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El desarrollo económico de los países del Primer Mundo se ha basado, entre muchas cosas, en la erradicación de la corrupción y la institucionalización del Estado más que de eficientes estrategias económicas, es decir, que las instituciones del país funcionen para lo que son, para servir a la sociedad.

La institucionalización de un Estado surge a partir del entendimiento de los seres humanos, basado en una previa situación de conflicto tales como la guerra o anarquía, donde los principales grupos de poder identifican intereses comunes. Estos (grupos de poder) crean los mecanismos apropiados para proteger sus intereses particulares e impulsar la distribución de la riqueza restante para sí mismos.

El acuerdo es regulado a través de un marco legal que garantice la distribución de rentas entre ellos (grupos de poder) y a su vez mantenga el orden social, o sea, el estatus quo.

En Nicaragua este orden pareció haberse alcanzando cuando los principales grupos de poder – los políticos y empresarios– realizaron “acuerdos” con los que se repartieron los poderes del Estado y rompieron de esta manera el trágico ciclo de la historia. Al menos esa era la posición de uno de estos sectores antes del pasado 6 de noviembre.

Sin embargo, hoy día, la situación ha tomado otro giro, pese a las constantes denuncias de los medios de comunicación quienes beligerantemente han puesto en evidencia las arbitrariedades de todos los órganos del Estado, no fue sino el proceso electoral que constituyó el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua.

No han sido suficientes todos los indicadores que ponen al país en los primeros lugares de los más corruptos de acuerdo a Transparencia Internacional (134 según su último reporte), el PIB más bajo de la región según un informe de Funides, el principal exportador de capital humano según el SICA, 52% de inequidad en la distribución del ingreso, 50 puntos porcentuales en términos de gobernabilidad siendo 40 el máximo (y peor) al 2008 según el Banco Mundial, entre otros.

Aun con toda esta información, las recién pasadas elecciones fueron el detonante que hicieran caer en la realidad que en Nicaragua la institucionalidad está muerta. Todo el Estado se han convertido en un instrumento perfecto para complacer  la voluntad de una sola persona dejando atrás el famoso “pacto” que no sirvió para nada más que para enterrar a los que hoy están en la oposición.

No obstante, el marco legal, es decir, la carta magna goza de plena aceptación por órganos de mucha representatividad como el Banco Mundial, BM, no así los ejecutores de la misma según un informe que brindaran en abril del 2008:

“Las líneas formales del sistema político institucional nicaragüense son claras. El sistema de gobierno es constitucional, presidencial y representativo, pero aunque no hay ambigüedad en cuanto a su diseño formal, como en muchos países, en la práctica el sistema es un híbrido complejo de relaciones formales e informales. En Nicaragua, el sistema funciona como una mezcla de los sistemas presidenciales y parlamentarios. También en los sistemas representativos, los ciudadanos eligen y renuevan a sus líderes de los cargos y su vez los líderes en su momento toman decisiones de autoridad en nombre de sus representados y son responsables ante ellos.

En Nicaragua, el principio electoral es más importante que el principio de responsabilidad. El sistema político híbrido de Nicaragua se caracteriza por una dualidad, pero esta dualidad se encuentra sujeta a constantes negociaciones y confrontaciones. Al observar las reformas que alteran la estructura, las reglas del juego y la distribución de poder, el sistema político de Nicaragua, exhibe una gran tendencia a la inestabilidad. Las reformas institucionales realizadas en los últimos años es sorprendente.” (Banco Mundial. Reporte 39817, abril 2008).

Los entendimientos siempre traen como beneficio la repartición de poder entre los grupos representativos de una sociedad, sin embargo, el éxito está en que la estabilidad lograda por ello también genere beneficio y por ende riqueza a todos los demás sectores.

No cabe la menor duda que la institucionalidad en Nicaragua ha colapsado, es insostenible y lo más crítico es que la población ya no confía en el sistema, pero tampoco cabe la menor duda que tendrán que ser nuevos líderes quienes restablezcan el nuevo orden.