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Ante la actitud hostil sistemática con que el gobierno de Costa Rica trata de desautorizar y desacreditar a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con motivo de la demanda que en su contra interpusieron ante ella dos organismos no gubernamentales ambientalistas de Nicaragua, por la contaminación del Río San Juan, caben las siguientes consideraciones:

1. Con relación a la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia: Costa Rica, junto con los demás países de la Centroamérica histórica más Panamá, suscribieron el 13 de diciembre del año 1991, en Honduras, el Primer Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), conocido como Protocolo de Tegucigalpa (PT), por el cual decidieron reformar dicha Carta conviniendo en constituir el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (art.1 PT).

Suscribió el protocolo por Costa Rica su presidente, don Rafael Ángel Calderón Fournier. Ratificado por su Asamblea Legislativa, Costa Rica hizo el depósito del instrumento de ratificación el 26 de junio de 1995 en la sede del SICA (art. 36 PT).

Entre los órganos establecidos para la realización de los fines del SICA está la Corte Centroamericana de Justicia (art. 12 PT).    

El artículo 35 reformado del PT establece que “las controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente protocolo y demás instrumentos… deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia”.

Si bien Costa Rica no suscribió el estatuto de la CCJ para regular su “integración, funcionamiento y atribuciones”, está obligada a someterse a su competencia puesto que en el Protocolo de Tegucigalpa co-decidió su creación y funcionamiento. Y siendo el protocolo un Tratado Regional, debe acatar sus resoluciones, conforme al Principio de Derecho Internacional Público consignado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “Pacta sunt servanda” (art. 26 de la Convención). Costa Rica es Estado Parte de dicha Convención y sigue siendo Parte del Protocolo de Tegucigalpa, por lo que debe someterse a sus disposiciones.

En controversias anteriores en el campo de la integración, en las que el Estado de Costa Rica ha sido parte, la Sala Cuarta Constitucional de la CSJ de Costa Rica ha resuelto que la CCJ tiene competencia para conocer y resolver de casos de integración, que involucran al Estado de Costa Rica. O sea que su mismo máximo Órgano Jurisdiccional Nacional, la CSJ de Costa Rica, reconoce y admite la competencia de la CCJ.

2. Con relación a las calidades personales, profesionales y éticas de los magistrados de la CCJ. Los magistrados de la CCJ son electos en sus respectivos países por las Cortes Supremas de Justicia, principalmente de entre magistrados o exmagistrados de las mismas CSJ de alto prestigio personal y profesional, basándose primordialmente en la capacidad profesional, la experiencia de ejercicio y la rectitud probada, cualidades que, en suma, deben adornar y caracterizar a todos los servidores públicos de cualquier parte o instancia administrativa del mundo.

Los actuales magistrados de la CCJ no son la excepción respecto de las cualidades que deben tener los integrantes de dicho magno foro de justicia. Con conocimiento de causa  puedo decir, con sentido de justicia y amor de la verdad, que todos ellos reúnen cabal y satisfactoriamente tales requisitos y son garantía de que la justicia funciona a plenitud en las controversias o diferendos que surgen en el ámbito del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y son planteados ante la CCJ.

Resulta contradictorio que el gobierno de Costa Rica haga un periplo de visitas a los gobiernos de los demás Estados centroamericanos, queriendo convencerlos de la veracidad y bondad de su torcida actitud, basándose en la antojadiza labor de desprestigio de aquellas personas representativas de dichos países, que han sido elegidas por sus méritos y virtudes e integran como magistrados a la CCJ.

El gobierno de Costa Rica, o no tiene asesores expertos en temas de integración que le puedan orientar bien al respecto, o teniéndolos, no le interesa oírlos, pues se resiste a asumir conciencia de la necesidad de la integración como esperanza del futuro de Centroamérica.

En Costa Rica hay excelentes especialistas en integración, que colman las cátedras universitarias y escriben estupendas y enjundiosas obras sobre la materia, incluso hay uno que fue vicepresidente de la república. Lo que el Gobierno de Costa Rica tiene que hacer en materia de integración es asumirla y dejar de dar coces contra el aguijón.

Managua, 07 de febrero del 2012.
* El autor es magíster en Derecho de Integración Regional.