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En la Edad Media, y en pleno apogeo del “Siglo de las Luces”, muchos pensadores y filósofos miraron con previsión en el poder concentrado en manos del monarca una amenaza a la libertad y seguridad del individuo.
Cuando Charles Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, propuso la Teoría de Contrapesos o Separación de Poderes, éste sólo se anticipó a tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Nicaragua es un caso excepcional, donde el órgano electoral posee el rango de Poder del Estado.

Durante largo tiempo, en la historia nacional, las elecciones para altos mandos del Estado estuvieron supeditadas a criterios del intervencionismo norteamericano (ejemplo de ello son la Ley Dodd de 1923 y la Ley MacCoy de 1928), y a los edictos de destacados personajes que se autoproclamaban Jefe de Gobierno o Presidente de la República.

La realidad y comprensión metódica inductiva (lógica histórica) manifestada en la praxis del sistema electoral nicaragüense propicia una vulnerabilidad al equilibrio de poderes. En primer lugar, un Poder Electoral de “relativismo conexo” al Poder Ejecutivo, donde cualquier acción emprendida por el primero deja espacios para entrever y crear en la opinión pública (ya sea que provenga ésta de un sector de izquierda o de derecha, según las circunstancias históricas del partido beligerante), una imagen de debilidad institucional y poca transparencia, sin que ello dificulte tampoco el desarrollo de comicios electorales y posterior nombramiento de representantes.

En estos últimos veintiún años transcurridos (tras los Acuerdos de Paz), se ha demostrado que a pesar de los diversos supuestos de anomalías que puedan llegar apreciarse, críticas a la arbitrariedad (de pactos o prebendas políticas) e intentos de boicot –que de hecho no ha sido extraño que sucedan una vez llegado el momento de las elecciones (presidenciales o municipales)—, siempre queda electo un representante, llamémosle así “legal”; porque con todo y ello, la Constitución Política, al final, siempre ha terminado validando las aspiraciones de los grupos políticos más hábiles y mejor capacitados en materia de contienda electoral.

La segunda razón en la vulnerabilidad del equilibrio de poderes tiene que ver con la legitimidad y la eficacia, elementos éstos que sustentan la institucionalidad democrática (gobernabilidad, Estado de Derecho). Teórica y prácticamente el sistema electoral nicaragüense contiene en su esencia histórica una crisis de legitimidad. Diversos instrumentos estadísticos efectuados a nivel nacional sustentan en cierta medida esta hipótesis. Los ciudadanos ponen en tela de juicio la funcionalidad, propiamente la facultad de los magistrados del Poder Electoral para desarrollar fehacientemente los procesos electorales.

Por otra parte está el tema de la eficacia o capacidad de respuesta a demandas sociales. En este apartado, para el análisis propuesto, tomaremos en consideración la teoría de Análisis Sistémico elaborada por el politólogo canadiense David Easton (que se fundamenta a la vez en la concepción estructural-funcionalista de Talcott Parsons). Para este politólogo, la función de un sistema político es la de “distribuir valores que la sociedad considera útiles”. En nuestro caso –el sistema electoral—, estos valores son: transparencia, no sólo con el conteo de los votos, sino con los recursos utilizados por los partidos políticos para financiar sus campañas electorales (Título V, Capítulo I, art. 63:3; y Capítulo IV sobre financiamiento de los partidos, Ley No. 331); libertad política, igualdad de condiciones en contienda partidista, elecciones libres y justas, etcétera, valores que integran la institucionalidad democrática.

Estas utilidades o valores representan las demandas y apoyos (inputs) generadas por las interacciones del entorno sociopolítico. El sistema será funcional en tanto sea capaz de dar respuesta (outputs) a esas demandas sociales. En nuestra historia electoral, estas utilidades han pasado por muchas fluctuaciones, creando descontentos y conflictos entre adversarios políticos. En un primer momento histórico, la situación con las demandas sociales se presentó con respecto al voto censitario y al derecho de la mujer al ejercicio del mismo. Actualmente, y aunque no de manera generalizada, esta situación se ha presentado con el otorgamiento y la capacidad adquisitiva del ciudadano, respecto al documento de identidad.

De igual manera, todo sistema tiene que actuar conforme las exigencias o coacciones generadas por el entorno o ambiente (intra o extra societario). Aportes del sistema electoral reciente, pueden destacarse con respecto al diseño de la boleta electoral  (boleta única), que ha ocasionado un nuevo debate, y a la vez ha generado un cambio y transformación social que viene a constituirse en un nuevo fenómeno de estudio para la ciencia política local (en este momento, omitiré su análisis dada la amplitud del tema).

Así también, un aspecto importante a destacar dentro de estos cambios en el sistema, es el giro de la visión del término “observación electoral internacional”, tan arraigado en la sociedad nicaragüense, hacia el de “acompañamiento electoral internacional”, porque eso sí, ningún país extranjero debe decir a otro la manera en que debe gobernarse, puesto que ello atenta contra el principio de la soberanía nacional y libre autodeterminación de los pueblos.

Quisiera resaltar la siguiente observación: ser magistrado de un Poder del Estado representa una gran responsabilidad para la estabilidad y seguridad del país, fundamentado principalmente en la libertades políticas del ciudadano, porque cuando un representante carece de la autoridad política suficiente (otorgado por la legitimidad) y ostenta dudosa funcionalidad (neutralidad política, ética profesional, protección del ciudadano contra la arbitrariedad y el despotismo) difícilmente estará contribuyendo con la gobernabilidad democrática de un país.

El análisis propuesto aquí no está centrado en si el sistema funciona o no sobre la base de los parámetros de un Partido “X” o “Y”, porque argumentos de tal categoría no generan ciencia política (teorías) ni representa un fenómeno en sí, sólo se caería en la costumbre de la política diletante (de aficionados). En todo caso, eso quedaría al libre arbitrio y criterio del espectador, sino en cómo el sistema ha presentado en su esencia histórica una crisis de legitimidad, que es necesario observar […]

Lección: el voto seguro es el instrumento primario, pero no el único, de validación en la omisión de la paradoja electoral.

*Cientista Político