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A partir del estudio publicado por el PNUD: “Seguridad ciudadana en Nicaragua: Riesgos, Retos y Oportunidades” (2011) que abarca un análisis cuantitativo y cualitativo del periodo 1998–2009, se derivan los principales hallazgos de este ámbito principal de la vida de los nicaragüenses.

Riesgos:
El país no es ajeno a la problemática global y regional, ni a los antecedentes culturales, políticos, sociales y económicos internos que imponen vulnerabilidades y contribuyen a preservar una estructura excluyente que puede afectar la seguridad ciudadana. Entre estos riesgos vale la pena mencionar:

i.     La incidencia de la delincuencia organizada transnacional (narcotráfico, narcomenudeo, tráfico de personas, trata de personas, tráfico de armas y lavado de activos).  El narcotráfico internacional utiliza el territorio nacional principalmente como tránsito generando descomposición social, corrupción y violencia.

ii.     La desocupación y la alta informalidad económica conlleva a la existencia de muchos mercados informales (o ilícitos) cuyos límites son difusos y se convierten en opción de vida de muchas familias.

iii.     Las demandas sociales crecientes en medio de las limitaciones de desarrollo humano, grandes necesidades insatisfechas, el hacinamiento, el desorden urbanístico, desarrollo desigual en el territorio nacional, insuficiente acceso a los servicios básicos y desigualdad socioeconómica.

iv.    Las limitadas opciones de los jóvenes al desarrollo integral en una población que continúa siendo mayoritariamente menor de treinta años.

v.     La insuficiente cobertura de las instituciones públicas en los ámbitos sociales, de justicia y seguridad.

Retos:
Constituyen retos urgentes a considerar como parte de las políticas institucionales y  sociales, principalmente los siguientes:

i.     Preservar la ventaja comparativa con respecto a Centroamérica, al presentar un nivel de seguridad más favorable que el norte de Centroamérica, aunque menor que la de Costa Rica que tiene mayor desarrollo humano y estabilidad institucional.

ii.     Frenar el incremento de las tasas delictivas, fortalecer la percepción de seguridad de los nicaragüenses y la confianza en las instituciones de la seguridad y la justicia.

iii.     Recuperar el umbral de 10 homicidios por 100 mil habitantes que existía a principios de la década del 2000.

iv.     Fortalecer la capacidad de prevención y respuesta policial, fiscal, judicial y forense.

v.     Incrementar el nivel de información de la población y la participación comunitaria para la prevención.

vi.     Atender desde el nivel local las necesidades de seguridad de la población, reducir la  victimización, principalmente de mujeres, niños y niñas, y atender a sectores más vulnerables.

vii.     Se requiere identificar la problemática particular para impulsar abordajes diferenciados, ya que la inseguridad no es homogénea en el territorio nacional, varía también por género, generacional y condición socioeconómica de las personas.

viii.    Regular la venta de licor, reducir el consumo de drogas y la tenencia ilegal de armas de fuego en manos de la población civil.

ix.    Atender la violencia juvenil y la violencia intrafamiliar de manera integral y especializada para la prevención.

Oportunidades:
El país tiene importantes oportunidades que requiere aprovechar con una visión  sostenible e incluyente de largo plazo:

i.     La tendencia a la reducción de la pobreza durante los últimos años, la disminución de la tasa de analfabetismo, los numerosos programas sociales impulsados por el Gobierno que benefician a muchas familias, la gratuidad de la salud y la educación, el acceso a viviendas populares, la estabilidad macroeconómica, todo ello puede redundar en mejorar el desarrollo humano y fortalecer la seguridad de las personas.

ii.     Las capacidades institucionales pueden ser potencializadas mediante la articulación de políticas públicas de seguridad, prevención  y persecución criminal que incluyan el fortalecimiento institucional.

iii.     El modelo de policía comunitaria, la capacidad operativa de la Policía y el Ejército, el enfoque del Sistema Penitenciario Nacional,  la experiencia del sistema de justicia penal, los avances del Ministerio Público y la profesionalización del Instituto de Medina Legal.

iv.     La amplia capacidad de participación y organización social para la prevención y la incidencia sobre las causas criminológicas de la

delincuencia,  mejorando la comunicación y educación social para la identificación de las demandas diferenciadas desde el nivel local.

v.     La cultura de solidaridad, hospitalidad, participación, cooperación y voluntariado de la sociedad nicaragüense.

vi. |La coordinación y cooperación internacional para el abordaje articulado contra el crimen organizado y los problemas comunes de inseguridad en la región.

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