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Tras el fraude electoral de las elecciones generales de noviembre pasado, hubo lamentables hechos de violencia entre los que destaca el asesinato de tres dirigentes opositores en la comunidad El Carrizo (San José de Cusmapa, Madriz), donde se vio involucrado el secretario político del FSLN de la zona. Recientemente se emitió sentencia por dichos asesinatos y para la opinión pública resultó inaudito que la condena judicial por los delitos de homicidio, lesiones graves y portación ilegal de armas fuera de tres años y medio, cuando de conformidad al Código Penal la pena debió oscilar entre 13 y 21 años.

Pero más allá de la indignación y el mensaje político del régimen, es necesario darle un enfoque de derechos humanos; en primer lugar porque las víctimas son personas como cualquiera de nosotros, y nadie está exento de situaciones similares; en segundo lugar porque a la luz de un caso paradigmático se pueden resolver problemas estructurales de la administración de justicia.

La Constitución Política consagra una serie de derechos a nuestro favor, pero cuando son violentados tenemos derecho de acceder a la justicia para demandar su restitución o nuestra satisfacción respecto de la afectación causada. No obstante, ese derecho de acceso a la justicia debe ser en igualdad de condiciones, independiente e imparcial para que sea verdaderamente efectivo.

El alcance conceptual de esos principios puede encontrarse en la Observación General Número 32 de julio de 2007 emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el párrafo 9 el Comité sostiene que: “El acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos esos casos para asegurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al procedimiento de su derecho a exigir justicia”.

Pero garantizar efectivamente el derecho de acceso a la justicia no implica solamente que un juez conozca de una causa, sino que la actuación judicial sea apegada a las leyes y tome sus decisiones de manera independiente e imparcial. El Comité refiere en la misma observación, en el párrafo 19 que: “Toda situación en que las funciones y competencias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero, es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”.

¿Creen ustedes que contamos con un Poder Judicial independiente partiendo del hecho de que Ortega prorroga vía Decreto Ejecutivo los períodos de los magistrados de la CSJ en abierta contradicción a la Constitución? ¿Qué independencia existe cuando los magistrados hacen bancadas partidarias dentro de la CSJ? ¿Creen que existe independencia considerando que estos mismos magistrados designan a los jueces en base a su militancia partidaria?

En este caso, la falta de independencia judicial conduce también la falta de imparcialidad, la que es definida por el comité en el párrafo 21 al establecer que: “los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra”.

¿Cómo se puede demandar imparcialidad de un juez, si él considera que el acusado es su “compañero”? ¿Qué imparcialidad puede existir si el juez considera que quienes demandan justicia son opositores y no ciudadanos con derechos?

Estamos ante una simulación judicial conocida como cosa juzgada fraudulenta, la cual tiene la finalidad de evitar se castigue con la sanción correspondiente a los autores de los asesinatos. En consecuencia, corresponde a los tribunales de alzada corregir esta injusticia anulando el  juicio, de lo contrario, lo más seguro es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende la reposición del juicio, so pena de la eventual declaración de la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por denegación de justicia.

Ese incomprensible pacto entre Alemán y Ortega hirió gravemente la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y por ende el derecho de acceso a la justicia de todos los nicaragüenses. No obstante, el autoritarismo del orteguismo no sólo ha profundizado esta crisis, sino que además alienta a tomar la justicia por propia mano. En Nicaragua es urgente restablecer un sistema de justicia confiable.

* El autor es miembro de la juventud
del Partido Conservador.