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Las elecciones nacionales 2011 en Nicaragua se desarrollaron y culminaron de manera pacífica y en completa libertad este 6 de noviembre, donde el pueblo con una alta participación acudió a las urnas para votar y decidir, dando el voto ampliamente mayoritario del 62% al FSLN y sus candidatos frente al 31% a la alianza PLI, su más cercano perseguidor.

La primera reacción de la oposición de derecha es desconocer los resultados y en consecuencia no reconocer la indiscutible victoria sandinista;  eso se explica por su histórica y esencial vocación anti-democrática como por la estrategia trazada desde el comienzo del proceso electoral que, al saberse derrotada de antemano, diseñó una estrategia y una hoja de ruta discursiva y mediática de deslegitimación de las elecciones, que incluyó hablar y hablar del fraude en toda la campaña.

Bajo ese guión trazado desde el comienzo, que incluía la crónica de un fraude inventado en la mente de los derrotados, era esperable lo que gritaron cuando comprobaron su derrota electoral: fraude.

No hay ningún fundamento para tal fraude: sólo impugnaron 18 de las 12,960 Juntas Receptoras de Votos (JVR) que representa sólo el 0.13% de éstas  y dicen que tuvieron presencia en el 80% de ellas; no conocemos de recursos masivos que fundamenten las anomalías, irregularidades o ilegalidades que supuestamente sucedieron; como no sucedieron no las pueden demostrar ni fundamentar Por tanto, y aunque se presentaron ciertas dificultades en el proceso, ello no es ni minimamente significativo para deslegitimar o desconocer la voluntad popular expresada claramente en las urnas.

La estrategia de deslegitimación también incluyó el ataque persistente a la candidatura del Comandante Daniel Ortega y a la autoridad electoral, lo cual no le dio el resultado esperado y más bien al centrarse en dicho eje descuidaron lo fundamental que era –con  propuestas- ganar la voluntad del electorado.

Otro eje de deslegitimación fue la persistente campaña del supuesto de que las cédulas no estaban aseguradas para una importante parte de la población votante o sobre su supuesto uso político. A parte de algunos problemas organizativos o de deficiencias atribuibles al poder electoral, sabemos que la población contó con su cedula (vieja y nueva) o documento supletorio para votar, y los problemas que existen al respecto no son significativos o tienen causas más profundas (problemas de registro, “dejar todo para última hora”, gente que no la gestiona, etc.), los cuales no dependen necesariamente ni de la autoridad electoral ni de los partidos políticos.

La supuesta falta de cédulas no fue un problema  significativo y los incidentes que sucedieron en unos tres o cuatro municipios,  fueron inducidos políticamente por las fuerzas opositoras, como parte de esa estrategia de deslegitimación,  y son ellos los que le dieron esencialmente el uso político que le atribuían a otros.


Las otras condiciones y garantías de una elección democrática también estuvieron plenamente aseguradas: completa libertad de expresión y de participación, plena libertad de campaña, con participación política pluralista (cinco partidos o alianzas de partidos participantes), con el aseguramiento a todas las fuerzas políticas  de estar en todas las estructuras electorales, en las 12,960 JRV con sus Miembros y Fiscales, quienes fueron los principales observadores del proceso electoral y garantes de su limpieza y respeto a la voluntad popular.

La Alianza PLI dice que el 20% de sus fiscales  no recibieron sus credenciales y que un 10% fue expulsado de las JRV. Hay que señalar que  a todos los partidos de acuerdo a la Ley Electoral se le acreditaron a los Fiscales y con base en las listas que presentaron los partidos o alianzas políticas políticas participantes; pero es sospechoso que la alianza PLI de la lista de 25,920 fiscales (propietarios y suplentes) que debía presentar cada partido o alianza política, incluido ellos, la haya entregado de manera tardía y con una inconsistencia en los datos de más de 18 mil de los enlistados;  eso indica una de las dos cosas o las dos cosas: o mala intensión para echarle la culpa del supuesto rechazo de la acreditación  al poder electoral (la estrategia de deslegitimación) o  es expresión de  incapacidad para reunir o completar una lista de casi 26 mil fiscales.

Sabemos que al PLI se le dio un plazo extraordinario para que entregara una lista consistente y legal de fiscales, entregándosele en tiempo record todas las credenciales. De tal manera que no es cierto que  hubo falta de acreditación para la Alianza PLI; y como las credenciales debían ser distribuidas por cada partido o alianza política, y  ese 20% que dice no recibió su acreditación –si acaso fue así- fue por culpa en este caso del PLI, y ese 10% del que habla fue supuestamente expulsado, no hubo tal expulsión, lo que seguramente sucedió es que por no tener su acreditación (por culpa de su partido o alianza) no lo podía representar legalmente en la JRV y por tanto su permanencia sin acreditación era ilegal  e igualmente caía en ilegalidad si el Presidente de la JRV lo aceptaba que permaneciera en el recinto de votación.

En estas elecciones no hubo fraude. Como lo dijo Luis Yáñez,  Jefe de la Misión de Observadores de la Unión Europea UE), que aunque sabemos de los sesgos e intereses que representa la UE, es categórica su afirmación: “A mí me gusta ser claro. Si la pregunta es: Si el señor Ortega y el Frente han ganado las elecciones o la han perdido, ¿qué es lo que define la famosa palabra fraude…? Para los políticos, fraude es dar por ganador al que ha perdido, y dar por perdedor a quien ha ganado. En ese caso, es indudable que el Frente y el Señor Ortega han ganado las elecciones.” (END, 9 noviembre 2011).

El pueblo votó ampliamente por el FSLN, se debe reconocer y respetar ese resultado democrático, para que con vocación patriótica sigamos avanzando en la construcción de una Nicaragua más  justa y solidaria.

*Profesor Universitario. Cientista Social e Historiador.