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La reciente aparición del cadáver de un campesino conocido como Pablo Negro, supuestamente vinculado con las actividades de grupos armados en el norte del país, más allá del costo humano de estos hechos de violencia, trae a colación una situación de innegable significación política.

Según la posición gubernamental, se trata de actividades delincuenciales. Sin descartar que haya tal tipo de actividades, tampoco se puede desdeñar lo que autoridades de la Diócesis de Estelí y otras fuentes de esa región han afirmado: que hay grupos armados por razones políticas. Esas informaciones, que empezaron a trascender desde el fraude de las elecciones municipales de 2008, se han intensificado después del proceso electoral de 2011, que estuvo plagado de irregularidades.

Más allá de lo paradójico que resulta utilizar, por parte de un gobierno denominado sandinista, el mismo calificativo  -“bandoleros”-  con el cual se denominó a los seguidores del General Sandino, la situación requiere cuidadosa atención, porque las preguntas obligadas son la siguientes: ¿Porqué hay ciudadanos, como en efecto todo parece indicar los hay, que están recurriendo a la lucha política armada? ¿No era que después de los horrores de la guerra civil de los 80, por la vigencia de instituciones y mecanismos democráticos, habíamos puesto fin a la necesidad de recurrir a la violencia política armada?

La respuesta inmediata para atajar esa peligrosa deriva a la violencia es el diálogo que ya ha sido sugerido desde diferentes instancias. Pero la respuesta de fondo, para que el diálogo no luzca como una emboscada, y para que lo urgente no sustituya una vez más a lo importante, es rehacer las condiciones de vida democrática, que hacen innecesario e injustificable recurrir a la violencia como instrumento de lucha política.

Lo anterior es más pertinente aún porque en noviembre están previstas elecciones municipales, y si no se garantizan condiciones que aseguren su credibilidad y confianza, y continúa el alarmante cierre de los espacios democráticos, nada podrá impedir que en algún momento nuestro país vuelva a caer en sus recurrentes ciclos de inestabilidad y confrontación violenta.

Agréguese que recientes informaciones económicas han puesto en evidencia que pese a la bonanza exportadora, hoy nuestro país es más dependiente de la asistencia externa. Y si las irregularidades en el proceso electoral de 2011 ya están dejando sentir sus negativas consecuencias reales, y peor aún las potenciales, en cuanto al financiamiento externo, un proceso electoral municipal semejante podría ser la gota que rebalse el vaso.

Estamos, entonces, frente al riesgo de dos errores mayúsculos: por parte del gobierno, que no evalúe correctamente la gravedad de las consecuencias, nacionales e internacionales, de continuar cerrando los espacios políticos democráticos, los electorales en particular.

De parte de la oposición, en el sentido amplio y no solamente la política, que se conforme con cambios en las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), que podrían resultar cosméticos si no se presta atención a las otras condiciones  -depuración del padrón, cedulación, respeto a la personería de la Alianza PLI, observación electoral, plazos apropiados, acreditación de fiscales, etc-    que permitirían recuperar para el país el futuro electoral que por ahora no tiene.

El CSE ha anunciado para inicios de febrero la convocatoria a las elecciones municipales. Si por precipitarse a favor del partido de gobierno, los términos de referencia de esa convocatoria no prestan atención a las recomendaciones que para mejorar el sistema electoral han hecho diferentes instancias nacionales e internacionales, una singular oportunidad para no recaer en los ciclos más perversos de nuestra historia se habrá perdido.

Lo deseable, entonces, si de pensar en Nicaragua se trata, es que se convoque a las elecciones municipales en términos generales, dejando margen de maniobra y tiempo para cumplir con el mínimo de recomendaciones que harían de esas elecciones una verdadera oportunidad democrática.

El gobierno tiene la palabra.