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En mis vastos recorridos por las áreas protegidas de Costa Rica, siempre he expresado mi admiración por el magnífico esfuerzo del pueblo costarricense y de sus autoridades nacionales por transformar uno de los otrora países más degradados ecológicamente de mesoamericana, en uno de los más verdes. Tal metamorfosis ha permitido que en un par de décadas el turismo ecológico se convierta en el pilar fundamental de su economía.

No obstante, la actual Presidenta de Costa Rica no solo empaña hoy esa imagen, sino que le ha infringido gravísimo daño, cuyas consecuencias apenas sospechamos. ¿Qué hubiera pensado la comunidad internacional y los propios brasileños si durante su período de gobierno al ahora expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se le hubiera ocurrido la infortunada idea de, literalmente, “tasajear” las riberas del río Amazonas con una carretera?  

Afortunadamente entre el proceder del expresidente Lula y la Presidenta Chinchilla hay una enorme distancia. Hoy, el Amazonas de Centroamérica que es el Río San Juan, ha sido tasajeado sin misericordia por Doña Laura.

Al margen del más elemental sentido común y de lo que prescriben las propias leyes de Costa Rica, las leyes y tratados  internacionales, la Presidenta Chinchilla decidió construir una carretera de más de 100 kilómetros en la propia ribera norte del Río San Juan. A través del San Juan drena la Cuenca 69, la cuenca hidrográfica más grande de Centroamérica.
El río es el componente más importante en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Río San Juan. También lo es desde el lado costarricense, de la recién aprobada y así celebrada por la Unesco, Reserva de Biosfera Agua y Paz.

Doña Laura pasó primero por sobre el mandato de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, LOA, de Costa Rica, la cual prescribe que “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta Ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos.”

Como en Nicaragua, la Ley costarricense establece que el proceso de permisología debe ser del conocimiento público, (LOA, Arto. 22), y que en cualquier momento la Secretaría Técnica responsable, la Setena, está obligada a escuchar a quienes así lo requieran, incluso durante la fase operativa de la obra o proyecto.

El Arto. 23 LOA, tácitamente expresa que “La información contenida en el expediente de la evaluación de impacto ambiental será de carácter público y estará disponible para ser consultada por cualquier persona u organización”, con la salvedad de que al publicarse pudiera afectar “derechos de propiedad industrial”.

No he podido tener acceso al Estudio de Impacto Ambiental en referencia, no sé si porque no existe o porque, en desavenencia  la Ley, nunca fue puesta a disposición del amplio público.

Pero hay más. En el orden internacional hay todo un rosario de leyes, convenios y tratados convertidos en cero a la izquierda por Doña Laura: la Convención Mundial sobre la Diversidad Biológica; la Convención Mundial sobre el Cambio Climático; la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Silvestres, CITES, el Convenio para la creación del Corredor Biológico Mesoamericano, CBM, la Convención Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional y el Programa Intergubernamental MAB de la Unesco, para citar algunos.

Muy recientemente, el 24 de octubre de 2011 para ser más exactos, Costa Rica fue galardonada por la Unesco por contar con una de las mejores 28 reservas de biosfera del mundo. La razón para ello habría sido la puesta en práctica de un exitoso modelo de desarrollo sostenible para combatir el cambio climático y el esfuerzo por involucrar a toda la población de la zona norte de Costa Rica (donde hoy pasa la carretera en mención) en una estrategia para procurar el equilibrio entre emisiones y captura de gases de efecto invernadero.

Un poco antes, el 8 de agosto de 2011, el Vicepresidente de Costa Rica, Alfio Piva Mesén, en el contexto del 40 aniversario del Programa MAB (Man and the Biosphere, 1971), manifestó sentirse orgulloso de que su país formara parte de las 580 reservas de biosfera que conforman la Red Mundial de Reservas de Biosfera reconocidas por la Unesco.

Costa Rica cuenta a la fecha con tres reservas de biosfera, siendo la más reciente la Reserva Agua y Paz. El Vicepresidente costarricense enfatizó en la meta de alcanzar lo que denominó “la carbono-neutralidad” para el año 2021, en alusión a las cero emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente ratificó el apego de Costa Rica a los tres principios establecidos por la Unesco para el programa MAB: conservación, desarrollo y conocimiento.

Siendo la realidad la última condición de verdad, tal parece que el conocimiento no ha llegado todavía hasta Doña Laura. El atroz machetazo que asestó a la Amazonía centroamericana al construir la carretera en la propia ribera sur del Río San Juan, descalifica las palabras del Vicepresidente y manchan el reciente reconocimiento de la Unesco para Costa Rica. Es más, en un elemental sentido de responsabilidad con la comunidad internacional, la Unesco –además de las otras convenciones y organismos relacionados con la biodiversidad, los ecosistemas, las cuencas hidrográficas, los bosques, los humedales, la flora, la fauna, de los cuales Costa Rica es Parte Contratante-- cuando menos debería enviar ahora una comisión evaluadora al sitio donde se ha cometido el ecocidio, considerando que el estatus de reserva de biosfera se gana o se pierde, según se cuide o se destruya el ecosistema que haya motivado el alto reconocimiento de este organismo de Naciones Unidas.

Ahí deberían estar también la Unión Internacional para la Conservación, UICN; World Wildlife Fund, WWF; Flora y Fauna Internacional, FFI; Green Peace, The Nature Conservancy, TNC; la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD.

Los nicaragüenses y costarricenses también debemos estar detrás de estos organismos, porque el ecocidio cometido nos afecta a todos y no solo a la presente, sino a las futuras generaciones. El efecto barrera para la fauna silvestre, la alteración del drenaje natural, la remoción de la cubierta forestal, el incremento exponencial de la sedimentación, el impacto a la calidad del agua en un ecosistema frágil de humedal del trópico húmedo, son solo algunos de los impactos directos, permanentes, acumulativos e irreversibles al corazón de las Reservas de Biosfera de Río San Juan, en Nicaragua y de Agua y Paz en Costa Rica.

El canto de sirena de una carretera para el “progreso” esgrimido por Doña Laura al más clásico estilo neoliberal, depredador del medio ambiente, debe ser tomado muy en serio por ticos, nicas y la comunidad internacional.

En nombre del progreso siempre se ha cometido los más atroces crímenes contra la naturaleza y las futuras generaciones. Consumado el ecocidio por la Presidenta Chinchilla, queda de por medio movilizarse, acudir a los propios tribunales de Costa Rica y a los tribunales y otras instancias internacionales para que se proceda a la mitigación y compensación de los gravísimos impactos ambientales provocados a un patrimonio natural de la humanidad (desmantelar la carretera y facilitar la recuperación ecológica es condición sine qua non).

Ante el ecocidio cometido, Doña Laura –quien habrá de pasar a la historia como némesis de la biosfera-- no puede aducir ignorancia de las leyes de su propio país y si así fuera, la propia Legislación costarricense, incluidas las disposiciones de orden penal, es contundente al referirse a los responsables de incurrir en delitos que implican acción u omisión.

*Docente UNAN-Managua. darwinjj2007@gmail.com