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El 7 de julio de 2011, Roberto Barreda De León, denunció la desaparición de su esposa. Según él, ella salió a caminar y no regresó. La primera hipótesis apuntaba a un secuestro. Cristina Siekavissa, de 33 años, hija de un reconocido endocrinólogo, es descrita por sus amigas como una mujer de familia dedicada a sus hijos, inteligente, amable, educada, sencilla, servicial y muy católica. Graduada de Administración de Empresas se casó con Barreda De León, con quien tuvo dos niños que ahora tienen 7 y 4 años.

En años recientes, la suegra de Cristina fue Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

La ciudad se llenó de cintas rosadas, sus amigos y familiares, incluyendo el marido y la suegra salieron a la calle demandando el regreso de Cristina, pero conforme pasaron los días, ningún rescate fue solicitado.

El Ministerio Público ordenó inspeccionar la casa de Cristina.  La prueba de luminol mostró rastros de sangre en la habitación.  A partir de ese momento Barreda y los niños desaparecieron. La alerta Keneth-Alba –una Ley aprobada por el Congreso de Guatemala en 2010 para localizar y resguardar a niños sustraídos o desaparecidos- fue activada. El GPS del vehículo de Barreda indicó que la madrugada de la desaparición, estuvo en el oriente del país cerca del Río Motagua.

El rastreo del celular mostró numerosas llamadas esa madrugada.  La jueza a cargo del caso, denunció que una persona del organismo judicial intentó sustraer información del caso.  

Fundación Sobrevivientes, ONG que apoya a víctimas de secuestro y violencia intrafamiliar, averiguó que el marido de Cristina era un hombre violento que la mantenía bajo un control férreo: No podía visitar a su familia y amigas; a menudo le daba 500 quetzales al mes para los gastos.  

Barreda, tenía problemas con los vecinos, una vez le sacó pistola a un policía de Tránsito.  Sobrevivientes y Voces por Cristina –movimiento creado por familiares y amigos de la víctima- denunciaron que era femicidio y que la familia del marido estaba involucrada.  

Aunque en su primera declaración, la empleada doméstica de la casa  no brindó mayor información; la segunda vez -convertida en colaboradora eficaz-, confesó que la última noche la pareja discutió fuertemente y Cristina pidió ayuda a gritos.

Cuando se asomó a la puerta, vio que Cristina yacía muerta en la cama. Afirmó que el cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas y metido en el baúl del carro. Un colchón fue llevado a la casa de la cuñada y luego a la casa de los suegros.  
La doméstica declaró que la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y su hijo la amenazaron y la obligaron a mentir la primera vez que declaró, e hicieron lo mismo con los vecinos.

Cristina Siekavissa fue asesinada a golpes por su marido con un objeto de madera (presuntamente un bate). El cadáver aún no ha sido localizado y los niños permanecen desaparecidos junto al padre, quien tiene orden internacional de captura.

En un hecho sin precedentes, el 20 de octubre de 2011, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia fue arrestada por obstrucción a la justicia y en la audiencia del caso se abstuvo de declarar.  El juez ordenó prisión preventiva y la envió a la cárcel de mujeres.

El informe del PNUD sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, “Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano”, en el capítulo 5, Delitos Silenciados, establece que “…la mayor parte de los femicidios tendría lugar dentro del marco de relaciones íntimas y su autor sería el esposo o el conviviente.

“…El grueso de los femicidios son pues la culminación de una larga historia de relaciones abusivas y controladoras por parte de parejas, exparejas, familiares, pretendientes y acosadores…” “...la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta y casi siempre quien las ha agredido no es un extraño sino el hombre que escogieron para compartir la vida.

Esta tragedia silenciosa, sin embargo, comienza a ver la luz, puesto que en casi todos los países y según todas las fuentes, el número de denuncias está aumentando…”

En Centroamérica, se registran avances con la ratificación de instrumentos internacionales, aprobando leyes nacionales contra el femicidio, contra la trata de personas y contra la violencia intrafamiliar, así como la creación de mecanismos de atención específicos en Policías Nacionales, PDH, OJ, MP.  Sin embargo,  las cifras siguen altísimas: En el 2011, en Guatemala hasta agosto se registraron 497 femicidios; en Honduras hasta marzo, 55;  en El Salvador a septiembre, 442; en Nicaragua hasta mayo, 40. Muchas de las víctimas han sido mutiladas, la mayoría son jóvenes.

La Ley dice que todos somos iguales, pero esto es una verdad a medias, o como decía Orwell: “Unos somos más iguales que otros”.

El asesinato de Cristina Siekavissa devino paradigmático por su clase social, y porque su suegra la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia ha encubierto el delito; pero miles de Cristinas son asesinadas todos los días en diferentes circunstancias.

Ningún Estado puede denominarse democrático con estos asesinatos en la espalda. No queremos que los femicidios solo sean una noticia macabra o una estadística más, por eso es imperante que cuando una mujer denuncie se le escuche y se atienda inmediatamente para prevenir un femicidio.  

Por otro lado, la justicia tiene el gran desafío y la obligación de que estos crímenes no queden impunes y de aplicar la Ley en igualdad de condiciones. Todos tenemos madres, hermanas, hijas, nietas, cuñadas, amigas, vecinas, colegas de trabajo, conocidas. Nos puede pasar a todos. Denunciar a los victimarios, apoyar a las víctimas y exigir justicia es un derecho y una obligación que debemos ejercer sin miedo.  De otra manera, sin lugar a dudas seremos cómplices de estos crímenes.

matiguas@hotmail.com