar por lo menos la vida de Marta. Se debe tener presente que la doctrina católica permite el aborto en circunstancias parecidas a esta. Le llaman “aborto indirecto”, porque el fin perseguido no es matar al embrión o feto, sino que esta muerte ocurre de una manera colateral, en el intento por salvar la vida de la mujer. Es más, de la  lectura del catecismo, se puede deducir que un médico católico puede ver como una obligación intervenir cuando se presentan circunstancias como la que enfrenta Marta, en vista de que “La ley moral prohíbe…negar la asistencia a una persona en peligro”.

(Catecismo, art. 2269).
Por las razones antes expuestas, 99.4% de la población mundial viven en países donde el aborto es permitido para salvar la vida de la mujer. En nuestro país, la generalidad de las encuestas, incluidas las realizadas por los dos diarios más importantes del país cuando se debatía la reforma al Código Penal, muestran que casi la totalidad de los médicos y una clara mayoría de la población nicaragüense están de acuerdo con que se permita el aborto cuando es necesario para salvar la vida de las embarazadas.

Ahora que estamos en campaña electoral, los candidatos están llamados, en primer lugar, a tomar el asunto con seriedad y mucha responsabilidad. Considero que debieran comprometerse a legislar y promover políticas públicas encaminadas a dos fines: preservar el mayor número posible de vidas y reducir el número de abortos provocados. Como complemento de lo anterior, debieran comprometerse a tomar decisiones basadas, no en emociones ni en apariencias, sino en información científica. Esto significa, disposición a escuchar esta vez los argumentos de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, de las Facultades de Medicina, de la Organización Mundial de la Salud, que de manera clara y enfática hemos señalado la necesidad de preservar el aborto terapéutico. No se puede seguir con una situación dual en que el gobierno orienta a los médicos a actuar bajo las normas del Ministerio de Salud, que indican el aborto o interrupción del embarazo ante determinadas circunstancias, mientras la Ley lo prohíbe. Lo más sensato es revisar la Ley. Deben escuchar nuestro planteamiento de que la abolición del aborto terapéutico atenta principalmente contra las mujeres pobres de este país, puesto que las que tienen dinero, si hay necesidad, salvan sus vidas tomando un avión para ir a que se lo practiquen en un país donde es permitido.

Nuestras autoridades eclesiásticas debieran estar persuadidas de que su preocupación de que bajo la figura de aborto terapéutico se practiquen abortos que no son estrictamente para salvar la vida de las mujeres, tiene solución pidiendo que la Ley proporcione una definición clara del mismo; o evitar este término, si resulta confuso.

Pero además, a los candidatos de los diferentes partidos y a nuestras autoridades eclesiásticas, les renovamos nuestra disposición a examinar en conjunto experiencia acumulada en diferentes países, que muestra que cuanto más restrictivas las leyes, más vidas se pierden, y que para conseguir que disminuya el número de abortos provocados resulta mucho más efectivo promover la planificación familiar, que ofrecer cárcel a las mujeres. Encarecidamente les instamos a evitar tratar de ganar votos a costa de poner en peligro la vida de las mujeres.

*Departamento de Salud Pública, UNAN-León