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Cuando todavía era un estudiante de Medicina, participé como fiscal en una mesa electoral ubicada en el poblado de San Jacinto, en el municipio de Telica, en elecciones en que Fernando Agüero competía con Anastasio Somoza. Todos los miembros de la mesa eran connotados somocistas del lugar, y la misma estaba ubicada en casa de uno de ellos. Durante las inscripciones y en la votación, fue un pleito permanente para ser admitido y poder permanecer en el local, hasta que llegó el momento del conteo de los votos, cuando apareció un grupo de hombres, incluido el Guardia Nacional que custodiaba  la mesa, que apuntándome con sus fusiles me obligaron a retirarme. Ellos debían contar los votos solos.

El 6 de noviembre pasado, en las elecciones organizadas por el partido en el poder, las juntas receptoras de votos y el Centro de Cómputos en León estaban copados por orteguistas, bien sea como funcionarios del Consejo Supremo Electoral, como policías electorales, como fiscales del Frente Sandinista, pero también como fiscales de algunos de los otros partidos. Fiscales del PLI no pudieron hacer su trabajo, porque no pudieron entrar a los locales, o porque no los dejaron permanecer hasta el final, o porque no pudieron presentar impugnaciones o recursos ante las anomalías observadas, al ser objetos de agresión, como la sufrida por la Lic. Fátima Tuckler en la JRV ubicada en la propia Facultad de Derecho, o de amenazas de agresión de parte de grupos de encapuchados armados de garrotes y bates, que llegaban prontamente a las JRV donde había reclamos, movilizándose en motos y camionetas, como ocurrió en el centro de votación ubicado en la escuela adjunta a la iglesia de San Juan, donde los fiscales tuvieron que saltarse la verja para evitar ser golpeados. Bajo estas circunstancias, han quedado como simples anécdotas, contadas a repetición, que hubo personas votando con fotocopias de cédulas; la negativa de los miembros de JRV a firmar las boletas electorales de personas conocidas como opositoras; personas que no se les manchaba el dedo luego de votar; votos de personas que no estaban en el padrón electoral y que tampoco vivían en el sector; en comarcas de Quezalguaque, orientación de escribir el nombre del votante en la boleta electoral porque de allí se tomarían los nombres de quienes serían beneficiados con láminas de zinc, y como mecanismo para disuadir de votar a los opositores. Si a esto se suma todas las acciones previas al 6 de noviembre, denegando cédulas a opositores, usando escuelas e instituciones para propaganda partidaria y la violación de la Constitución para que el Comandante Ortega corriera como candidato, podemos concluir que en materia electoral, no hay grandes diferencias entre orteguismo y somocismo.

Cuando se han señalado similitudes entre orteguismo y somocismo, un argumento muy usado en contra de esta comparación es que bajo el gobierno de Ortega no ocurren asesinatos de opositores. Sin embargo, este argumento se terminó. En San José de Cusmapa, tres ciudadanos opositores desarmados fueron alevosamente asesinados, y todos los dedos apuntan al jefe de policía, al secretario político del Frente Sandinista y a un miembro del Consejo Electoral Municipal de ese municipio. Lo más grave es que no se puede decir que se trata de un hecho aislado, cuya responsabilidad recae sólo sobre los autores materiales del atentado. Lo milagroso es que no hubiera ocurrido antes, pues desde hace tiempo el orteguismo viene cultivando intolerancia y hasta odio hacia  quien piense diferente de ellos, pero hasta ahora esto se había traducido sólo en golpeados, heridos y fracturados. El orteguismo ha venido induciendo a sus seguidores a ver como enemigos a quienes piensan diferente, hasta convertir la violencia en una política de Estado. La estrenaron en la UNAN-León contra Dora María Téllez, y luego, en esta misma ciudad, en septiembre de 2008, para impedir una marcha, previa a las elecciones municipales. Después la han venido organizando y desarrollando de manera sistemática, ante cada intento de marcha o de cualquier forma de protesta. La violencia física la han complementado con la violencia verbal y el terror, con despidos y amenazas de despidos a los empleados públicos; con amenazas de quitarles sus becas a los estudiantes; mediante el ahogo económico a los periodistas o con terrorismo fiscal a empresarios que se les oponen. De tal manera, la responsabilidad sobre los campesinos muertos recae sobre los que han fomentado la violencia, y sobre quienes con su voto la han avalado.
Toca seguir oponiéndonos a las dictaduras de cualquier nombre y seguir luchando para que algún día en Nicaragua tengamos libertad y progreso moral y social.

*Departamento de Salud Pública, UNAN-León

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