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Primera Parte

Si bien el poder omnímodo del capitalismo global es ejercido en base a una sola estrategia, ésta posee características específicas en cada país. En Nicaragua, la línea es deslegitimar el proceso electoral. Es por ello que la OEA y la Unión Europea (organismos a los que pertenecen países con sistemas y prácticas electorales que sirven como modelo de injusticia y exclusión política con constituciones heredadas por dictaduras que ni siquiera fingían elecciones, como los casos de Chile y España, pero cuyos procesos electorales no reciben una sola crítica de su parte) han hecho hasta lo imposible (con una inestimable ayuda mediática) por transmitir una imagen negativa de las elecciones en Nicaragua (con una pulcra vehemencia que no exhibieron en las elecciones de 1996, cuando un eventual recuento de votos que demandaba el FSLN tendría que haberse hecho en los cauces pluviales adonde fueron a parar miles de boletas, a pesar de lo cual la UE, la OEA y el Centro Carter consideraron honesta y transparente aquel proceso); pero no han podido evitar reconocer al Comandante Daniel Ortega como legítimo vencedor en la elección presidencial, debido a la abismal diferencia de votos (con una proporción de dos a uno) en un proceso donde tampoco han podido ocultar que en la mayoría de Juntas Receptoras de Votos y en la totalidad del recorrido de las boletas hubo fiscalización de todos los participantes en la contienda; incluso las JRV donde los fiscales del PLI llegaron tarde, no pudiendo entrar solamente a la apertura (en apego a lo que establece la ley), aunque hubo Juntas (una minoría, para nada representativa) a las que no llegaron del todo, lo cual ya no es culpa del FSLN, pero aún en esas había fiscales de las demás fuerzas de derecha que tampoco han reconocido el resultado electoral, aunque una de ellas (el PLC) ridículamente reclame el segundo lugar asignando el tercero al PLI y reconociendo con ello que el primero lo obtuvo el FSLN. Ahora dicen que esos fiscales eran sandinistas infiltrados; seguramente también los del PLI, porque de 12,960 Juntas, apenas 24 fueron impugnadas. En 1996 fueron miles.

La acreditación tardía de ciertos fiscales del PLI (que es presentada por éste para fundamentar su afirmación de que hubo fraude) se debió a que dicho partido cambió los nombres de sus fiscales a última hora, lo cual obligó al Consejo Supremo Electoral, haciendo honor a su nombre, a hacer supremos esfuerzos en un verdadero alarde de flexibilidad, para dar satisfacción a la solicitud presentada por tan malagradecidos usuarios de sus servicios. Pero esto no fue un factor que impidiera la presencia de los fiscales del PLI en la inmensa mayoría de las JRV, algo que no ha podido ser negado por nadie.

El PLI inscribió sus candidatos ante autoridades cuya legitimidad pretendía negar, y su candidato presidencial compitió con uno cuya legalidad también rechazaba, pero que resultó vencedor. Ese cuestionamiento del PLI a la legitimidad de la autoridad electoral y a la legalidad del candidato lo llevaba a descalificar unas elecciones que según se desprende de sus planteamientos, sólo tenían posibilidades de ser limpias si perdía el FSLN, aunque todas las encuestas lo dieran por ganador con amplio margen. El FSLN no pierde la mayoría calificada alcanzada en la elección legislativa ni siquiera aceptando todos los señalamientos específicos de irregularidades hechos sin prueba alguna, en Juntas que no fueron en algunos casos ni siquiera impugnadas (teniendo fiscales el PLI en la mayor parte de ellas), siendo la impugnación de la JRV un requisito legal indispensable para hacer respecto a ella cualquier reclamo.

Es fácilmente verificable el hecho de que al comparar las elecciones presidenciales actuales con las anteriores, el aumento en la cantidad de ciudadanos que acudieron a votar se corresponde proporcionalmente con los índices históricos de crecimiento poblacional en nuestro país, esto sin mencionar la extrema flexibilidad legal que existe en el uso de la cédula para el voto en Nicaragua, siendo válidas para ejercerlo incluso, las que ya están vencidas. El carácter falaz de los señalamientos de la derecha en este sentido en contra del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se comprobó que la inmensa mayoría de quienes se manifestaban en algunas ciudades del país reclamando sus cédulas, ya las tenían.

El cuestionamiento a la legalidad del candidato presidencial del FSLN se basa en los límites a la reelección establecidos en 1995 por una reforma constitucional antijurídica y antidemocrática hecha a espaldas del pueblo por los partidos minoritarios que en un verdadero golpe de Estado institucional, se tomaron la Asamblea Nacional gracias a que la mayor parte de los diputados sandinistas de entonces se habían ido del FSLN. Esta reforma limitaba el derecho fundamental del soberano (es decir, el pueblo) a elegir, sin que éste se expresara al respecto en referéndum o en Asamblea Constituyente, lo cual entraba en choque con lo establecido en sus más elementales principios por la doctrina del derecho constitucional y de la democracia representativa invocada por quienes hoy pretenden ampararse en semejante atropello. Por si fuera poco, ninguno de los partidos a los que pertenecían los reformadores en cuestión, llegó al 1% en las elecciones generales del año siguiente. Por su parte, la prórroga de la vigencia en el período de los magistrados electorales que es cuestionada por la oposición, si bien fue decretada por el Presidente, ello obedeció a que esa misma oposición aún hoy con mayoría parlamentaria, se había negado sistemáticamente a elegir nuevos magistrados una vez vencidos los períodos de sus cargos, en un ya fenecido e inútil intento de chantajear al Poder Ejecutivo con un caos institucional para poder colocar en esos cargos a personas afines a los chantajistas, o colocarse ellos mismos.