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El recién finalizado proceso electoral estuvo plagado de una serie de irregularidades que  debemos denunciar para hacer conciencia en aquellos apáticos y pocos informados ciudadanos nicaragüenses que no han calculado la magnitud del nuevo escenario  político que viviremos a partir del diez de enero del año dos mil doce, fecha en la cual  Daniel Ortega iniciará un nuevo período presidencial. Desde su inicio el proceso  electoral fue nulo, al menos la mayoría de los magistrados que conforman el Consejo  Supremo Electoral se encontraban con sus períodos vencidos; sin embargo, gracias a la  resucitación del párrafo segundo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987 es que esta serie de funcionarios públicos se han mantenido en sus cargos.

La débil actitud de la oposición política nicaragüense aunado a una desilusionada ciudadanía, una complaciente posición del empresariado junto a la bien planificada intensión del FSLN de gobernar “cueste lo que cueste” fueron los factores primarios de  los pronosticados resultados del 6 de noviembre pasado.

El FSLN facilitó al CSE toda su estructura partidaria para poder hacer realidad la nueva  y cuestionada victoria de Daniel Ortega. Una vez convocada las elecciones se diseñó un  sistema de compartimentación al grado tal que cada oficina del poder electoral trabajada  sobre la base de una acción definida sin que la oficina de al lado –que también tenía  roles por cumplir- supiera lo que su oficina vecina estaba realizando. De esa manera,  por ejemplo, la oficina de cedulación ciudadana cumplía con la función de cedular  únicamente a los simpatizantes del FSLN mientras castigan con muerte civil a los que  estaban en la acera de la oposición. Por su parte, la Dirección de Atención a Partidos  Políticos siempre prestos al llamado de sus superiores para guillotinar legalmente a  aquellos que atentaren contra los supremos intereses políticos del partido de gobierno.  Por otro lado la cuestionable conformación de los Consejos Electorales – Departamentales y Municipales- permitió que partidos políticos sin estructura ni  seguidores fueran parte integral de un sistema diseñado científicamente que desembocó  en el recién concluido fraude electoral que permitirá el control absoluto del gobernante  Frente Sandinista en laAsamblea Nacional. Se necesitan de 56 votos para realizar la  reforma total a la Constitución Política. El presidente Ortega contará con 60 leales  diputados que votaran como él les ordene.

La débil y dividida oposición del país por mucho que desee ejercer presión política en la   Asamblea Nacional no lo podrá hacer porque sólo contará la presencia de unos 30  diputados, quienes tendrán unas desolladas voces ante la nueva composición política de  la nación. El FSLN a partir del 12 de enero de 2012 no necesitará negociar con ninguna  otra fuerza política para cumplir con sus objetivos. Con holgados votos en el Congreso  el FSLN podrá transformar a Nicaragua de una república a un reino si así lo deseare.

El equilibrio del poder político es la base fundamental de un sistema democrático, la  falta de ese equilibrio constituye el inició de un régimen absolutista contra el cual se ha  luchado a lo largo de nuestra historia republicana. Al menos desde 1990 hasta  aproximadamente el año 2009 nuestro país convivió junto a ese balance de poder político. Las intrigas palaciegas, la actitud divisionista y desenfrenada ambición de  ciertos grupos o partidos políticos es lo que permitió el actual triunfo del FSLN, por  supuesto que éstos últimos no sólo se confiaron de ese escenario también planificaron  científicamente el fraude al punto de cargar con más de 600 votos las urnas, cuando por  ministerio de ley ninguna junta receptora de votos puede excederse de 400 electores. Tal  es el caso, verbigracia, de la JRV 6314-2 en un centro de votación de Managua donde el  partido de gobierno obtuvo extraordinariamente 689 votos a su favor, es decir, 289  votos por encima de lo legalmente permitido.

Fiscales de organizaciones políticas que no fueron acreditados a favor de los partidos  políticos permitía la indefensión total de los partidos al momento de escrutar los votos;  los miembros de las juntas receptoras de votos que en su mayoría pertenecían al partido  de gobierno. La novedosa figura de los coordinadores de centro de votación que no eran  más que los líderes de los cuestionados consejos del poder ciudadano, organizaciones barriales del FSLN que conocen a la perfección a cada electoral de los cantones. Una  policía que atemorizó al ciudadano. Y otra series de irregularidades que tenían que  disfrazarse para que no fuera tan evidente el fraude.

El CSE y FSLN tenía que legitimar este proceso con la presencia de acompañantes electorales (OEA, UE y otros cuestionables grupos con supuesta experiencia en materia  de observación como el CEELA y el Grupo de Río) es por tal razón que Daniel Ortega  permitió su presencia en el país, justamente para que ellos avalaran un proceso en donde  el mismo presidente de la república sabía con claridad que su candidatura era totalmente  ilegal ya que la reelección continua es constitucionalmente prohibida en nuestro país. Su  candidatura, no obstante, fue el resultado de una oscura sentencia emanada de la Corte   Suprema de Justicia conformada en su mayoría por magistrados sandinistas.

Hoy solo nos queda luchar, y luchar hasta que los corderos se transformen en leones; no  con llamados irresponsables a la violencia que desemboque a una guerra civil entre  hermanos nicaragüenses, tal como ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Ahora que  ha bajado el telón y la farsa terminó dejemos de llorar como niños lo que no defendimos  como hombres. Aún estamos a tiempo. Juntos podemos lograrlo.