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La Ley Electoral de Nicaragua establece como causal para la pérdida de la personalidad jurídica no alcanzar el 4% de los votos en las elecciones generales. En el caso de las alianzas electorales este porcentaje se eleva en relación con el número de partidos políticos que participan en la alianza y además se establece una prelación entre ellos. Es decir, si una alianza está compuesta por dos partidos, deben alcanzar un 8% de los resultados para que ambos conserven su personalidad jurídica, y en el caso de que hayan obtenido un porcentaje superior al 4% pero inferior al 8%, entonces el partido que estaba en segundo lugar en el orden de la alianza pierde su personalidad jurídica.

Tras las elecciones del pasado 6 de noviembre, el CSE anunció que ALN y APRE mantendrían sus personalidades jurídicas, ya que la CSJ decidió hace algunos años declarar inconstitucional el requisito del 4%, en consecuencia es inaplicable dicha disposición. También el CSE manifestó que el caso del Partido Conservador es diferente, porque iba en alianza con el PLC y requerían alcanzar el 8% para que ambas organizaciones conservaran su personalidad jurídica. Evidentemente hay una distinción, pero no toda distinción implica discriminación o trato discriminatorio, y por eso resulta pertinente analizar si en el caso concreto existió un trato discriminatorio.

La discriminación es la antítesis del derecho a la igualdad, adicionalmente la discriminación siempre está vinculada con el ejercicio de un segundo derecho, eso implica que al yo pretender ejercer mis derechos políticos puedo ser víctima de discriminación, lo que afecta mi derecho a la igualdad y derechos políticos simultáneamente. La discriminación puede presentarse de manera subjetiva u objetiva, la primera sustenta la distinción por razones de sexo, raza, etnia religión u opinión política (las llamadas categorías sospechosas), en cambio la segunda está vinculada con el resultado más que con los motivos de la distinción, lo que significa que la distinción no sea razonable y objetiva.

En cualquiera de los supuestos, para determinar la existencia de discriminación o trato discriminatorio, es necesario someter el caso concreto a un test de proporcionalidad. Esto implica que, en primer lugar, exista una distinción, que esa distinción no sea objetiva o razonable y por último que la distinción vulnere un derecho fundamental. En el caso de la decisión del CSE es claro que hay una distinción entre ALN, APRE y el Partido Conservador, también es claro que esta distinción afecta el derecho que tenemos miles de conservadores de organizarnos políticamente y por ese medio aspirar a detentar cargos de elección popular; la interrogante fundamental al respecto es que si el trato es objetivo y racional.

A pesar que no riñe con los derechos humanos y concretamente con los derechos políticos el hecho que los Estados impongan mínimos en las votaciones a los diferentes partidos, Nicaragua, por medio del CSJ, ha interpretado que eso atenta contra los derechos políticos de los nicaragüenses y por tanto declaró inaplicable el requisito para los partidos políticos de obtener el 4% de los votos válidos en las elecciones generales.

El CSE no debe cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador porque la alianza PLC-PC no alcanzó el 8% ya que sería una distinción discriminatoria respecto de ALN y APRE, porque no es objetivo y razonable que excuse a estas organizaciones por no haber alcanzado el referido porcentaje y por otra parte si exija su cumplimiento al Partido Conservador.

El fundamento legal para que el CSE resuelva en este sentido está contenido, en primer lugar, en el Art. 27 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad, y en segundo lugar, debido a que el Art. 46 de Constitución considera parte de la misma al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, y que estos a su vez contemplan el principio de interpretación pro-persona (aplicar la disposición más favorable a la persona); debió interpretarse que la resolución de la CSJ de eliminar los mínimos electorales para los partidos políticos también es aplicable análogamente  a las alianzas electorales, debido a que lo contrario implicaría un trato discriminatorio porque no es una distinción objetiva y razonable.

En mis años de estudiante en la universidad tenía un amigo de nombre Pedro que solía decir: “Hay pa´ todos o hay patadas”. Sin duda, una frase que describe de forma precisa y sencilla la importancia del trato igualitario.

Irónicamente, mi amigo también solía decir, para justificar decisiones incorrectas o equivocadas: “De todos modos la gente habla”. Esta última frase parece ser el criterio institucional del CSE, que ante su descrédito por los fraudes electorales perpetrados durante el régimen orteguista ha perdido la vergüenza obviando la legalidad en sus resoluciones.

Por último, me parece inconcebible que tras el anuncio del CSE respecto de la personalidad jurídica del Partido Conservador, Alejandro Bolaños y Alfredo Cesar hayan guardado un cobarde silencio y además han sido incapaces de emitir un solo comunicado al respecto. Cuando se participa de buena fe en política y se comete un error grave, las personas con principios, dignidad y respetuosos de la institucionalidad suelen renunciar.

Como miembro de la juventud del Partido Conservador demando que Alejandro Bolaños y Alfredo César renuncien y así demuestren que no representan los intereses del régimen orteguista. No hay que olvidar que el Consejo Nacional de este partido ya los destituyó y fue el mismo CSE el que los restituyó en sus cargos.

* El autor es miembro de la Juventud del Partido Conservador