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El proceso electoral recién pasado estuvo plagado de flagrantes violaciones a la Ley Electoral. Y lo más grave es que esas violaciones fueron cometidas principalmente por las propias autoridades del Consejo Supremo Electoral, el organismo encargado, por mandato constitucional, de la organización, dirección y vigilancia de las elecciones.

La responsabilidad que la Constitución Política pone en manos del CSE es muy grande, desde luego que a través de las elecciones se expresa la voluntad popular para elegir a quienes deben gobernarnos. El CSE es el encargado de tomar todas las medidas, con estricto apego a la ley y con la mayor transparencia, para que el pueblo ejerza el poder político por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación (Artículo 2 de la Constitución).

Concluido abruptamente el proceso electoral, con la proclamación anticipada y precipitada de los “electos” por el CSE de facto, cabe preguntarse: ¿Ha sido justo y transparente el recién pasado proceso? ¿Garantizó realmente el CSE las condiciones mínimas de legalidad para que sus resultados se tengan como la expresión de la auténtica voluntad popular?

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) no lo cree así. En su Declaración del 17 de noviembre claramente expresó que “lamenta que la escasa transparencia de las autoridades electorales nicaragüenses señalada en la Declaración Preliminar de la Misión del 8 de noviembre se haya mantenido e incluso agravado durante la sumatoria de resultados en los distintos niveles de la administración electoral y su posterior publicación”.  En esa misma Declaración la MOE-UE deplora que “a diferencia de anteriores procesos, la publicación de los resultados provisionales en la página web del Consejo Supremo Electoral (CSE) haya sido realizada solamente por el Centro de Votación (CV) y no desagregada por JRV. La publicación desagregada de resultados por JRV permite a los partidos y a la ciudadanía cruzar de forma sencilla los datos publicados con los resultados de las actas de las que tienen copia o conocimiento”. La publicación de los resultados por Centro de Votación y no por Juntas Receptoras de Votos, viola flagrantemente el artículo 129 de la Ley Electoral. Además, el CSE violó su propio Calendario Electoral al adelantar al día 11 de noviembre la publicación y notificación a los partidos de los resultados provisionales, cuando esta actividad estaba prevista para al día 22, con lo que limitó considerablemente a los partidos políticos el plazo para la preparación de los recursos de revisión.

Tampoco la Conferencia Episcopal de Nicaragua cree que las elecciones fueron justas y transparentes.

Realizadas las elecciones y ante el cúmulo de irregularidades observadas desde el inicio del proceso, la Conferencia Episcopal, en su Comunicado del día 16 del mes en curso expresó que: “El Consejo Supremo Electoral no ha sido capaz de ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad, actuando con tal transparencia en el escrutinio de los votos que no permitiera ni la más mínima duda acerca del respeto a la voluntad popular en estas elecciones. Esto ha producido lógicamente un fuerte descontento en gran parte de nuestro pueblo en relación con los resultados oficiales, los cuales no ofrecen garantía de reflejar con fidelidad la voluntad popular. De este modo la legitimidad del proceso electoral y el respeto a la voluntad del pueblo han quedado totalmente en entredicho”.

El CSE, durante este proceso, se caracterizó por una constante violación de la Ley Electoral, la que no se respetó en casi todos los aspectos del proceso. No solo fue conducido por magistrados de facto, sino que estos inscribieron una candidatura que abiertamente violaba el artículo 147 de la Constitución Política, violando también el artículo 180 de la Ley Electoral. En la integración de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales así como de las Juntas Receptoras de Votos, no se aplicaron debidamente las disposiciones legales en lo referente a la representación de los partidos políticos participantes en la contienda electoral, pues se dio un evidente predominio del partido de gobierno en el aparato electoral; adopción de una sola boleta electoral para las cuatro elecciones; los fiscales del partido Alianza PLI-UNE fueron acreditados tardíamente y un 20% de ellos no recibió en tiempo sus credenciales y 10% fue expulsado de las Juntas; el código de las boletas electorales no fue elaborado por los miembros de las Juntas sino que estuvo predeterminado por el CSE por medio de un sello; se manchó el dedo pulgar derecho solo en la yema, sin impregnar la base de la uña, como dispone el artículo 118 de la Ley Electoral, etc, etc…

También fue ilegal el nombramiento de un funcionario llamado “Coordinador de Centro”, que no existe en la Ley Electoral y que ejerció una autoridad arbitraria y por encima de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos. La sola presencia de estos Coordinadores, con sospechosa inclinación partidaria, y que no está contemplada en la Ley Electoral con funciones de decidir si se aceptaban o no las credenciales de los fiscales, quien podía votar, aun sin cédula de identidad y sin aparecer en el padrón electoral, es más que suficiente causal para que se declare en entredicho todo el proceso.

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