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La división de la oposición procede -en los recientes años- de los infructuosos días en que fracasaron los intentos de la Unidad Liberal entre el PLC y el PLI, antes de las elecciones de 1996; luego la Unión Nacional Opositora (UNO) también se dividió, tras el acceso de sus diputados a la Asamblea Nacional. Sus tendencias políticas se agruparon en sus bancadas y algunos se plegaron al gobierno. El PLC emergió con ímpetu al frente de la Alianza Liberal y ganó las elecciones al Frente Sandinista en noviembre de 1996.

Después del PLC surgió la disidente ALN y a comienzos del siguiente gobierno el APRE. El fraccionamiento continuó, entretanto el FSLN se reagrupaba tras dos derrotas electorales. En las elecciones de 1996 quedó demostrado que el MRS nunca dividió al Frente Sandinista, al obtener solamente un concejal en el remoto municipio de Tola. En el Gobierno del Ing. Bolaños, la crisis entre el liberalismo aumentó tras las acusaciones contra el Dr. Alemán, asumidas como propias tanto por el sandinismo como por el gobierno. El sandinismo, causante de la corrupción más descarada en sus once años de gobierno -peor que la piñata conservadora de 1912-, se erigió en acusador.

El efecto de estas divisiones llegó en las elecciones de 2006. Una división sostenida en la soberbia por el principal disidente liberal y el macro-chantaje sandinista de impedir la unidad, condujeron al sandinismo al poder con el 38%. Esta división del liberalismo indicaba que desde antes de ser derrotado, sus dirigentes y disidentes ya eran una clase política que impedía -desde su propio seno- la unidad de la oposición.

Desde hace mucho tiempo estoy convencido que mientras existan curules que repartir, esta unidad opositora no será posible. Las tendencias liberales tendrían que excluir -se- desde sus senos para que la totalidad de sus aspirantes a diputados y suplentes quepan en los listados y pasen a ser asalariados de quien es el jefe de la clase política nacional.

En pocas palabras, la nuestra es una clase política cómplice del gobierno, empleada de éste, con el nombramiento de “oposición”, con un contrato de trabajo por cinco años, renovables según su comportamiento. De ahí que en el seno de la Asamblea Nacional hay diputados tránsfugas que un período son de un partido y en el siguiente de otro.

También el FSLN premia con reelección, pues representa para cada uno de ellos unos seis millones de córdobas en salarios. Desde los gobiernos conservadores posteriores al gobierno del presidente Zelaya la mayoría de políticos nacionales primero piensan en ellos, después en sus partidos y finalmente en la Patria. La pauta la dieron quienes, con el presidente Adolfo Díaz, perpetraron en su primer gobierno la primera piñata, demandando retribuciones por daños que según ellos habían padecido en el gobierno de Zelaya. Todo está documentado en las Gacetas de la época

Ahora todo ha aumentado. El pecado más grave de los acuerdos PLC-FSLN a cambio de su gobernabilidad fue la reducción al 35% del porcentaje para ganar elecciones. El sandinismo sabía que, dividido el liberalismo, nunca alcanzarían ese porcentaje. Más que un error, este fue un craso pecado político, porque es cierto que el PLC no necesitaba reducir su techo electoral, pero el FSLN sí, y el PLC se lo concedió. Ahora, ahí está el repudio del pueblo a este partido.

El acuerdo incluía además la presencia de partidarios e incondicionales en las Instituciones. Dividida la oposición, el orteguismo aprovechó y, a fines de 2010, Ortega, actuando ilegalmente decretó que mientras no fueran electos por la Asamblea Nacional, los funcionarios salientes permanecerían en sus cargos, a excepción de los diputados.

La estructura del gobierno comenzó a actuar de facto. Después Ortega violó la Constitución presentándose como candidato, a pesar que le es prohibido por el 147 Cn; a pesar de que no renunció a su candidatura un año antes; a pesar de que no declaró sus bienes, y a pesar del contenido del Arto. 182: “...No tendrán valor alguno las Leyes, Tratados, Órdenes o Disposiciones que se le alteren [a la Constitución].

Ortega es un presidente de facto, todo su gobierno es ilegal. Asestó un lento golpe de Estado a las instituciones. La clase política está integrada por unas 200 personas, y todas tienen un componente común: actúan de facto, sirven a la ilegalidad de un gobierno a cambio de jugosos salarios. Esta clase política es la que tiene paralizado al país.

* El autor es periodista, abogado y notario.