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Las expectativas creadas en torno a la posible escasa presencia de dignatarios extranjeros en la toma de posesión de Daniel Ortega, están inspiradas en la evidente falta de transparencia de las elecciones --reflejada en los informes de observadores propios y extraños, más el testimonio del electorado--, están provistas de sus respectivas tendencias política-ideológicas.  Y se hace mucho énfasis, como causa de ese supuesto tropiezo diplomático, en la candidatura de lesa Constitución del presidente saliente e ilegal entrante.  

Si se hiciera obvia la ausencia de muchos gobernantes el 10 de enero, no sería obra de un milagro. Pero si, a pesar de de todo se produjera una numerosa concurrencia, solo se haría evidente la tendencia diplomática a no entrar en conflictos por pecados políticos de los cuales no todos los gobernantes están libres.

Motivado por la importancia que tiene el no reconocimiento externo del gobierno reelecto ilegalmente, hay un repunte de la ilusión de que solo la injerencia de los Estados Unidos podría impedirlo.

Esa idea margina la voluntad nacional en vez de asumirla, ante todo, por la endeble situación institucional en que ha dejado al país el fraudulento proceso electoral. Hacer ver al mundo que este gobierno no es merecedor del reconocimiento internacional, corresponde a los nicaragüenses.  

Para entenderlos --no para justificarlos--, se parte del hecho histórico-geográfico de que el nuestro es un país pequeño, pobre y atrasado dentro de la zona de influencia de la mayor potencia mundial de la historia, por lo cual si allá estornudan, acá nos debe dar catarro. Tal actitud es conocida como  “fatalismo geográfico”, y funciona con apego a lo que el nombre sugiere, o sea, al hecho de haber nacido como nación en este continente que también comparte esa nación imperial. Es una actitud de personas vinculadas a partidos tradicionales que han aceptado con fatalismo la dependencia ante los Estados Unidos ante lo cual creen, no vale resistir.

 Consecuentes con su criterio, renuncian a iniciativas independientes;  forjan su pensamiento acomodado a los criterios de la política exterior de la gran potencia, y hasta procuran no sostener relaciones internacionales que puedan molestar a sus gobiernos. El significado de actitud tan sumisa, es que, si como nación consideran a Nicaragua políticamente colonia de los Estados Unidos, como ciudadanos están condicionados para actuar como sus vasallos.

Hoy, ese criterio se expresa en el entusiasmo con que reciben las declaraciones de políticos beligerantes a favor de los intereses del gran capital gringo y, por ende, representantes de los partidos Republicano y Demócrata. Aunque, realmente, son políticos que no tienen poder de decisión, sino de presionar en su Congreso. Pero en ellos han depositado su fe en que el gobierno ilegítimo de Ortega no sea reconocido por su gobierno e influya en gobiernos amigos para que no concurran a su toma de posesión.

Aun cuando lo consiguieran, no tiene toda la importancia que le atribuyen, como la tiene el hecho de que rescatemos nuestro derecho a vivir en un país democrático, donde se respete la voluntad popular.  Y eso no significa renunciar a la convivencia pacífica y respetuosa con la potencia norteamericana, sino crear una relación digna que todo país se merece, cualquiera sea su tamaño y su capacidad económica. Debería ser así, aun cuando con ese tipo de relaciones, nuestra soberanía cruzará por las dificultades que inevitablemente surgirán, pues no hay relaciones idílicas entre naciones con diferencias de todo orden. Ni siquiera las hay entre iguales, y ahí está Costa Rica para confirmarlo.

Por el lado del gobierno orteguista, estas cuestiones no se manejan claras. Si es capaz de burlar la voluntad del pueblo nicaragüense, lo intentará también con la opinión pública internacional, y esa es una de las causas por las cuales --hasta este momento--, no tiene seguridad de esperar a muchos gobernantes, más allá del “sectarismo geográfico” de la zona del Alba y sus alrededores.

Si ya comenzaron a sumar otra victoria por la anunciada presencia del príncipe Felipe, deberían tomar en cuenta la circunstancia de que el gobierno español es nuevo, y tiene a Latinoamérica como una de sus prioridades en política exterior, y no iba a comenzar ignorando a este Gobierno, al margen de lo ilegítimo que es. Además, Felipe no viene solo a Nicaragua, por lo cual es inconcebible que por no darse una vuelta por acá, iba a provocar un desaire diplomático que como príncipe heredero no le conviene.

De modo que, sea grande o pequeña la presencia de presidentes en la toma de posesión de Ortega, no aportaría nada a su imagen de gobernante ilegítimo.  Los desplantes “antiimperialistas” de Ortega tampoco valdrán como factor legitimador de su gobierno. Y su dualidad entre sus “críticas” al “capitalismo salvaje” y su obsecuencia ante el Fondo Monetario Internacional, no molesta a los prestamistas internacionales. La democracia no les vale más que sus intereses, si no, recuérdese que Somoza y sus similares, contaron con su apoyo y no por amor a la democracia.
 
A Daniel tampoco le interesa una política exterior sostenida sobre la base de la democracia y la soberanía, sino adquirir más recursos sin control ni medida, por cuanto eso le ayuda a consolidar el poder y el culto a su persona… por los años de sus años. No amén.