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El conflicto vital que se presenta cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer, reclama un juicio de ponderación de intereses constitucionalmente orientado. Como es por todos sabido, la Ley No. 603 derogatoria del artículo 165 del antiguo Código Penal y la Ley No. 641 Código Penal, se encuentran ambas recurridas por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Dicho artículo dejaba en manos del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, la decisión última de llevar a cabo la interrupción del embarazo por una exigencia de necesidad terapéutica. Esto podía responder a que el legislador previó que la mujer encontrándose en una situación de urgencia de riesgo vital, o que careciendo de suficiente madurez y facultades, no pudiera comprender el alcance de la situación en que se encontrara. Pero, este requisito al final podía convertirse en una prevalencia de una voluntad ajena sobre la voluntad expresa de una mujer plenamente capaz. Es decir, una intervención médica podía verse impedida por la oposición o falta de consentimiento del progenitor del no nacido, provocando finalmente la muerte de la gestante.

¿No sería esa una forma de sumisión del ser humano que el Estado está obligado a eliminar según el artículo 4 de la Constitución? O ¿una violación de los derechos que toda persona tiene a su libertad individual, a su seguridad y al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica consagrados en el artículo 23 de la Constitución? O ¿no sería una discriminación por motivo de sexo prohibida por el artículo 27 de la Constitución? Si se responde afirmativamente a estas interrogantes se estaría reconociendo que el derogado artículo 165 tenía roces con la Constitución. De modo que, en mi opinión, es totalmente ajustado a la Constitución la derogación de esa norma.

Además, se eliminó la disposición que establecía que la necesidad de practicar un aborto terapéutico debía ser determinada “científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos”. Así, se exigía taxativamente por la norma penal una garantía de comprobación médica que la situación de necesidad terapéutica del aborto efectivamente se daba. Una vez eliminada esa disposición, cabe preguntarse cómo se puede dar la garantía de comprobación médica de que la situación de necesidad terapéutica del aborto efectivamente se da y liberar así de responsabilidad penal a la gestante y demás intervinientes mediante la eximente genérica del estado de necesidad prevista en el artículo 34.5 del Código Penal y consecuentemente el funcionario judicial prescinda de aplicar la pena.

En este mismo medio ha señalado recientemente el Ginecólogo-Obstreta José Delgado, esa comprobación médica viene prevista en las Normas y Protocolos para la Atención de las Complicaciones Obstétricas del Ministerio de Salud de Nicaragua, del 2006. Sin embargo, al ser estas simples disposiciones administrativas, carecen de la seguridad jurídica necesaria de las leyes penales. Estas disposiciones pueden ser modificadas en cualquier momento a criterio del órgano administrativo, suponiendo una vulneración del principio de legalidad penal. Por otra parte, también conlleva una vulneración del principio de separación de poderes del Estado, puesto que la regulación de este conflicto mediante una norma administrativa complementaria, habilita al poder ejecutivo para que instituya o limite prohibiciones penales, lo cual debería estar reservado exclusivamente al Poder Legislativo.

Por todo lo anterior, a la Corte le está impuesto resolver el confusionismo que impera en esta materia mediante la función de control constitucional. Esto es, debe definir si la prohibición absoluta del aborto es compatible o no con los principios y preceptos adoptados en la Constitución. Debe responder y aclarar si el sistema jurídico puede  imponer a las mujeres la obligación de salvar la vida embrionaria o fetal aun a costa de la propia salud o vida de aquéllas.

Las recientes reformas legislativas sobre la materia y los debates que las mismas han  generado, han sumergido al sector médico, judicial y Ministerio Público “en un magma de inseguridad y relativismo”. Pues con el confusionismo y desinformación que impera en Nicaragua alrededor del tema, los miembros del personal sanitario por temor de cometer delito de aborto, en muchos casos, se niegan a brindar asistencia a una gestante que se presente con urgencia de riesgo vital, pudiendo incurrir en una omisión de auxilio prevista en el artículo 160 del vigente Código Penal y castigada con mayor pena que el aborto. Es igualmente común que los padres de una menor, por temor a ser acusados de intentar cometer un delito de aborto, se nieguen a que la menor sea valorada por el personal sanitario en los primeros meses de gestación. Sirva como triste botón de muestra de lo anterior el recientísimo caso de la niña de 12 años originaria de Walpasika, que fue obligada a llevar a término el embarazo comprometiendo su cuerpo y su integridad síquica y poniendo en alto riesgo su vida.

Además, la Corte debe resolver mediante no sólo el conflicto que representa un  embarazo producto de una violación, sino también los conflictos derivados de los comportamientos que mediante el uso de las nuevas tecnologías se pueden realizar y que el nuevo código penal castiga. Así, son los casos de inseminación artificial sin consentimiento o fraudulenta (artículos 188 y 189 del Código penal, respectivamente), la alteración de la estructura vital o el genotipo por manipulación de genes humanos, la experimentación o manipulación con material genético que posibilite la creación de híbridos humanos o la clonación. ¿Puede el sistema jurídico obligar a una mujer llevar a término el embarazo realizado mediante inseminación artificial, o mediante la implantación de un óvulo manipulado genéticamente como producto de una clonación hechos sin consentimiento de aquélla y que incluso este óvulo pueda posibilitar la creación de un híbrido humano?

Por ejemplo, en el caso de una mujer que sin su consentimiento o mediante engaño le es  implantado un óvulo ajeno fecundado in vitro ¿acaso obligarla a llevar a término el embarazo no sería reducirla a un instrumento de experimentación o una máquina de incubación de seres humanos? Ya que, incluso después del parto podría enfrentar un juicio por paternidad de los padres biológicos de la criatura. ¿No sería esto una explotación del ser humano; discriminación por motivos de sexo; sometimiento a torturas,  procedimientos, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohibidos todos por la constitución y los convenios internacionales ratificados por Nicaragua?


El mantenimiento de la prohibición total o la legalización de excepciones de la interrupción del embarazo, es algo que la Corte puede y debe resolver con criterios constitucionales y científicos (médicos, medico legales, bioéticos, genéticos, criminológicos, penales, etc.), al margen de las inclinaciones personales y de las pasiones políticas, religiosas o morales.