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Alevosamente han aniquilado a una venerable y heroica anciana, con ilustres hijos y descendientes en Centroamérica y el mundo, y ahora se disponen a mostrar veneración por la difunta. Esto es justamente lo que está haciendo el orteguismo a través de sus representantes en el gobierno universitario, encabezado por el profesor Róger Gurdián Vijil, con la bicentenaria UNAN-León.

Digo que la han matado, porque le han cercenado atributos que son indispensables para que un centro de estudios superiores sea considerado como una verdadera universidad: libertad para la expresión de ideas, autonomía, ética, promoción de una cultura de paz y un papel de conciencia crítica de la nación. Agregado a lo anterior, hay un ominoso descuido por la calidad académica.

La coartación a la libertad para la expresión de ideas se ha hecho más que evidente con las agresiones, amenazas y obstáculos para que muy prominentes intelectuales y patriotas expongan su pensamiento en la universidad. Sucedió con Dora María Téllez, el doctor Alejandro Serrano Caldera, el doctor Sergio Ramírez Mercado y el doctor Guillermo Rothschuh Villanueva.

Como contraparte de lo anterior, la desaparición de la autonomía universitaria se aprecia en el persistente y cómplice silencio de nuestras autoridades ante expresiones de voceros del orteguismo, en el sentido de que en las universidades pueden exponer sus ideas solo personas afines al mismo.

El abandono de la ética es algo de extrema gravedad en la UNAN-León. Ocurre cuando entran en juego intereses partidarios. Una de sus manifestaciones más serias es el atropello a la legalidad y a la justicia. En este sentido, contraviniendo al Estatuto institucional, han nombrado jefes de departamentos a personas que no estaban en las ternas enviadas por los claustros de profesores; han nombrado profesores sin atenerse a los procedimientos establecidos para este fin; han seguido procesos contra tres profesores, pisoteando procedimientos y condiciones para un juzgamiento imparcial y justo, destacándose el hecho de que los actos por los que fueron acusados, tenidos como faltas graves por el Estatuto institucional, arbitrariamente fueron transformados en otros, correspondientes a faltas muy graves, que terminaron con el despido de dos de los profesores y en la renuncia de otro.

Ejemplo muy claro de lo anterior, es lo ocurrido con el profesor Rafael Salinas: fue acusado de hacer de gestos y palabras obscenas en clase, pero en el dictamen final esto fue transformado en realización de actos de violencia, injurias y calumnias. Los tres profesores procesados tienen en común que en las pasadas elecciones universitarias fueron  opositores a las candidaturas de las actuales autoridades.

En el caso del profesor Salinas, se trataba de un veterano combatiente sandinista, con 33 años de servicio en  la universidad, quien expresó de manera muy clara su preferencia por el otro candidato a Rector. Se suicidó después de su despido.

En contraste con la severidad observada hacia los profesores opositores, el gobierno universitario ha faltado en su obligación de investigar y aplicar las sanciones correspondientes, cuando se trata de profesores afines a las autoridades, o las autoridades mismas, los que han incurrido en faltas muy graves. Así, denuncias de acoso sexual de parte de alumnas no han prosperado, o han recibido sanciones bastante menores. Diferentes actos de violencia cometidos por grupos de estudiantes afines al orteguismo, no han sido investigados. El rector y algunas otras autoridades que han permitido o realizado propaganda partidaria dentro de la universidad, tampoco han sido sancionados. El caso de un dirigente estudiantil confeso de alterar una factura del combustible, no fue puesto por el rector en agenda del Consejo Universitario, como lo contempla el Estatuto.

Este abandono de la ética, manifestado en actos de ilegalidad e injusticia, tiene un efecto contrario a la misión institucional de formar integralmente a la juventud, que implica desarrollar competencias profesionales pero también un firme compromiso con la ética.

Lo anterior, sumado al incumplimiento de la promesa solemne que hicieran a la Patria de cumplir y hacer cumplir la Ley, son motivos suficientes para que la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en general pidamos la renuncia del Rector y de quienes sistemáticamente le han acompañado en estas decisiones. Esto es especialmente cierto, cuando además de cercenar atributos que le dan vida a una verdadera universidad, bajo un fementido discurso de impulsar una refundación de la universidad, se quiere dar vida a un engendro, a una verdadera antiuniversidad, en donde se fomenta la violencia, como lo hizo el rector al aplaudir al grupo de estudiantes que agredió a los profesores que marchábamos para protestar por los despidos de nuestros colegas.

Ciertamente, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sus fundadores y quienes han contribuido a su desarrollo, merecen gratitud y un gran reconocimiento, pero deben recibirlos de parte de quienes la aman y respetan, no de quienes la atropellan.

(*)Departamento de Salud Pública, UNAN-León.