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“El proletariado no puede apoderarse del
Poder por una insurrección espontánea”.

León Trotsky

Primera parte

Se suele dar por descontado que debe aplicarse el término de izquierda a los procesos que entran en contradicción con la política de Washington, sin analizar con propiedad las características de tales procesos, desde la óptica de la lucha de clases. El término de izquierda se debe corresponder con el carácter social, proletario, del proceso revolucionario en cuestión.

En síntesis, no puede ser de izquierda un proceso que no es políticamente consecuente con los principios proletarios, conforme a un análisis teórico de la situación política concreta. Es decir, se requiere la conjunción de ambos factores. Tanto la formación de una vanguardia, de la minoría más audaz y consciente del movimiento obrero, producto de una selección ideológica, a la luz de las experiencias de la lucha de clases; como de las masas trabajadoras que, en un momento crítico, se orienten de conformidad con la dirección de esta vanguardia, convirtiendo las ideas revolucionarias en una fuerza material.

En 1979, en Nicaragua, con la destrucción revolucionaria del régimen somocista, se presentaron en el país condiciones objetivas y subjetivas de crisis de dominación del sistema capitalista. Pero, la dirección política de las masas, en esa circunstancia, por su carácter pequeño burgués, ayudó a convertir, tal crisis, en derrota histórica para el movimiento obrero internacional, en el contexto de la caída del muro de Berlín. La revolución de 1979 no alcanzó a producir transformaciones cualitativas de carácter social, que nos permitan calificarla como un proceso de izquierda.

Las masas campesinas se vieron empujadas, por decisiones arbitrarias de la burocracia en el poder, desde los primeros años de la década de los ochenta, a un movimiento claramente contrarrevolucionario, alentado militarmente por Washington. Las masas de trabajadores urbanos, la pequeña burguesía, los pequeños y grandes comerciantes, los estudiantes y los jóvenes en general, generaron un movimiento de descontento creciente, a fines de los años ochenta, para sacar del poder a la burocracia sandinista, y para establecer, como una conquista por vía electoral, una democracia representativa, afín a Washington.

Resta por analizar el programa y la ideología de quienes dirigían el proceso, para comprender las causas de la derrota en una coyuntura de ascenso revolucionario.

El 5 de octubre de 2011, se publicaba en la página de opinión de El Nuevo Diario un artículo del señor Manuel Fernández V., titulado “Tendencias de izquierda en la revolución nicaragüense”, que pone a la orden del día temas que conviene aclarar desde la perspectiva socialista.

El señor Fernández, escribe: “El Estado sólo es una función de la estructura social, es una manifestación de unas relaciones sociales; y la confianza en el ‘poder’ del Estado, para las transformaciones, siempre ha sido una gran equivocación si no hay una base social suficiente que soporte el cambio”.

Obviamente, hay conceptos políticos, mal asimilados, que se expresan de manera esquemática y confusa. El Estado no es una función de la estructura social, como cree Fernández, ni una manifestación de las relaciones sociales. El sistema económico es el que produce determinadas relaciones sociales de producción. El Estado es un instrumento represivo, que expresa, de manera dinámica, la correlación de fuerza de las clases sociales. El Estado burgués asume formas que van desde la democracia burguesa hasta el bonapartismo militar (pasando por el fascismo). Formas que se adecúan dinámicamente ante la expresión política organizada de las clases sociales, bajo la presión de situaciones objetivas y subjetivas.

El Estado burgués, sin perder necesariamente su identidad de clase, se transforma, con instituciones que actúan con menor o mayor represión, conforme al auge de las movilizaciones o conforme al reflujo de la acción de las masas. Y cambiando de rostro cumple, precisamente, una función decisiva en el resultado de la lucha.

No obstante, se genera un Estado diferente, que experimenta transformaciones cualitativas como instrumento de dominación, si una revolución produce un cambio decisivo en la correlación de fuerzas y en el dominio político de las clases sociales.

Posiblemente, como en el caso de Nicaragua, la caída de la dictadura militar de Somoza, da lugar a un Estado más burocratizado que nunca, en la medida que las masas, en un país con escaso desarrollo de las fuerzas productivas, son expropiadas políticamente por el aparato del partido que se hace con el poder. Esta fuerza burocrática que expropia a las masas, constituye la expresión de la contrarrevolución en ciernes y, como tal, no es de izquierda, pese a que ideológicamente cubra en menor o mayor medida el carácter reaccionario de su programa estalinista.

El señor Fernández nos habla de un modelo, en la Nicaragua de los años ochenta, de economía agropecuaria de propiedad estatal. Bien, eso permite las bases de cierta planificación. Pero, sin la capacidad de planificación y sin la capacidad de incorporar tecnología a la producción (por falta de acumulación de bienes de capital), el modelo está desprovisto de dirección, y de agentes de desarrollo.

Nos dice que el poder del Estado en manos de la Dirección Nacional no valdría más del 50 % del poder económico de la sociedad. Pero, el porcentaje no es lo decisivo, lo primordial es la capacidad de control, la capacidad de gestión. Habría que partir del porcentaje que se es en grado de controlar con efectividad, para incrementar las fuerzas productivas.

El fenómeno que predomina en los años ochenta, en Nicaragua, es el de la burocratización. La falta de democracia no es un error, como dice Fernández. Es consustancial al fenómeno burocrático que surge de las estructuras de un poder con relativa independencia de las clases sociales.

No se puede realizar una revolución agraria, con una dirección pequeño burguesa burocratizada, corrupta. Las masas campesinas, de forma decisiva se volcaron por una contrarrevolución, que les garantizara la propiedad y la capacidad de comercializar sus productos.

Evidentemente, aspiraban a un sistema capitalista consustancial a su condición de pequeños propietarios, frente a un desastre económico del sandinismo, que por improvisación y por métodos burocráticos –no voluntaristas- eliminó el comercio interno.

La organización sandinista nunca ha podido considerarse un partido obrero. Ninguno de los nueve, que dieron en llamarse “comandantes de la revolución”, tenía formación política. Menos, aún, formación de izquierda. No habían militado jamás en un movimiento obrero, ni siquiera sindical, ni en partidos obreros. Ni tenían familiaridad con ninguna teoría social, política o filosófica. El poder cayó en sus manos ante las movilizaciones improvisadas de la juventud, que enfrentó militarmente a una dictadura aislada políticamente. Abandonada, incluso, de manera decisiva, por el gran capital de Nicaragua y por el gobierno norteamericano.

El sandinismo estaba preparado, tan sólo, para recomponer un Estado estalinista, con fuertes privilegios burocráticos, y con una ignorancia total de los problemas económicos y de la interrelación que el sistema productivo guarda con los derechos reales de las masas.

Uno de los nueve, Víctor Tirado López, escribe en la página de opinión de El Nuevo Diario, del 15 de diciembre pasado: “La victoria del 19 de julio de 1979 proyectaba un nuevo sistema social. A los sandinistas, generadores del nuevo orden, les fue imposible el cambio social y de hombres a la vez.

¿Qué significa “cambio social y de hombres a la vez”?, sino la expresión de un burócrata que está por encima de las clases sociales, que ciertamente no es de izquierda y que concibe que “un nuevo orden” se genere fuera del nivel de organización y de conciencia de los trabajadores.