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Duele tener que pagar el altísimo precio que se deriva de la colaboración voluntaria en la comisión de un crimen de lesa  patria.
(SGQ.)


Releyendo en una vieja libreta en la que escribía mis apuntes, citas y datos, cuando cursaba el quinto año en la carrera de Derecho y Notariado en la Universidad Nacional, con sede en León, me encontré, entre otros párrafos  que logré anotar de las explicaciones con que nos enseñaba nuestro profesor y eminente jurista Doctor José Pallais Godoy cuando nos impartía la asignatura de Código de Procedimiento Civil; nos insistía, nuestro ilustre maestro, en que comprendiéramos y quedásemos claro de “que el acto nulo, nulo será siempre, como nulas serán también todas las consecuencias que de el se deriven”, añadiéndonos, para reafirmar los conceptos, que esa verdad legal, eterna e inmutable, constituía desde muchos siglos antes, un principio universal de Derecho, que se sustentaba en el Derecho Romano, en particular, en el Titulo “De regullis juris”, contenido en el Libro VI, de Las Decretales del 3 de marzo del año1298, en la que lapidariamente se establecía “Quod nullum est, nullum producit effectum”, o sea, “Lo nulo no produce efecto valido alguno”, para luego agregar como remate, “quod nullum est in uno, nullum est emnibus”, equivalente a, “lo nulo en un caso, nulo lo es en todo”.

Consecuente con esa verdad legal, el ex-candidato presidencial, Fabio Gadea Mantilla, quien, sumando a su aguda intuición, la honestidad que lo ha caracterizado toda su vida, manifestó ante los medio de comunicación, en la conferencia de prensa que brindara apenas unas horas después de las elecciones, “que no aceptaría la diputación regalada, que legalmente le hubiere correspondido si estas hubiesen sido validas”. Don Fabio dejó entrever, así mismo, aunque no lo hubiera manifestado expresamente, que también la elección de los diputados que le acompañaban, era nula, como lo es, en efecto, por ser tales cargos “electos”, producto y resultado de las derivaciones de un acto nulo desde sus inicios, afectando tal nulidad, no solo a Don Fabio y a su cohorte de diputados, sino, también, y muy especialmente, a Daniel Ortega Saavedra y a su camarilla de 62 diputados ilegalmente electos, llevándonos todo esto, a la lapidaria verdad, de que, todos los “electos” en los comicios electorales del 6 de noviembre, padecen también de una insalvable nulidad. El 10 de enero del próximo año, TODOS los que sean investidos como “electos”, pasaran a ser funcionarios de-facto; de-factos desde el Presidente de la Republica hasta el último diputado para la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, haciéndose añicos la institucionalidad de Nicaragua, la que, convertida en una verdadera anarquía seudo legal, continuaría siendo gobernada por una férrea dictadura, apoyada y sustentada, esta vez, por la “oposición democrática” que quedaría actuando, al efecto, como una pandilla política sumisa, domesticada y corrupta.

A pesar de ser lo afirmado una verdad legal irrebatible, ésta es desconocida e inaceptable por algunos de nuestro “genios” en el campo del Derecho Constitucional, entre los que hay que destacar a algunos que, aunque convencidos de las inocultables violaciones legales, se conforman con declarar de manera solemne, que el resultado de las elecciones está “en entredicho”, como si en medio de la gravísima crisis institucional que nos agobia, hubiera aun alguna duda en torno a la corrupción del proceso electoral, que todavía pudiera ser aclarada; la deslegitimación de autoridades 2012, que con marcado énfasis proclamara el Cenidh; las inconsistentes y pintorescas razones y argumentos que esgrime el enjundioso Licenciado Oscar Castillo, Decano de la Facultad  de Derecho, de la Universidad Politécnica, UPOLI, en diferentes declaraciones que han sido publicadas en “EL Nuevo Diario”, insta a Don Fabio con enérgica vehemencia, y a los “diputados democráticos” que fueron “electos”, a asumir sus cargos, valiéndose de interpretaciones y criterios legales harto superficiales, pero que, inspiran a quienes, como el doctor Julio Icaza Gallard, sostienen que los diputados deben asumir sus cargos para ejercer en la Asamblea Nacional, la tutela de los derechos de los nicaragüenses y desde los cuales podrán mantener una franca lucha “en defensa de la democracia”.

COROLARIO. Si como producto de las recién pasadas elecciones generales, hubiera resultado favorecido por los votos don Fabio Gadea Mantilla, por todas las mismas razones que he dejado señaladas, tal elección TAMBIEN HUBIERA SIDO NULA, lo mismo que la de los diputados que le acompañaban, a los que ahora, por razones desconocidas declara dejar en libertad para aceptar sus respectivos curules, a pesar de ser todos ellos, derivaciones directas de un acto nulo y viciado, con una nulidad  DE ORDEN PUBLICO, de esas que no pueden subsanarse ni siquiera con la voluntad unánime de todas las partes afectadas. Reconsiderando sobre lo expuesto, estamos obligados a aceptar como cierto que, la única actitud digna que debía haber tomado la “oposición democrática”, después de la habilitación y la subsiguiente inscripción de la candidatura de Daniel Ortega, era la de no inscribir candidato alguno y EXIGIR al Gobierno de la Republica que retrocediera en lo ilegalmente andado y procediera a ajustarse a la Constitución y a las leyes, como condición sine-quanon para estimular la realización de un evento electoral limpio, justo y transparente; pero, la “oposición democrática”, prefirió legitimar lo ilegitimable y participar en un proceso electoral viciado y enfermo de muerte, mientras, rasgándose las vestiduras, manifestaba a los cuatro vientos “que participaría bajo protesta”, cuidándose de ocultar a nuestros ciudadanos que, por el solo hecho de participar con sus votos, estarían legitimando la actuación fraudulenta  de tales elecciones y contribuyendo a hacer más oscuro el caos institucional en que nos encontramos inmersos. Nuestro pueblo se merece una amplia confesión de los responsables por los graves pecados cometidos en su contra, especialmente por nuestros sectores políticos, económicos, sociales y religiosos, que estimularon, llamaron y empujaron al pueblo a las urnas electorales convirtiéndolo en cómplice y coautor del engaño político que, por razones inconfesables, ellos mismos habían consentido y fraguado.

Sólo me queda decir, que nos veremos el próximo 10 de enero, cuando sean promesados todos los “electos”, por Roberto Rivas Reyes y reciban del mismo, la acreditación de sus cargos; yo, por mi parte, estaré contemplando con asco la escena desde mi aparato de televisión y musitaré, una vez más, con profundo desaliento “democracia, democracia, democracia, cuantos crímenes se cometen en tu nombre”.