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600 mil ciudadanos del país con algún tipo de discapacidad, el 12.5% en nuestro caso como país, representa una carga sanitaria severa considerando los costos directos e indirectos para su atención integral, o al menos aceptable. Hombres, mujeres, niñ@s, ancian@s con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, no solo significan una responsabilidad al país como sistema, sino también a sus familias, que casi siempre terminan asumiendo la mayor parte de los costos financieros, y la totalidad de los costos sociales y emocionales.

Al hablar de causas se está mencionando siempre las visibles y hasta didácticas: congénitas, adquiridas o mixtas.

No se abordan las causas que originan el por qué de las mismas. ¿Por qué debe nacer un niño con espina bífida y convertirse en un lesionado medular?, ¿por qué quedar amputado o fracturado de un miembro debiendo ser usuario permanente de una prótesis?, ¿por qué nacer con retraso psicomotor al ser producto de una madre o padre inhalante de pegamento o piedra o  marihuana o cocaína o alcohol?

¿Por qué padecer de un síndrome orgánico cerebral o de stress postraumático a causa de traumas repetidos en la cabeza por actividades tan lícitas y lucrativas para algunos como el boxeo, la lucha libre o el fútbol americano o la guerra misma?

Todo lo mencionado, como causa, se considera normal y aceptable en nuestro tiempo y nuestro sistema de vida. ¿Por qué?... porque algunos pocos se lucran y enriquecen con que las cosas sigan funcionando de esta manera. Y ¿quién asume al final de cuentas los gastos o costos sanitarios de esta “legalidad”?... Siempre los mismos: los ciudadanos, el pueblo.

Un simple ejercicio de fin de semana en dos escenarios diferentes nos puede ejemplificar mejor las cosas:
Escenario 1: Accidente automovilístico que provoca heridos contusos, con trauma craneoencefálico y lesión en médula espinal (no es ficción, es nada más lo que pasa un fin de semana cualquiera, o en periodos de Santo Domingo, Navidad o Semana Santa). Heridos atendidos en hospital público, con presupuesto del Estado. Escenario 2: Igual situación, excepto que heridos son atendidos en hospital privado.

Común denominador: Miles de dólares en gastos médicos, paramédicos, de medicamentos y de cuidados intensivos, intermedios y generales. En el primero de los casos son cargados al presupuesto del Ministerio de Salud, es decir, que se restan para programas de prevención y fomento de salud a la ciudadanía que no puede pagar por atención médica privada. Un crimen.

En el segundo de los casos, baste decir que son provechosos, porque pasan a las cuentas bancarias privadas de los propietarios de los negocios de salud. Un favor.

Curiosamente, al analizar las causas que llevaron a padecer accidentes a los involucrados, siempre aparece presente una sustancia que alteró la conducta y comportamiento de los implicados: alcohol, marihuana, cocaína. El desenlace final es la carga social, que es mayor y de mayor impacto: la discapacidad parcial o total.

¿Es justo que se le niegue en un centro de salud a un paciente la medicación, en su programa de control crónico, porque no hay en existencia el medicamento para controlar la presión arterial, el azúcar, el asma, la epilepsia; o que les digan que para su artritis solamente existe ibuprofeno o indometacina, bajo el riesgo de provocar un sangrado digestivo; todo porque no hay presupuesto para medicamentos un poco más caros y seguros? El presupuesto de salud debe cubrir las emergencias hospitalarias provocadas por irresponsables ebrios o bajo sustancias prohibidas.

Debe ponerse un alto en el camino para regular todo esto. Irónicamente, una empresa de telefonía celular en nuestro país inició una campaña contra el uso de celular mientras se conduce un vehículo, pero no dicen nada contra el consumo de alcoholes y cervezas al conducir, pues ese es también otra de sus fuentes de enriquecimiento.

Todos podemos prevenir las discapacidades para disminuir sus costos sociales. Hagámoslo.

* El autor es médico y cirujano.
eddyzepeda07@yahoo.com.mx