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IDEUCA

Los períodos de elecciones en el país son necesarios, pero poco o nada aprovechados por la clase política. Sus intereses suelen ser difusos, confusos y nada responsables. En oportunidades como estas elecciones, deben aflorar visiones y acciones coherentes y consecuentes con las urgencias que presenta la educación.

Son muchos años de postración en educación, mientras ella debiera figurar como eje dinamizador de la lucha contra la pobreza y por el desarrollo del país. Ello reclama de toda la ciudadanía, valentía e iniciativa necesarias, para demandar a los partidos, honestidad y clarividencia suficientes. La educación tiene prisa y reclama, incesantemente, que los programas de gobierno respondan integral y compasivamente al país. En perspectiva, vemos promesas de campaña de buenas intenciones, ingenuas, románticas, utópicas y falta de realismo y visión sistémica.

Los tiempos se han agotado, el país merece surgir, las relaciones globales lo demandan. Es hora que la educación pueda dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución del país.

Las reformas educativas emprendidas en nuestra historia, han configurado nuevas formas de exclusión educativa. Los escenarios de carencias y privaciones educativas han puesto en riesgo, condiciones sociales básicas, necesarias para llevar adelante prácticas educativas de calidad.

Tal realidad exige cambios desde una perspectiva de equidad, empeñada en la igualdad de oportunidades educativas, hacia otra que debe poner el acento en la igualdad de los logros educativos y la necesidad de activar estrategias pedagógicas e institucionales diversas y contextualizadas para alcanzarlo. Esto demanda examen profundo de cuáles son las condiciones que deben coadyuvar a que la niñez y adolescencia logren acceder a una educación de calidad. La posibilidad de tener éxito educativo radica en que, tales condiciones pedagógicas e institucionales, se articulen debidamente con las características sociales y culturales de las comunidades.

Frente a acciones bien intencionadas, la institución educativa vive hoy una profunda crisis, fruto de enormes demandas que el país y el mundo global plantean, mientras la educación dista de responder a ellas, permaneciendo enquistada, mirándose a sí misma y no  a la pobreza y desarrollo del país. Nuestra historia educativa y electoral se ha empeñado en configurar escenarios más difíciles, obstaculizando una educación de calidad. Esta brecha entre la situación actual y el futuro imaginado en metas, como la universalización del acceso al conocimiento para todos, debe configurar el espacio apropiado de ubicación de la programática educativa electoral.

Lo que aún estas propuestas de campaña no parecen comprender es que, garantizar la  equidad en el acceso al conocimiento, trasciende los alcances de las políticas educativas. La educación se debe constituir en objeto de las políticas públicas en su conjunto. Lograr la meta de una educación de calidad para todos, debe invitar a convertir la educación en el eje articulador e integrador de los distintos sectores de las políticas sociales y productivas en torno a la educación. Requerimos que los planes de gobierno transiten, desde políticas sectoriales, hacia políticas integradas en torno a la educación. Investigaciones interdisciplinarias del país y la región confirman esta urgencia.

Es necesario que la equidad o igualdad fundamental que estructure todas las acciones de  política, exijan la igualdad en los resultados educativos para todos. Que el conjunto de conocimientos y competencias fundamentales y necesarias, sean alcanzados por la totalidad de niños, niñas y adolescentes, independientemente de su origen, situación social, económica y cultural.

Es preciso pasar de una mirada sectorial de la política educativa a una aproximación integral y transversal de la política social, económica y productiva.

Ello remite a la necesidad de privilegiar el espacio local como espacio de esta integración. Demanda, por tanto, preguntar si las políticas contribuyen a generar capacidades, apoyos y recursos en este nivel. Demandar mayor protagonismo y responsabilidad local en las políticas, supone proveer los recursos y apoyos necesarios para tal desafío. Se requiere instalar la mirada en el modo como este espacio local se articula con el centro educativo y con instancias superiores que garanticen el fortalecimiento, cohesión y capacidad distributiva.

El país cuenta con escasos antecedentes sanos y exitosos en este desarrollo de estrategias integradas en el espacio local, por lo que es necesario escrutar la historia institucional del país y el rol que ha desempeñado el Estado en ello, para poder comprender la configuración desde la cual esa articulación es posible. Esto pone de relieve la relevancia que adquieren las características del contexto en el que se educa.

Lo anterior demanda superar el pacto entre escuela y familia que subyace  en las prácticas educativas. La familia siente mayores dificultades económicas que le impide aprovechar la acción educativa y cumplir con sus obligaciones; en contraste, cada vez más la escuela se siente forzada a incorporar funciones de índole social que alteran su lógica institucional, en detrimento de su capacidad de enseñar. Esto alude a la necesidad de que los planes de gobierno logren desarrollar mecanismos que fortalezcan a las familias, en su capacidad de garantizar las condiciones para que sus hijos accedan a la educación. Esto exige redefinir los términos del pacto, redistribuyendo responsabilidades, lo que hace necesario repensar este pacto incorporando más actores que hagan posibles prácticas educativas exitosas.