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El origen de la palabra notario viene de la antigua Roma y eran los que utilizaban las notas tironianas una especie de escritura taquigráfica. En la Edad Media los notarios, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían por escrito, en forma ordenada y resumida, el contenido de sus exposiciones. Al venir Cristóbal Colón trajo un escribano en su tripulación que era Rodrigo de Escobedo, iniciándose el notariado de España a América. Los escribanos guardaban un archivo de escrituras y demás instrumentos públicos, el cual pasaba a los escribanos sucesores. Nicaragua está entre más de los setenta países en el mundo que utiliza el sistema notarial Latino.

El Primer Congreso Internacional de Notariado Latino declaró: “El notario latino es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir las copias que den fe de su contenido”.

Su finalidad es la autenticidad y la legitimación de los actos públicos, eso exige que el notario sea un funcionario público que interviene en ellos como un profesional del derecho encargado de esa función pública, pero que no recibe prestación del Estado. La fe pública está dirigida a una colectividad, por lo tanto es obligatoria, debe constar siempre en forma documental. El Estado crea la fe pública con el fin de brindar seguridad jurídica.

El aspirante a Notario debe obtener una licenciatura en el campo de las Ciencias Jurídicas y Sociales para la obtención del Titulo de Abogado y Notario que garantizan sus conocimientos en el campo del derecho. La Corte Suprema de Justicia extiende los Títulos de Abogado y Notario. Interviene en el régimen disciplinario del notario para lo relativo a sanciones  por irregularidades en sus funciones.

En materia penal debe ser la Corte Suprema la única facultada para iniciar un antejuicio, efectuando las diligencias que considere necesarias para comprobar si los hechos que de previo le debe informar el Ministerio Público se  refieren a un Notario y puedan dar lugar a la inhabilitación o prestar el mérito suficiente para solicitar al Órgano premonopolizador de la acción penal el inicio de la misma, por considerar que el Notario ha incurrido en falsedad y otros delitos conexos y que se aprovechó de su función en beneficio propio o ajeno.

El problema procesal planteado consiste en que el accionante acusador en la práctica penal considera de previo que el Notario debe ser objeto de procedimiento penal por haber elaborado un documento que la ley permite (ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Arto. 32 Cn) y que el Juez Penal debe conocer a priori sobre su responsabilidad como Ministro de Fe Pública y muchas veces en conjunto con otros procesados en concurso material, como en los casos de narcoactividad, violentándose de forma arbitraria la potestad de la Corte Suprema como órgano disciplinario.

Se debe requerir de la certeza de que el imputado haya participado en el ilícito investigado en uso de la delegación de la Fe Pública que le otorga el Estado, cuya consideración sólo puede ser determinada por la Corte Suprema de Justicia en antejuicio y no por la Dirección de Auxilio Judicial ni por el Ministerio Público. De otra forma, el ejercicio del notariado dejará de ser una función dirigida por un notario en virtud de la delegación de la Fe Pública y que ésta se convierta en una función objetiva del Estado ante el evidente riesgo que implica el ejercicio de esta profesión frente a la libertad acusatoria y desproporcionada del Ministerio Público.

Colegas notarios, ustedes tienen la palabra.

*Abogado y Notario