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Casi al concluir su período presidencial iniciado el 10 de enero de 2007 –cuyo origen aún  no emigra del terreno de la duda—  y cuando Daniel Ortega se apresta a comenzar otro, contrariando la prohibición constitucional y la voluntad de los electores, se discute si los 26 diputados electos de la Alianza-PLI deben asumir o no sus curules.  Las opiniones opuestas a que asuman, con toda justicia, se basan en el carácter fraudulento de las elecciones, pero al parecer, emanan de espíritus no sosegados aún, a causa del asalto sufrido a fraude armado.

Por supuesto, quienes piensan que los diputados deben asumir sus cargos, igual están justamente ofendidos por el robo de su voto, pero piensan que votar fue un acto de libre voluntad de enfrentar al orteguismo, en el único campo posible en ese momento, y una decisión consciente de que, pese a sus ventajas, podría demostrarse que no era invencible, como en efecto ocurrió.

Abstenerse hubiese sido más cómodo, y hasta gratificante para el ego. Pero con una fuga ante el reto, no se hubiera podido confirmar su maligno propósito, y más bien se le hubiera ayudado a encubrirlo, dado que nunca se hubiera podido conocer la magnitud real del robo, como ahora se conoce y se puede denunciar sin ninguna duda.

Más aún: se puede afirmar con una seguridad casi matemática, que si la Alianza-PLI se hubiese abstenido, Ortega, sin vacilar y feliz, le hubiera regalado el papel “segunda fuerza” electoral a su viejo socio, Arnoldo Alemán. Y, ¿quién podría ahora poner en evidencia ante el mundo el robo de las elecciones?  

La Alianza-PLI podría responder al interés de la mayoría que le votó, con una actitud de lucha firme, mantenerse unida y confirmar su respaldo a Gadea Mantilla, quien, por su parte, igual podría mantener la cohesión con el amplio sector popular que le apoyó en las urnas. El entierro político de Alemán es obra de los votantes de Gadea. De lo contrario, Alemán estaría recibiendo el aliento de su aliado, listo a continuar con su paralelismo, ya no sólo sobre la base del pacto, sino también del fraude. Quienes votaron por Gadea y opinan no asumir las diputaciones, no parecen tener razón para sentirse derrotados, pues sus votos lograron cambiar la correlación de fuerzas políticas, y aún podrían hacer más.  A favor de ir a la Asamblea Nacional, hay un motivo político razonable: quienes tienen muchos motivos para sentirse avergonzados en el parlamento, son los orteguistas. Sólo a ellos les cabe la duda acerca de su legalidad.

La presencia de la Alianza-PLI en la Asamblea no legitimaría nada ni a nadie. Iría a ejercer un derecho que debería ser, cabal y legalmente, para muchos más de 26 diputados. Quienes nunca tendrán seguridad de estar en la Asamblea por derecho propio, serán –por lo menos— los últimos doce diputados, de la nómina lista del oficialismo.

Lo negativo no sería que los diputados de la Alianza PLI sean minoría, sino que no supieran representar dignamente al pueblo que los eligió. También les tocaría ir conscientes de que llegan dotados de una autoridad moral mucho mayor que la de cualquier orteguista.   

La superioridad de la bancada orteguista es nominal, y no se traducirá en mayor capacidad de discusión en el plenario, dado que la mayoría se guía por su obediencia a la consigna, y carece de iniciativas para aportar en las discusiones.

Muchos de esa bancada, sólo están para dar el golpe digital a la computadora. De los 38 miembros de la bancada actual, no fueron más de cinco los que dieron la batalla por el oficialismo. Si al final del período a los 38 orteguistas se le sumaron unos seis, no fue por la habilidad política de ninguno de ellos, sino debido a dos factores igualmente carentes de ética: la corrosiva función del dinero, y el carácter aventurero y oportunista de muchos “opositores”.

Esa actuación mecánica en la cancha orteguista no cambiará, porque serán los mismos, más algunos novatos; y seguirá funcionando  con el voto ciegamente disciplinado.  Quienes deberán cambiar la práctica oportunista de la oposición parlamentaria saliente, son los 26 diputados de la Alianza-PLI, en primer lugar, siendo honestos y fieles al pueblo que les votó.

No hay absoluta seguridad  de que todos los 26 diputados puedan  tener la firmeza y una elevada moral combativa, y tal vez ni la ética suficiente para no optar por el acomodo oportunista. Pero eso no lo garantiza ni el partido político ideológicamente más cohesionado. Se trata de una oportunidad para hacer patente la superioridad política y moral que les exige el hecho de haber recibido el voto mayoritario.

La bancada de la Alianza-PLI iría obligada a demostrarles a sus votantes, que combatirá y denunciará con energía, y practicará una nueva conducta, y restituirá la ética que allí se ha perdido desde hace mucho tiempo. Y podrían hacer mucho de lo que la ciudadanía ha deseado siempre.

Si decidieran asistir a la Asamblea, podrían firmar un compromiso patriótico entre ellos y a los ojos del público, en el sentido de que actuarían como un solo cuerpo y que se retirarían cuando ellos y el comité político, por ejemplo, lo creyeran conveniente cuando se diera alguna mala jugada del orteguismo contra los intereses nacionales y populares. Y en su oportunidad, proponer: 1) la reducción salarial de los diputados; 2) eliminar o reducir al máximo la cuota de 200 galones de gasolina; 3) eliminar los 400 mil córdobas anuales que recibe cada diputado para actividades que no son de su competencia; 4) eliminar cualquier otro privilegio que ofenda a los pobres y corrompa a los diputados.

En otros aspectos: a) no asistir a la toma de posesión oficial; b) no avalar con su presencia ninguna actividad protocolaria ni otra que no sea de trabajo en el plenario y en las comisiones; c) no aceptar viajes al exterior en delegaciones oficiales; d) denunciar el carácter fraudulento del gobierno cada vez que sea posible ante las delegaciones parlamentarias extranjeras.

Eso no sería todo, pero sí lo indispensable para guardar distancia de las viciadas prácticas que en la Asamblea existen.  Siendo minoría no podrán imponerlas, pero sólo proponerlas será una victoria moral, un gesto político depurador y una prueba de sinceridad.  Además, sería un medio para desnudar la hipocresía orteguista, y ofrecería una satisfacción a sus votantes acerca de que tenían razón de haber asumido sus curules.