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El cúmulo de aberraciones jurídicas –que comienza con la candidatura de Daniel Ortega— junto a todo tipo de abusos y arbitrariedades, dio por resultado un fraude que, no por previsto, ha dejado de restallar contra las aspiraciones democráticas de una mayoría de nicaragüenses.  El fraude, previsto y denunciado desde antes que se iniciara el proceso electoral, tuvo su concreción el recién pasado domingo.

Con esta forma delictiva de lograr una espuria “victoria” electoral, se abre un nuevo espacio histórico a los inveterados conflictos políticos que por más de un siglo no han permitido al país, la estabilidad necesaria para su desarrollo material y humano. Desarrollo saboteado por las ambiciones desmedidas de individuos, clases y grupos políticos sin escrúpulos, todo lo cual, esta vez, también agrega el sello de la ignominia sobre la sociedad nicaragüense, al obligarla –prácticamente— a canjear limitadas reformas sociales por sus libertades democráticas.

Ese espíritu malo de la campaña electoral orteguista, aunque en sus aspectos prácticos no se cansaron de expresarlo de las formas más obvias, ha sido la manipulación de la juventud y de la religiosidad del pueblo. Desde el coloniaje español, la religión no había sido, como es hoy, el instrumento ideológico más rentable para una clase dominante.  La “bendición de Dios” --¡y de “la virgen santísima”!—  la ha utilizado la dominación clasista interna, siempre combinada con la extranjera, como una patente de corso para el saqueo y su impunidad.

No obstante, el robo de esta elección no ocurrirá sin ningún costo político para el orteguismo. Después de su desprestigio local, será mayor en lo internacional. Estuvo claro que cuando Ortega, en la última etapa del proceso electoral, accedió a una observación extranjera parcial, fue porque consideró que a esas alturas ya había logrado consolidar su dominio de la escena pública nacional, como para poner a funcionar su maquinaria fraudulenta sin correr ningún riesgo.

Pero Ortega no contó con dos imponderables; en primer término, lo que hemos llamado la sorpresa Gadea mantilla, y en segundo, la seriedad y eficiencia de la observación europea, demostradas desde sus primeros días de actividades, como advertencia de que no venía a hacer turismo político. Y si bien sus personeros han sido ponderados en sus opiniones, no esperaron que se consumaran las aberraciones jurídicas y las maniobras políticas del gobierno para hablar de ellas públicamente, e insinuar que tendrían sus consecuencias en el acto final del domingo recién pasado.

Eso ocurrió así, porque las irregularidades que ellos vieron y de las cuales hablaron, eran solo las estelas de todas las maniobras, las trampas e ilegalidades iniciadas desde cinco años atrás. Los descontentos e incidentes ocurridos en varios municipios por el escamoteo de los documentos de identidad, pese a la represión policial, no dejaron de manifestarse.  

Algunos de esos hechos los pudieron ver los europeos, y los otros de los cuales no pudieron ser testigos visuales, el gobierno quiso que los “vieran” a través de los ojos culpables de Roberto Rivas y demás magistrados de cargos vencidos, y mintieron: querían que los vieran como actos de agitación de la Alianza-PLI, para romper la “paz” del proceso.  Pero estaba claro:  el oficialismo aplicó una política discriminatoria contra los opositores, negándoles las cédulas, al mismo tiempo que los del partido oficial no solo las recibían con suma facilidad, sino que también actuaron como agentes extra oficiales del Consejo Electoral en la entrega de cédulas a sus partidarios. Con lo que causaron mayor daño, fue el escamoteo de las credenciales a los fiscales de la Alianza-PLI y la falta de respeto en las JRV a quienes pudieron obtenerlas.

Cosas como esas, no pudieron ocultarlas, no hubo forma de hacerlo, ante la observación europea. Pero no fueron los únicos casos. La integración ilegal del Consejo Electoral, fue como el motor del aparato orteguista. Además de que los magistrados son ahijados del pacto Ortega-Alemán, los llamados “liberales” actúan como mercenarios del partido oficial. De ahí hacia abajo la estructura orgánica del Consejo –principalmente, las Juntas Receptoras de Votos— están copadas por los orteguistas, y los que oficialmente no lo son, están al servicio del gobierno. Toda la pirámide con Consejo Electoral es de una ilegitimidad absoluta.  

Con solo estos tres aspectos de la estructura de la maquinaria del fraude, es más que suficiente para considerar que Ortega será un mandatario ilegítimo, y no hay mecanismo legal ni político que pudiera cambiarle esa condición.  En el momento que redactamos este comentario, es aún temprano, para tener una cabal visión de todas las irregularidades de la votación de anteayer, y aún más larga está la definición del conflicto que acaba de nacer entre la ilegalidad y el derecho.

Lo que ya parece no tendrá vuelta de hoja, es el hecho de que el espectro político nacional ha comenzado a cambiar. Sea que el robo de los votos y la burla a la voluntad popular fueren consumados, o si hubiera una rectificación forzada por la reacción popular, la sorpresa Gadea Mantilla tiene ya un resultado: ha desplazado al arnoldismo –principal socio y cómplice de Ortega—  y lo ha lanzado a un rincón, de donde solo tendrá salida hacia la extinción.

Queda por verse, si el fenómeno Alianza-PLI- Gadea lo aprovecharán  para estructurar un nuevo tipo de oposición. Lo que ya no admite discusión, como fuere que Ortega logre imponerse, es que nunca será un presidente legítimo.