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Entre las múltiples derivaciones del viciado ejercicio electoral del 6 de noviembre, está el saldo dolorosísimo de varios muertos y muchos heridos, civiles y policiales.
Para nosotros, no hay muertos buenos o muertos malos. Sencillamente no debe haber muertos.

Tampoco hay heridos buenos o heridos malos. Sencillamente no debe haber heridos.

Y tampoco, desde luego, hay violencia buena o violencia mala. Sencillamente no debe haber violencia.

Establecido claramente lo anterior, cabe preguntarse: ¿qué está detrás de ese saldo trágico de muertos y heridos?

En primer lugar, cerrar la oportunidad a los nicaragüenses de tener un proceso electoral creíble desde el punto de vista democrático. La contracara de esa negativa es la manifiesta voluntad de Ortega de perpetuarse personal y dinásticamente en el poder. Y como lo demuestra la historia, cuando semejantes pretensiones se tratan de llevar adelante a cualquier costo, la sociedad termina pagando cualquier precio.

En segundo lugar, negar el derecho democrático  a la protesta pacífica que han pretendido ejercer quienes se sienten indignados por la pavorosa cantidad y magnitud de las irregularidades que desde el gobierno y sus simpatizantes se cometieron el día de los comicios.

En tercer lugar, la peligrosísima “reprivatización” del monopolio de la fuerza de parte de las turbas orteguistas, de lo cual hemos venido advirtiendo desde 2008. En los últimos días ese uso de la fuerza no legal ha adquirido proporciones verdaderamente alarmantes, y más aún cuando la misma a veces ha sido ejercida con tolerancia y en algunos casos, como lo vimos en San Juan del Río Coco, con la complicidad de sectores de la Policía Nacional.

Los hechos de la comunidad El Carrizo de San José de Cusmapa, Departamento de Madriz  en que, con un saldo trágico de tres pobres campesinos muertos, aparecieron coludidos dirigentes del partido de gobierno con oficiales de la Policía, es la consecuencia de ese proceso de “reprivatización” del uso de la fuerza, que no se ha atajado a tiempo, como no se atajó en San Juan del Río Coco, y que si se sigue tolerando desde las instituciones del Estado a quienes corresponde el monopolio de la fuerza, nos llevará a extremos que ya parecían desterrados de nuestro paisaje político. Ojalá que la reacción de los mandos policiales, deteniendo e investigando a los involucrados en los hechos de El Carrizo, sea el anticipo de una acción sostenida en esa dirección.

Por otra parte, más de una cuarentena de policías lesionados forma parte de un saldo trágico que no puede atribuirse a un solo sector, como lo pretenden desde el gobierno y, en especial, desde una Fiscalía que en su partidización ve solamente para un lado. Hay en la acción de la Fiscalía, acusando a simpatizantes de la Alianza PLI, una doble manipulación. Por un lado, amedrentar a la oposición; por otro, pretender confrontar a la Policía con la oposición, cuando en la causa de todo está el cierre de los espacios democráticos y el ejercicio autoritario del poder gubernamental, del cual el irregular y a todas luces fraudulento proceso electoral es solamente la más reciente expresión.