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El cuatro de diciembre de 2008 escribí un artículo, en el que expresaba mucho de lo que se esta hablando y discutiendo en estos días y afirmaba, refiriéndome a las elecciones municipales de ese año, literalmente sobre las “irregularidades en la entrega de cédulas de identidad; la falta de acreditación de observadores imparciales tanto nacionales como extranjeros; la falta de acreditaciones de miembros en las Juntas Receptoras de Votos”, entre otras anomalías.

Añadía que “para los principales partidos políticos estas elecciones (las municipales) fueron consideradas una especie de referéndum. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), estrenó su concepto de los Comité de Poder Ciudadano (CPC) y su llamado socialismo del siglo XXI, y por supuesto el prestigio y el poder de la Primera Dama Rosario Murillo, Secretaria de Comunicación Social y Participación Ciudadana y responsable de la campaña electoral municipal...los resultados hasta ahora han fortalecido su liderazgo y poder entre las estructuras orteguistas”.

“El FSLN necesitaba salir fortalecido para negociar unas próximas reformas electorales, un secreto a voces que le permitiría al Presidente Ortega la reelección indefinida”, afirmaba en ese momento,  “entre otras medidas que conducirían a una mayor concentración de poder del partido en el gobierno”.

“El proyecto al que aspiran algunos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de crear un Consejo Supremo Electoral creíble y garante de unas elecciones limpias y transparentes para los próximos comicios electorales de 2011, es extremadamente difícil. Para realizar este cambio se debe contar con los dos partidos mayoritarios dentro de la Asamblea Nacional y ambos partidos tienen intereses divergentes, el orteguismo no tiene la más mínima intención de cambiar el estatus quo dentro de esa institución del Estado, la que le favorece ampliamente. La maquinaria electoral del partido de gobierno busca ganar las elecciones de 2011 de cualquier manera, aunque éstas sean una repetición de las municipales de 2008, con lo cual se aseguraría no sólo la continuidad de Ortega en el poder, sino también ampliaría significativamente la cantidad de diputados con los que contaría la bancada sandinista, hasta lograr una mayoría calificada. Esto les permitiría controlar de una forma total el único poder del Estado que no está totalmente sometido a su área de influencia, para de esa forma modificar de una manera legal y legítima la Constitución, aunque la elección quedara en entredicho”, era parte esencial de ese artículo.

Después de estas elecciones presidenciales de 2011 me atrevería a decir que las irregularidades y demás anomalías que presentó el proceso electoral, el triunfo del FSLN es claro, sus programas sociales, muchos de ellos catalogados de populistas, tuvieron su efecto en los votantes. Una entrevista de CID Gallup, publicada días antes del seis de noviembre, indicaba que un 62% de los nicaragüenses consideraban que estaban mejor este año con respecto al año anterior, sin embargo, creo las cifras están un poco infladas hacia el sandinismo y disminuidas hacia el PLI. Creo que un 56-57% para el sandinismo era más cercano a la realidad y un 34-35% para el PLI, otros afirman que el margen es menor, sin embargo no tomaron riesgos.

Ahora escuchamos las mismas voces pidiendo lo mismo, el cambio del Consejo Supremo Electoral para garantizar la transparencia de las elecciones municipales de 2012. Si la Asamblea Nacional saliente fue incapaz de hacerlo, cuando tenía cierta capacidad de negociación, ahora con una mayoría calificada, la bancada del FSLN no necesita negociar con nadie para nombrar a ningún funcionario de los otros poderes del Estado con término vencido o sea todos los funcionarios del Consejo Supremo Electoral, Contraloría, Procuraduría de Derechos Humanos y una parte de la Corte Suprema de Justicia.

Hace tres años afirmaba que “la expiración del período para el que fueron electos la casi totalidad de los funcionarios de alto nivel que son nombrados por la Asamblea Nacional...le da al país la oportunidad de elegir, sino a personas idóneas, por lo menos a funcionarios menos comprometidos con los partidos políticos dominantes. Sin embargo, todo depende de la actitud que tomen el FSLN y el PLC”. Jamás hicieron uso de esa oportunidad.

“El FSLN...prefiere la situación a como se encuentra, sobre todo una vez resuelto el problema de la reelección continua del Presidente Ortega, todavía sin ser aceptada por algunos partidos políticos. Su mayor preocupación radica en ampliar el número de diputados con los que cuenta para las elecciones de 2011...El PLC juega un papel fundamental en cualquier cambio institucional, sobre todo porque es el único partido elector dentro de la Asamblea Nacional”, esta capacidad de negociación que tenía el PLC fue aplastada en las elecciones de 2011 y el partido del segundo lugar, según los resultados dados por el CSE a la alianza PLI, solitaria en la oposición, no tiene la fuerza negociadora con la que contó el PLC en su momento.

El PLC pudo haber jugado un papel fundamental en cualquier cambio institucional, sobre todo porque era el único partido elector dentro de la Asamblea Nacional. “Sin embargo”, afirmaba en diciembre de 2008, “su mayor debilidad viene del interior, de las lealtades dispersas y poco confiables...por otro lado, creo que no estarían dispuestos a dar parte de su importante cuota en los poderes del Estado a sus aliados, lo que debilitaría cualquier alianza electoral, de haber alguna”. Este interminable pleito y roces entre las fuerzas políticas de oposición desde el 2008 al 2011 fue una piedra en el camino en la búsqueda de mejorar el funcionamiento del CSE. Ellos son co responsables de lo que sucede hoy.

Tener mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional tiene grandes ventajas, como las que se miran venir de forma inmediata: el nombramiento o reelección de los funcionarios con término vencido, una posible reforma constitucional que le dé un mayor grado de legitimidad a un proceso que desde el inicio arrancó viciado, pero por otro lado serán los únicos responsables de pasar leyes, como la reforma a la Ley del INSS y la Reforma Fiscal, ambas de vital importancia para continuar en los programas del FMI, pero con un gran costo político frente a la población y sobre todo sobre los seguidores del FSLN. Será el choque entre la retórica socialista, cristiana y solidaria y la realidad neoliberal con la que el gobierno ha venido conduciendo este país desde el 2007.