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Los medios forman parte medular de toda campaña electoral. No puede aceptarse que quienes disponen de mayores recursos económicos y mediáticos, sigan jugando con los dados cargados. Implicaría un enorme retroceso. Uno de los logros más estupendos de la democracia, advierte el chileno José Joaquín Brunner, fue “la construcción de una esfera pública distinta y separada de los intereses privados…En efecto puso fin a la práctica de tratar a la comunidad y al Estado como un asunto privado de un grupo único de notables”. Tampoco olvidemos la experiencia negativa que supuso para Nicaragua, durante un trayecto de su historia, el hecho de que el ciudadano común quedara inhabilitado para optar a cargos públicos si no disponía de suficientes recursos económicos. Predominaba un sentido elitista de la política. Absolutamente excluyente. Los viejos axiomas que él tiene dinero platica y poderoso caballero es don dinero, estaban instalados en el corazón de unas clases sociales que veían como ciudadanos de segunda a quienes no disponían de ningún bien económico.

Basta leer las Constituciones Políticas de 1838 y 1858, para comprobar que solo podían aspirar a la presidencia de la república, senadurías y diputaciones, quienes eran dueños de propiedades, industrias o dinero constante y sonante. Caso contrario sus candidaturas quedaban vedadas. Con justa razón casi todas las legislaciones electorales fijan límites económicos. Perdido el balance mediático las posibilidades cuantitativas pueden traducirse en posibilidades cualitativas. El número de canales en manos de una minoría, atenta contra el libre juego de las ideas, limita y atrasa los procesos de democratización. Los medios han terminado no solo por redefinir las maneras de hacer política, también son actores políticos en un doble sentido. En un sentido lato y en un sentido extensivo. En sentido lato ellos mismos son actores privilegiados y el sentido extensivo, dado que pueden inclinar la balanza a favor de determinado partido o alianzas políticas, tratan de ser cooptados o comprados y en el peor de los casos lograr que terminen hipotecando sus políticas informativas.

Durante solo 12 horas, el FSLN invirtió en propaganda política el 18 de julio de 2011, veintisiete mil seiscientos dólares, ($27,600). Un segundo monitoreo demostró que el jueves 27 de octubre, invirtió treinta y tres mil ciento veintitrés dólares ($33,123.00). ¿La Organización Nicaragüense de Agencias Publicitarias (ONAP), habrá realizado un ejercicio similar que permita conocer cuánto invirtieron cada una de las fuerzas políticas en las elecciones de noviembre? ¿Media-Gurú, que ya antes había monitoreado las inversiones de las fuerzas políticas lo hizo esta vez? Convenía hacerlo por sanidad democrática. Aunque no se requería de un monitoreo a fondo para que la ciudadanía tuviese una aproximación del gasto realizado por el partido en el gobierno durante estas elecciones. Con solo encender el televisor encontraba a cada instante con propaganda a su favor. Nunca como en estas elecciones el FSLN invirtió tantos recursos mediáticos. Si sumamos la inversión publicitaria que realizó en todos los canales televisivos, las cifras resultan apabullantes. A falta de disposiciones que frenen este flujo, nada le impedía hacer o dejar de hacer lo que hizo o dejó de hacer. Esta circunstancia demanda nuevas prescripciones jurídicas.

La riqueza continúa siendo factor clave para ganar las elecciones, sobre todo tomando en cuenta que la televisión concentra la mayoría de recursos financieros que se invierten para obtener votos. Dinero y poder caminan de la mano. La ventaja del FSLN fue contar además con los recursos del Estado y disponer de la chequera puesta en sus manos por la ayuda venezolana. Como en otras ocasiones, el partido gobernante se prevalió de las prerrogativas que ofrece estar a la cabeza del Ejecutivo. Ningún otro poder del Estado dispone de estos recursos. Esta situación otorgó al FSLN otra ventaja ostensible. En regímenes con presidencialismo fuerte, la capacidad de negociación con las otras esferas de poder es cuantiosa. También hay que tomar en consideración que el partido gobernante logró mediante la emisión de decretos, ampliar los plazos a funcionarios de otros poderes del Estado con cargos vencidos. En época electoral los medios y menos televisión pueden funcionar al libre albedrío.

El sentido de justicia y equidad impone reflexionar sobre lo que más conviene al país. Sigo creyendo que estamos en el deber y el derecho de proponer remedios para esta enfermedad que envuelve a la clase política. Una vez saboreadas las mieles del poder nadie quiere apearse del caballo. Los medios juegan un papel determinante. Las elecciones deben ser pautadas con nuevas reglas de juego. Las fuerzas políticas deben participar sin la asfixia y el ahogamiento que provoca la falta de recursos financieros, debido al alto costo de la televisión y a la liviandad con que actuó el Consejo Supremo Electoral. Si las frecuencias radioeléctricas continúan concentrándose en pocas manos, ni se emiten y respetan las normas jurídicas, el desencanto continuará aumentando. El problema tiene doble origen. La enorme asimetría ante la falta de medios que tiene la oposición y la cuantiosidad de  recursos que dispone el partido en el poder. La nueva Ley Electoral debe ser estricta y demanda un relevo de autoridades en el Consejo Supremo Electoral, como lo exigió abiertamente el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Uno de los cambios más profundos en la configuración del mapa televisivo, ha venido a ser la forma que el Comandante Ortega ha orientado la entrega de las frecuencias. El mayor favorecido, Ángel González, se guardó de no intervenir en las elecciones. Los canales 9 y 11 dieron la espalda a un evento que marcaba el futuro del país. Mientras los viejos operadores todavía no ven el sol claro, el desbalance televisivo es manifiesto. ¿Cómo hacer para que los partidos políticos asistan a las elecciones sin las desventajas que supone la concentración televisiva? La única manera de conseguirlo sería mediante un nuevo pacto refundacional. En Nicaragua persiste como un mal endémico la inaplicabilidad de la ley. Algunos me objetarán con cierta sorna que el problema de fondo no consiste en promulgar una nueva Ley Electoral que fije límites en el uso de medios. Esta apreciación continuará prevaleciendo si las instituciones que aplican la ley prosiguen mostrándose enormemente parciales. Si no se restituye la confianza, la credibilidad nunca será restituida. ¿Qué hacer entonces para evitar el naufragio? Todo menos dejarse atrapar por la apatía.

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