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Si la oposición oligárquica antisandinista verdaderamente creyera en el Estado de Derecho, comenzaría por unirse al gobierno del presidente Daniel Ortega en su propuesta de un referéndum sobre la reapertura de la causa que Nicaragua ganó ante Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Los autodenominados “sectores democráticos” han mostrado un olímpico menosprecio al histórico fallo que condenó la agresión de los “paladines de la libertad”, como llamaba Ronald Reagan a los contras.

En el discurso antisandinista brilla por su ausencia el fallo de La Haya y su resarcimiento de 17 mil millones de dólares. Mostrarle a la oligarquía el veredicto de La Haya es como mostrarle una Biblia a Satanás. Huyen de él como alma que se lleva el diablo.

Sabiendo que el presidente Bolaños se negó a negociar con Hugo Chávez, aprobaron una resolución negando toda deuda oficial con Venezuela. Aún así insisten en controlar el ALBA, olvidando los 17 mil millones de dólares, patrimonio del pueblo de Nicaragua.

Si creyeran en el Estado de Derecho, hubieran nombrado en tiempo y forma a los magistrados con período vencido.  Pero por prejuicios políticos desestabilizadores pretendían crear un vacío de poder y dar la imagen de un “estado fallido” y un caos inexistente.

Deliberadamente no eligieron a los funcionarios con períodos pendientes de vencimiento, se automaniataron con acuerdos partidistas hoteleros, como Metrocentro II; intentaron paralizar dos poderes del estado y pretendieron destituir al presidente Ortega.

El presidente Ortega se adelantó a la maniobra emitiendo el decreto 3-2010, el cual neutralizó y efectivamente anuló los planes desestabilizadores de la oposición. Esta fue incapaz de revertir el decreto de Ortega por más que lo intentaron.

En junio de 2005, la oligarquía actuó complacientemente cuando el presidente Enrique Bolaños, violando el artículo 164 de la Constitución, pisoteó la soberanía de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en su conflicto con el Legislativo, recurriendo a la Corte Centroamericana de Justicia, sin antes agotar el proceso jurídico nacional.

Esa oligarquía que observó pasiva la ilegalidad del presidente Bolaños contra la Corte Suprema de Justicia, es la misma que fanáticamente vocifera demandando un falso Estado de Derecho, que al pueblo no le interesa, como confirman las encuestas pagadas por ellos mismos.

Si creyeran en el Estado de Derecho, respetarían el artículo 48 de la Constitución, el cual garantiza “la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos.” El presidente Ortega tiene ese mismo derecho otorgado a los diputados.

Si la oligarquía creyera en el Estado de Derecho, respetaría a la Corte Suprema de Justicia, única facultada para resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley, según el inciso 4 del artículo 164 de la Constitución.

Se mofan de los magistrados con “período vencido” sabiendo que deliberadamente dejaron que se vencieran. Son culpables del delito de omisión e incumplimiento de funciones, aunque cobran puntualmente sus cheques pagados con el sudor de todos los nicaragüenses.

La Constitución faculta únicamente a la Corte Suprema de Justicia para interpretar la ley. Es verdad que la Corte Suprema de Justicia no puede reformar la Constitución, pero sí puede resolver los recursos por inconstitucionalidad de la ley. (Inciso 4, artículo 164 de la Cn).


Si creyeran en el Estado de Derecho, respetaría la autoridad constitucional del presidente de la república sobre la Policía y el Ejército. Al exigir que la Policía trate con guantes de seda las manifestaciones opositoras tornadas violentas, la oposición usurpa funciones que le corresponden únicamente al presidente de la república y violan el carácter apartidista de la misma, según el artículo 94 de la Constitución que dice “los miembros del Ejército y de la Policía no podrán desarrollar actividades político-partidistas.”


Si la oposición creyera en el Estado de Derecho, respetaría el artículo 97 de la Constitución que dice: “la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante... sometida a la autoridad civil que será ejercida por el presidente de la república.”


La Policía Nacional no le debe obediencia a nadie que no sea el presidente. La Policía Nacional no debe someterse a los prejuicios politiqueros de ninguna comisión de derechos humanos, ni de ninguna “sociedad civil”.
¿Continuará la oposición en este nuevo período parlamentario 2012-2017 su retórica vacía? ¿Continuará con ese discurso que el pueblo no entiende, ni le interesa entender, demostrando ser enemiga jurada del Estado de Derecho, que falsa y demagógicamente dicen defender?