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Ocho de cada diez personas califican de “corruptos” a los partidos políticos de su país,  según la organización Transparency International. Les siguen en imagen funcionarios  públicos, los sistemas judiciales, los miembros del Poder Legislativo y la Policía. Esta  desconfianza coincide con la indignación que se extiende por el mundo. Pero las  exigencias de una democracia real no aluden solo a los gobiernos, sino también a los  poderes económicos y financieros que han llenado los espacios a los que renuncian los  poderes públicos para hacer cumplir la proclama neoliberal de Margaret Thatcher: “Ya  no hay sociedad, solo individuos y familias”. Esta cruzada neoliberal, intensificada tras  la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la URSS, ha acelerado las  subcontratas y la privatización de sectores públicos como el agua, la sanidad, la salud, la educación, la defensa y toda la banca.

En este fenómeno conocido como “privatizador”, los servicios que ofrecen empresas  privadas en algunos sectores se financian con dinero público. Así sucede con las  empresas militares “privadas”, subcontratadas por gobiernos mediante concursos  “públicos” a los que a menudo solo se presenta un candidato afín al gobierno.

También se dan casos de altos funcionarios públicos que aprovechan su puesto para  favorecer a empresas a cambio de “regalos”. A veces, los mismos funcionarios se  niegan a renunciar a sus puestos en juntas directivas de empresas mientras ejercen su  cargo público y las favorecen sin pudor. A este fenómeno se le conoce como “puerta  giratoria”. O empresas privadas “afines” a los gobiernos locales que cobran millones  por costosas campañas de publicidad para anunciar servicios públicos que la gente ya  conoce, como el Metro. Luego llaman “radicales antisistema” a los trabajadores del transporte público que hacen huelga cuando se anuncia el recorte de su sueldo.

El aumento en la corrupción que ha resultado de esta oleada “privatizadora” y de  desregulación financiera llegó a preocupar tanto a Naciones Unidas que, en 2000, la   Asamblea general estableció un comité especial. Así se creó la Convención de Naciones  Unidas Contra la Corrupción, con 154 estados parte y 140 que la han ratificado. El  tratado se centra en la prevención, la penalización, la cooperación internacional y la  recuperación de bienes.

En esta lucha, se considera prioritario restituir a los estados saqueados por sus propios  gobernantes y hacer frente a sus necesidades fiscales. Esto incluye su reconstrucción y  la creación de redes de servicios públicos que ayuden a garantizar derechos  fundamentales como el acceso a la salud y la educación.

La organización Tax Justice Network calcula que están evadidos 11,5 billones (trillions)  de dólares en paraísos fiscales. Según la organización, esto supone una pérdida de  250,000 millones de dólares en impuestos, una cantidad cinco veces superior a la que  marcó en 2002 Naciones Unidas para reducir la pobreza a la mitad para 2015. Y una  cantidad que permitiría transformar el modelo energético para hacer frente al cambio  climático.

Distintas organizaciones que investigan temas relacionados con paraísos fiscales y  corrupción consideran que la lucha contra el abuso de poder para beneficio propio ya no  se puede centrar solo en el sector público ni se puede investigar desde enfoques  nacionales.

El secreto bancario, los paraísos fiscales y el entramado financiero global encubren las redes globales de terrorismo y crimen organizado, las grandes tramas de  corrupción urbanística y el saqueo de países enteros. Se calcula en más de 300,000 millones de euros el capital que ha “huido” desde Grecia, equivalente al primer pago del  llamado “rescate”.

La corrupción afecta a países “tercermundistas” y de “primer mundo” por igual. Los  efectos de la crisis actual, provocada por abusos de poder en una economía de casino,  han revivido una lucha de clases que consideraban superada quienes anunciaron un  supuesto “fin de la historia”. Las clases trabajadoras en Estados Unidos, en Europa y en  algunos países de América Latina han tomado conciencia de la importancia que tiene  trascender sus propias fronteras y de unir fuerzas con gente que habla el mismo idioma  de indignación colectiva.

La corrupción erosiona el Estado de Derecho y la auténtica  democracia. Desmoraliza y siembra la semilla del cinismo, pero unos cuantos han  mantenido vivo un rescoldo que se daba por apagado.

*Periodista, coordinador del CCS
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @cmiguelez