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De cara al segundo mandato consecutivo del Gobierno sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega en la era posrevolucionaria de Nicaragua, tendrá que plantearse el partido gobernante una serie de ajustes imprescindibles en cuanto al diseño e implementación de políticas públicas que aseguren en el mediano plazo un mínimo de gobernabilidad para el país.

Los retos que ante sí tiene el Gobierno que encabeza el presidente Ortega son de una extrema complejidad y requerirá, primeramente de gran capacidad política para sobrellevar de la mejor manera posible la actual crisis financiera internacional, así como de una enorme habilidad para mantener una relativa estabilidad política interna.

En este contexto, resulta primordial establecer un ajuste de políticas públicas que implementa el Gobierno en el ámbito social puesto que hasta el presente estas han estado marcadas por un enfoque asistencialista más que por una vocación de desarrollo sustentable en el mediano plazo.

Los programas sociales del Gobierno deberían reorientar los recursos hacia el desarrollo de proyectos puntuales y mejor estructurados que privilegien el acceso a servicios educativos, de salud y de bienestar social que puedan instrumentarse en el corto y mediano plazo; esto, claro está, en total armonía con el sector privado para encontrar en conjunto una salida paulatina que incorpore al amplio sector de la población que está al margen de la dinámica económica nacional y que, como única alternativa, tiene que depender de los cada vez más insuficientes recursos con los que el Gobierno atiende necesidades más  apremiantes, y que, sin embargo, no facilitan una salida viable para que la población más desprotegida pueda integrarse paulatinamente al mercado laboral y pueda participar activamente de la actividad económica del país.

Esta serie de medidas, no implica necesariamente, una pérdida de interés del Gobierno por su vocación social, sino que es la consecuencia lógica de una falta de crecimiento económico sostenido en los niveles mínimos que requiere el país para avanzar en materia de desarrollo.

En otras palabras, a lo largo de la última década Nicaragua no ha generado suficiente riqueza para poder sostener actualmente políticas públicas asistencialistas en el ámbito social que resultan altamente costosas.

Mantener una macroeconomía lo más sana posible es más que una necesidad ante la crisis que afecta actualmente a la economía mundial y que amenaza con agudizarse en los años venideros.

Por otro lado, un eslabón en el cual habrá de trabajar muy duro el gobierno será en la reconstrucción del tejido político interno que se ha visto seriamente averiado por el más reciente ejercicio electoral. Reconstruir las instancias para favorecer el diálogo político con la oposición es un imperativo. La gobernabilidad del país es una pieza fundamental en la estrategia que como nación deberá implementar el país a partir del 2012. Sin embargo, no se debe perder de vista que la gobernabilidad va de la mano con el reforzamiento institucional. Este es un tema en el que tanto Gobierno como oposición deberán trabajar con mucha seriedad.

Otro elemento esencial dentro de la ecuación política del Gobierno, será el de consolidar el sector exportador del país. En este tema el Gobierno estará llamado a facilitar las relaciones comerciales con una multiplicidad de socios comerciales más allá de los países con los que el partido gobernante nicaragüense tiene una estrecha afinidad ideológica.

En el próximo período de Gobierno, Nicaragua está obligada a dar pasos agigantados en términos de competitividad exportadora para recortar un poco la distancia que la separa de otros países de la región centroamericana.

Para concluir, podemos señalar que el diseño de  un esquema estratégico integral es insoslayable para que el Gobierno pueda desempeñar un papel positivo para el país en  los próximos seis años.

En este esquema deberá integrarse una política social con importantes ajustes, un manejo macroeconómico cuidadoso y un enfoque tendente a fortalecer la capacidad exportadora del país para posicionarlo un poco mejor en comparación a los otros países del istmo centroamericano.

*Especialista en Economía Gubernamental y catedrático de la Universidad del Valle de México, UVM.