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Las debilidades, la falta de transparencia, independencia y ecuanimidad del Consejo Supremo Electoral, han sido puestas de manifiesto en la mayoría de los informes de los organismos de observación electoral nacionales e internacionales, que “acompañaron” las elecciones recién pasadas. Dichos informes señalaron el cúmulo de irregularidades que se dieron en el proceso y que ponen en duda razonable los resultados que hasta el momento ha presentado el CSE.

De la “Declaración preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea” (8 de noviembre, 2011), reproducimos dos conclusiones que nos parecen de gran relevancia: “El proceso electoral de 2011 ha transcurrido hasta la fecha de forma generalmente pacífica, pero ha estado dirigido por un Consejo Electoral muy poco independiente y ecuánime, que no ha cumplido con su deber de transparencia y colaboración con todos los partidos. El doble rasero utilizado en la acreditación de los grupos de observación nacionales, las dificultades experimentadas por la oposición para acreditar a sus fiscales o el poder absoluto en los Centros de Votación (CV) de unos coordinadores nombrados a última hora, una figura no contemplada por la ley y no sujeta a la fiscalización de los partidos, constituyen serias limitaciones a la transparencia y reducen notablemente la capacidad de verificación de fases fundamentales del proceso, incluida la sumatoria de resultados en los centros de cómputo”…

“La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) evaluó positivamente la fase de votación en el 85% de los 559 juntas observadas. No obstante, la MOE UE constata con preocupación que solo el 63% de las juntas observadas merecieron una valoración positiva en la fase de recuento, en algunos casos a causa de decisiones de anulación discriminatorias a favor del FSLN”…

De la “Declaración de la Jefa de la Delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo” (8 de noviembre de 2011), citamos los párrafos siguientes:  “Primero, la inquietud que ha suscitado en la Unión Europea, y a nivel regional, la candidatura misma del Presidente saliente, por tercera vez, y ello en mandato consecutivo, a pesar de la Constitución de Nicaragua”… “La renovación de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, sin pasar por la Asamblea Nacional, y más teniendo en cuenta lo sucedido en las elecciones locales de 2008”… “En concreto, deploramos que se haya decidido privar al pueblo nicaragüense de la presencia de observadores nacionales que lo habían solicitado, limitando las acreditaciones a aquellas organizaciones que le son afines”…

Como suele ocurrir, la Misión de Observadores de la OEA dará a conocer su informe en las próximas dos semanas. Hasta ahora (lunes 14 de noviembre), solo conocemos lo que dijo el jefe de la misión sobre las dificultades que tuvieron sus observadores para estar presentes, en el momento de la apertura de las Juntas Receptoras de Votos, en el 20% de las 52 Juntas estadísticamente seleccionadas para la observación.

La presencia de los observadores “se normalizó en el transcurso del día”, según un comunicado de prensa posterior de la Misión de la OEA. Lo cierto es que en 10 juntas de las cuidadosamente seleccionadas, sus observadores no estuvieron presentes en el momento clave de la apertura.

El Centro Carter, aunque no envió una misión oficial, estuvo presente por medio de expertos que en forma global lamentaron “la erosión de sus instituciones democráticas” que ha sufrido el país. Además, advirtieron sobre “deficiencias significativas” en el proceso electoral.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLad, sumó sus voces a las denuncias de irregularidades. Consideró la RedLad que el proceso estuvo viciado desde su origen y exigió la nulidad de las elecciones y el cambio inmediato de las autoridades electorales.

Entre los organismos nacionales que realizaron observación electoral, pese a que el CSE sin aducir argumentos válidos se negó a acreditarlos, tenemos al Ipade, que en su informe preliminar señaló siete medidas anómalas, previas al inicio de los comicios. Ya el día de las elecciones, la red de observación del Ipade pudo constatar, entre otras irregularidades las siguientes: “No acreditación y expulsión de fiscales. En un 20% de las JRV de la muestra de Ipade no hubo presencia de fiscales de la alianza PLI y PLC por falta de acreditación o por negarles el acceso a las JRV por defectos en su credencial. Omisión de medidas de control en la administración de la votación en JRV que debilitaron la seguridad y transparencia del mismo. Existencia de un coordinador de CV como autoridad sobre los Presidentes de las JRV. No se estableció conteo de boletas usadas y no usadas al cierre del escrutinio. No se estableció control sobre votos depositados. Se estableció de forma predeterminada un código de seguridad para las boletas electorales en las JRV.

Se permitió que personas que no aparecían en el Padrón Electoral y que portando cédula o documento supletorio con dirección que no correspondía a esa circunscripción votaran”… “Ipade considera que la autoridad que preside el CSE ha demostrado ineficiencia en crear las condiciones para una elección libre y justa para todos los actores y un sesgo que limita severamente su imparcialidad”.

A su vez, “Ética y Transparencia” en su “Valoración técnica preliminar” en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales referentes a la participación ciudadana, campaña electora limpia y garantías del sufragio, llegó a la conclusión que el proceso electoral no cumplió los requisitos mínimos universales en 11 de los 13 indicadores en estos tres aspectos fundamentales.  “Hagamos Democracia” en su tercer informe consolidado, detalló numerosas irregularidades denunciadas por la ciudadanía y comprobadas por el voluntariado de dicha organización. En su informe destacan lo siguiente: “Una constante en las anomalías que empañaron el proceso son: No acreditación de fiscales y expulsión de los que estaban formalmente acreditados. Integración de Juntas Receptoras de Votos en más del 60% de las JRV, con miembros de un solo partido, violentando la pluralidad establecida en la Ley. No se contaron las boletas en el momento de la constitución y apertura de la JRV. Intimidación a los votantes para impedir el derecho al sufragio. Escrutinio realizado con la fiscalía de un único partido”.

Según este organismo estas anomalías “trastocan el sentido justo de estos comicios y cuestionan la legitimidad de sus resultados”.

Los organismos empresariales Cosep y Ancham, también opinaron sobre el proceso electoral y denunciaron su falta de transparencia. El Cosep demandó presentar los resultados junta por junta y el cambio de todos los magistrados del CSE. Ancham demandó aplicar el artículo 168 de la Ley Electoral, que contempla la posibilidad de declarar la nulidad de las elecciones. Varios organismos de la sociedad civil, entre ellos el Movimiento por Nicaragua, la Coordinadora Civil, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Movimiento Nicaragüita y varias agrupaciones juveniles como N2.0, acordaron en un pronunciamiento no reconocer los resultados de las elecciones nacionales y demandaron la realización de “un nuevo proceso electoral en condiciones de libertad y transparencia, dirigido por funcionarios honestos y respetuosos de la Constitución y con Observadores Electorales Nacionales e Internacionales acreditados en tiempo y forma”.

No citamos los informes de otros organismos por su evidente inclinación partidaria o sus vínculos con el CSE.