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Setenta y dos horas después de las elecciones del 6 de noviembre, y pese a que el Consejo Supremo Electoral ha proclamado ganadores a Daniel Ortega y al FSLN, por un margen de 30 puntos por encima de Fabio Gadea y la alianza PLI, el debate nacional sigue girando en torno a la legitimidad del resultado electoral. Mucha gente dentro y fuera de Nicaragua, particularmente los votantes opositores que se sienten burlados, las organizaciones nacionales de observación electoral, y las cámaras empresariales, quieren saber cuál fue el resultado real de la elección. Si Ortega ganó de verdad, ¿con que margen triunfó y cuál es la cuota de votos de la nueva oposición emergente? Y si el FSLN ganó la elección legislativa, ¿Cuántos diputados le corresponden legítimamente y cuántos se le pretenden arrebatar a la oposición por la vía del fraude?

Estas y muchas otras interrogantes resultan inevitables al término de un proceso electoral que empezó y terminó viciado y carente de transparencia, como ha señalado de forma contundente la misión de observación electoral de la Unión Europea. Comenzando por un árbitro electoral parcializado y acusado de fraude en el 2008; la inscripción de la ilegal candidatura de Ortega; la cedulación partidaria y excluyente; la prohibición de la observación nacional independiente; una cadena de graves irregularidades que culmina con la obstrucción, no acreditación y hasta expulsión de fiscales de la oposición, en un porcentaje estimado en el 20 % de las juntas, en las que el partido de gobierno contó los votos sin ninguna vigilancia.

Miles de ciudadanos que se movilizaron de forma voluntaria han testimoniado de forma espontánea sobre el atropello perpetrado por la maquinaria oficial, y a la postre esta sido una de las  “virtudes” del 6-11, incentivar esta corriente crítica que en medio de la frustración se ha convertido en una gran escuela de concienciación política. Pero la comprobación del fraude depende en última instancia del análisis de las actas en poder de la Alianza PLI  y sobre todo, de la capacidad de su dirigencia para reconstruir, de forma creíble, lo que ocurrió donde no hubo fiscales y documentar la magnitud del fraude. ¿Cuál fue el resultado de la votación en las juntas donde el FSLN contó los votos a sus anchas? ¿Acaso hay un patrón de votación distinto en dos elecciones, una con fiscales y otra sin fiscales opositores? ¿Y si existe este patrón, de qué forma afecta los resultados de la elección legislativa? Este el primer desafío que enfrenta la alianza PLI para consolidar la confianza de sus electores, fiscales y activistas, antes de sentar las bases de una nueva oposición en el país.

En cualquier caso, despejar el fantasma del fraude le debería interesar también a los sectores más pragmáticos del partido de gobierno, porque la percepción de un fraude de gran magnitud amenaza con enterrar toda confianza futura en el sistema electoral. Y en un país con una memoria relativamente reciente de lucha antidictatorial, motivada por el cierre de los espacios democráticos y la cultura del fraude electoral, la reedición de este fenómeno de exclusión política eventualmente puede llevar a legitimar otras formas de lucha, ajenas al campo electoral, para promover la lucha por el poder. En consecuencia, la urgencia de una profunda reforma política electoral debería ocupar la prioridad número uno del país, una vez resueltas las cuentas políticas del 6-11. Pero debería estar claro para todos que sin un poderoso movimiento de presión popular, antes de las elecciones municipales del 2012, no hay ninguna viabilidad para cambiar de raíz las reglas del juego electoral.

El otro desenlace posible es la justificación de la violencia política, o que se profundice la abstención electoral. De hecho, la elección del domingo ya registró un incremento considerable en los niveles de abstención, que debería ser analizado por los expertos en la materia. Los datos preliminares indican que votaron menos electores que hace cinco anos, a pesar del crecimiento demográfico que incrementó la población apta para votar en más de 350 mil personas. Agréguese al factor abstención que favoreció al partido de gobierno, el factor cedulación partidaria que perjudicó a la oposición, y por último el factor fraude, y finalmente tendremos un análisis más objetivo del desenlace electoral. ¿Cuántas personas no votaron por el efecto “cedulación controlada por el FSLN”, porque nunca recibieron su cédula, y al mismo tiempo, cuántas se abstuvieron por falta de confianza en el árbitro electoral?

Irónicamente, Ortega no necesitaba robarse la elección ni hacer fraude para ganar, incluso con un margen considerable. De acuerdo a todas las encuestas previas a la elección, entre el 2010 y el 2011 acumuló una ventaja política clara al captar un porcentaje importante de electores independientes, gracias al impacto de sus políticas de asistencialismo social. Políticas clientelistas, de dudosa sostenibilidad a largo plazo, pero de un impacto político decisivo a corto plazo que le permitieron incrementar el respaldo de su base política hasta llegar a sobrepasar el umbral del 50%. Ese nivel de apoyo se consolida, además, por la falta de alternativas creíbles en la acera de la oposición, tanto en el plano de la lucha democrática para frenar el autoritarismo, como en el plano social, para ofrecerle a los pobres una alternativa de esperanza.

De manera que Ortega tuvo la opción de organizar una elección transparente, pero escogió el camino del fraude, porque bajo su mentalidad autoritaria ni siquiera vale la pena guardar las apariencias ante un sistema democrático que en el fondo rechaza visceralmente y prefiere visualizar como un campo de batalla. Pero, además, porque el método de la intimidación de los electores y el control partidario del aparato electoral, es lo único que por ahora le garantiza la plena seguridad de lograr una mayoría abrumadora. El resultado electoral preliminar coloca a Ortega con una cómoda mayoría calificada en la Asamblea Nacional, listo para hacer cambios constitucionales que siempre han estado en su agenda como la reelección indefinida o la institucionalización del modelo de los CPC.

Por el momento, el surgimiento del FSLN como partido hegemónico está generando un clima de incertidumbre en el país, en tanto la votación legitima el estilo de gobierno autoritario de Ortega, y le permite aducir que tiene un mandato para “profundizar” su proyecto político. Un proyecto de concentración de poder y demolición del estado de derecho y de las instituciones democráticas, ahora con una minoría parlamentaria como contrapeso. Lo que ayer hizo por decreto, o a través de alianzas espurias, mañana podrá hacerlo manipulando la ley y las instituciones a su antojo, contaminando incluso la institucionalidad del ejército y la policía.

El mismo Ortega parece haber advertido esta situación incierta, pues sus  primeras declaraciones después de la elección han estado orientadas a transmitir calma, continuidad y una promesa de diálogo y “consenso” (?). Pero el discurso  de amor y reconciliación, se contradice con la violencia institucional que ha representado este proceso electoral cimentado en el sectarismo y la exclusión del adversario político, llegando al extremo de torcer la voluntad popular. Hay otro tipo de violencia física y cotidiana que también se manifiesta a contrapelo de la demagogia oficial. Ayer, por ejemplo, mientras Ortega proclamaba la paz en nombre de Dios, sus partidarios mortereaban y atacaban con violencia una protesta cívica de la oposición, a la vista y paciencia de la policía.

¿Es compatible el proyecto político de Ortega con la existencia de una genuina oposición democrática? No lo fue en los últimos cinco anos y menos aún podrá serlo ahora, cuando el autoritarismo ha acumulado una aplastante cuota de poder. Pero, a final de cuentas, esto dependerá del tipo de estrategia opositora que surja de la alianza PLI, al abrirse un nuevo escenario político en el país. Ciertamente, al despejarse los obstáculos del pactismo del PLC de Alemán y el zancudismo de ALN y el PC, se crean condiciones más favorables para que surja una oposición democrática. Sin embargo, la oposición primero debería hacer una profunda autocrítica para aprender de sus errores, y de paso abrirse a un relevo generacional de su liderazgo. Fabio Gadea ya cumplió un formidable servicio al país al enterrar al liderazgo pactista del PLC, personificado en Alemán, y ofrecer una plataforma básica para el reencuentro de las fuerzas antipacto. Pero la recuperación de la credibilidad ante los votantes independientes, requerirá de un trabajo de base sistemático a mediano plazo, con nuevos liderazgos en el campo social, un programa y una estrategia de lucha coherente, que de verdad reavive la esperanza entre las mayorías.

Mientras llega el momento de esa oposición, la reelección de Ortega representa un grave peligro para los escasos espacios democráticos de la sociedad civil, que desde los medios de comunicación independientes, las ONG y movimientos sociales, aún ejercen una labor crítica contra el autoritarismo de Ortega. En el radar político del Presidente, los medios y las organizaciones de la sociedad civil representan “el enemigo” a doblegar, y por lo tanto su reelección augura tiempos difíciles para las libertades democráticas, la libertad de prensa y de asociación.