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El caso de una disputa de propiedad en torno a una cuantiosa inversión turística en las playas de Tola, departamento de Rivas, en que aparece la Procuraduría General de la República alegando derechos de propiedad del Estado, no es un caso aislado. No se sabe cuántos casos relativamente semejantes hay, pero no son pocos. El tema volvió a ser noticia el recién pasado año, con motivo de unas tierras en el nuevo centro de Managua. Pero son muchos los otros casos que, por no tener la envergadura y vistosidad de las personas involucradas no trascienden a la opinión pública con la misma notoriedad, o no trascienden del todo.

La problemática tiene diversos aspectos, muchos de los cuales han sido enfocados. El más notable, la inseguridad jurídica y sus consecuencias negativas sobre las inversiones, el empleo y el crecimiento del país.

Quisiera comentar tres aspectos que subrayan la gravedad de lo que está ocurriendo.

Que la Procuraduría General de la República intervenga ejerciendo supuestos derechos que proceden de los procesos confiscatorios de los años 80, es volver a confiscar. Esto viola expresamente la Constitución, que precisamente y para espantar el fantasma de las confiscaciones, fue reformada en 1995 y en su artículo 44 expresamente establece: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

El segundo aspecto es que hay fundadas sospechas de las intervenciones de la Procuraduría tienen carácter selectivo, al impulso de una peligrosísima confusión entre intereses privados de personeros de los círculos gobernantes y supuestos o reales intereses del Estado. Esto, además de ser corrupción, tiene un carácter represivo porque cualquier ciudadano se puede preguntar: ¿cuándo me tocará a mí? Y de ese riesgo no se escapa nadie, ni grandes, medianos y chiquitos, porque hemos visto casos en que se usan poderes procedentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), o de mafias sindicales, o de alcaldías, para emprenderla contra transportistas, pequeños y medianos propietarios,  concesionarios de tramos en los mercados y de licencias de comercio callejero.

El tercer aspecto es reabrir una de las recurrencias históricas que, junto a la violencia política, más daño ha hecho al desarrollo económico y la convivencia pacífica de los nicaragüenses. Me refiero a los procesos de redistribución de los derechos de propiedad y del  poder económico a través de procesos confiscatorios. Los hubo varios en el siglo XX, y es dramáticamente negativo que repitamos esos ciclos perversos.

En mi modesta familia ocotaliana, de origen liberal, se me inculcaron odios a los conservadores, que afortunadamente no duraron en su calado personal, por viejas confiscaciones derivadas de nuestras guerras civiles. Con Fabio Gadea lo comenté varias veces, en nuestras largas jornadas de campaña electoral. Y no siendo beneficiario directo ni indirecto de los procesos confiscatorios del gobierno sandinista, del cual formé parte, me sentí con la fuerza para proponerle a Fabio que en nuestro eventual gobierno nunca volveríamos a mirar hacia atrás en materia de derechos de propiedad, para no reabrir ese ciclo perverso, y sembrar así las semillas de la confianza política y la seguridad jurídica  que nos permitirían invertir lo suficiente para generar los suficientes empleos que permitan terminar con la pobreza.

El gobierno de Ortega, en cambio, está haciendo todo lo contrario, creando las condiciones para que haya más pobreza y más pobres. Y para que se reabran los círculos más bárbaros de nuestra nada envidiable historia.  

* El autor es economista y político.