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La  carretera de 130 kilómetros que está siendo construida paralela a nuestro Río San Juan por la administración de la actual presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla es una amenaza no solamente para nuestro río, sino también para el bien común de la Tierra y la humanidad.

El proyecto se desarrolla al amparo de un Decreto de Emergencia (36440) que Chinchilla emitió el pasado 21 de febrero y fue publicado en el diario oficial “La Gaceta” de Costa Rica, el 7 de marzo del presente año; en el contexto del diferendo fronterizo con Nicaragua.

Ese decreto permite a varias instancias del Estado del país vecino, incluido el Ministerio de Transportes y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, operar bajo un régimen de excepción, lo que posibilita saltarse una serie de trámites y requisitos de acatamiento obligatorio en otras condiciones, afectando áreas ecológicas y una amplia zona de biodiversidad (Corredor Biológico Mesoamericano) considerada “estratégica” y de enorme importancia no solamente para ambos países (Nicaragua y Costa Rica), sino también para la humanidad.

Actitudes negligentes como estas, han conducido a la necesidad de plantearnos la  Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y la Humanidad, puesto que como dijo Leonardo Boff: “Ya no se trata de otro mundo posible, ahora se trata de otro mundo necesario”; donde haya un cambio en la mentalidad y el corazón de muchos gobernantes (como la presidenta de Costa Rica) y los países poderosos, para lograr forjar una coalición de fuerzas alrededor de valores comunes y principios inspiradores que sirvan de fundamento ético y de estímulo para prácticas que busquen un modo sostenible de vivir, respetando los derechos de la Madre Tierra y la humanidad.

Hans Kelsen,  jurista, filósofo y político austriaco, uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX, autor de la tesis kelseniana, mediante la cual se establece que las normas jurídicas forman un ordenamiento jurídico, expresó que dicho ordenamiento jurídico está caracterizado por normas primarias y secundarias.

La pirámide de Hans Kelsen como se conoce, establece la jerarquización del marco jurídico, cuyo vértice superior lo ocupa la Constitución de la República y en una tercera posición se ubican los tratados y convenios internacionales (entre los países firmantes) por encima de las  leyes de cada país.

Costa Rica, país abanderado de la democracia, firmante de tratados y convenios internacionales, no puede anteponer un instrumento jurídico nacional (decreto), ante los compromisos adquiridos, no solamente frente a Nicaragua, sino frente a todas las naciones de la tierra, en abierta violación a los siguientes tratados y convenios internacionales:

* Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.  Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972.
* Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Bonn, 23 de junio de 1979.
* Carta Mundial de la Naturaleza (28 de octubre, 1982)
* Nuestro Futuro Común (octubre, 1984)
* Convenio de Diversidad Biológica (CBD) (1992)
* Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar)

Con ello queda demostrado que democracia, conservación y medio ambiente, son meramente “saludos a la bandera” que enarbola el país vecino cuando sus intereses así lo demandan y no realmente un llamado a la conciencia de los pueblos o peor aún constituirse en un paradigma de desarrollo como su mercadeo turístico-ecológico lo proclama.

*MSc. en Manejo de Recursos Hídricos