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El 30 de noviembre de 1999, la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunió en Seattle para lanzar la novena ronda de negociaciones comerciales. Las negociaciones no tuvieron éxito y fueron rápidamente eclipsadas por las masivas protestas que se desarrollaban en las calles de aquella hermosa ciudad. La ciudadanía de los países desarrollados estaba protestando por asuntos globales relacionados con la igualdad y pobreza. La escala de aquella manifestación hacía palidecer cualquier otro precedente.

En las palabras del Premio Nobel de Economía Josep Stiglitz, “de repente la brecha entre pobres y ricos se estaba convirtiendo en algo escandaloso en la conciencia pública”. Este fue uno de los motivos para que se llevara a cabo en septiembre de 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, donde los líderes mundiales situaron la reducción de la pobreza en el corazón de la agenda global, al adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Es así que la incorporación de las preocupaciones sobre el desarrollo a las nuevas rondas de negociaciones de la OMC era una parte natural de un programa de acción colectiva global para reducir la pobreza. Es por ello que la mejor manera de ayudar (o por lo menos no perjudicar) el desarrollo de los países pobres es mediante condiciones comerciales más igualitarias para no usar el término “justo”, que hoy en día se ha convertido en un fetichismo.

Es en este marco que en noviembre de 2001 empezó la mal llamada “Ronda de Desarrollo de Doha”, donde los países industrializados, al supuestamente reconocer las desigualdades creadas en negociaciones previas, acordaron una agenda que según afirmaban reflejaría las preocupaciones de los países en desarrollo, pero al momento de llevar la retórica a la práctica se observaron claramente sus pobres intenciones de ayudar (o por lo menos dejar de perjudicar) a los países en desarrollo.

Para que los acuerdos fueran beneficiosos para los países en desarrollo, se requería que llevaran a una reducción de los aranceles en los países desarrollados sobre los productos que los países pobres pueden exportar competitivamente. Se trata principalmente de bienes producidos gracias al uso intensivo de mano de obra, es decir, bienes que son baratos de producir en países en los que los salarios son.

Los resultados se observaron en septiembre de 2003 cuando la OMC celebró otra reunión de ministros en Cancún, México. En esa ocasión las negociaciones terminaron abruptamente luego de cuatro días sin acuerdos, y con un irreconciliable conflicto. La mayoría de los países en desarrollo de este encuentro sintieron que EU y Europa habían renegado de las promesas hechas en Doha. ¿Pero qué fue lo que hizo a esta negociación diferente a las anteriores?, ¿qué fue lo que causó la negación de los países en desarrollo a seguir aceptando acuerdos comerciales injustos? La respuesta es simplemente la hipocresía de los países desarrollados.

Dos temas venían provocando un agrio debate y atrayendo una considerable atención pública adversa. En primer lugar están los devastadores efectos que en 2001 las subvenciones al algodón en EU provocaron sobre los países africanos dependientes de la exportación de ese rubro. El segundo es un poco más sutil pero no menos destructor: poco después de las últimas negociaciones comerciales llevadas a cabo en el marco de la Ronda de Uruguay (1986-1994), los países en desarrollo se alarmaron de cara a las obligaciones que les imponía bajo concepto de costos de implementación los acuerdos de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Dicho acuerdo requería que todos los estados miembros garantizaran una fuerte protección a los derechos de propiedad intelectual. Una norma sobre la que existe una extendida opinión de que inhibe la transferencia de tecnología agravando la brecha tecnológica entre países pobres y ricos, afectando el crecimiento a largo plazo de los países en desarrollo, y condenando a la sociedad a soportar niveles de desigualdad cada vez mayores.

Hoy en día la Internet es la principal fuente de transferencia de conocimientos a través del mundo, permitiendo la reproducción de información con un costo marginal casi nulo. Bloquear este medio de transferencia de tecnología, aduciendo protección de derechos de propiedad, es un medio descarado de aplicar de facto medidas que no se han aprobado en el marco internacional, medidas que tendrán efectos devastadores en el desarrollo de los países pobres.

Es por ello que hay que estar atento al progreso que las leyes SOPA y PIPA tendrán tanto en la Cámara de Representantes, como en el Senado de los Estados Unidos.

* El autor es Profesor de Macroeconomía de la Universidad Centroamericana (UCA)