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Sin duda, el país tiene muchas prioridades que atender en diferentes ámbitos. En el social, la prioridad indiscutible es estructurar un plan serio, sin tintes populistas, para combatir las causas estructurales de la pobreza, que afecta al 47% de nuestra población. Los publicitados programas sociales del gobierno solo benefician al 12% de la población. Este plan tiene que contemplar la generación de empleos dignos, de manera que el pueblo no dependa de medidas asistencialistas, que no atacan las raíces profundas de la pobreza.

En el área de la economía, corresponde plantearse la búsqueda de proyectos que mantengan la sanidad de la macroeconomía pero que, a la vez, contribuyan a mejorar la microeconomía, que es la economía de cada familia, la más estrechamente ligada con el bienestar de la población.

Y en cuanto a la educación, hay un amplio consenso acerca de la necesidad de invertir más en todos los niveles del sistema educativo, destinando a la educación, al menos, el 7% del Producto Interno Bruto, y promover una gran concertación nacional educativa que nos permita, mediante el esfuerzo de todos, cumplir en el año 2015 con el Segundo Objetivo de los Retos del Milenio: “La universalización de la educación primaria con calidad”. Pretender, como lo establece la estrategia educativa del MED, que lo vamos a alcanzar en el curso del presente año, es una ilusión, a no ser que no manejemos seriamente las estadísticas educativas.

Cada vez es más evidente que lo que sucede en el campo político condiciona el éxito en todos los demás campos, desde luego que no es posible concebir ningún desarrollo económico y social sostenible si el país no goza de una auténtica gobernabilidad democrática y de instituciones que generen confianza y estabilidad. Esto significa Estado de Derecho, respeto a los Derechos Humanos, independencia de los poderes, correcta administración de justicia y sistemas electorales transparentes que permitan dirimir las diferencias políticas mediante el ejercicio democrático del sufragio. Política y Economía están estrechamente ligadas. No entender algo tan elemental puede resultar muy caro para un país y su sector empresarial.

¿Y cuál es, en estos momentos, la prioridad en el campo político? A mi entender, la primera prioridad, por razones de que estamos en un año electoral, es restablecer la plena confianza de la población en los procesos electorales. La desafortunada experiencia de las elecciones de 2008, 2009 y 2011 es más que suficiente razón para afirmar que en estos momentos esa confianza no existe o está sumamente deteriorada, lo que constituye un grave problema para la existencia de la democracia en Nicaragua.

Nicaragua suscribió y ratificó la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 3 incluye, entre los elementos esenciales de la democracia representativa: “la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.

En Nicaragua, desde las elecciones municipales de 2008, no hemos tenido elecciones libres y justas. La voluntad soberana del pueblo ha sido burlada mediante procesos carentes de transparencia, organizados por los actuales magistrados de facto del Consejo Supremo Electoral. La Declaración de la Misión de Observación de la Unión Europea del 17 de noviembre de 2011 fue muy clara al respecto y lamentó “la escasa transparencia de las autoridades electorales nicaragüenses”. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su Comunicado del 16 de noviembre de 2011, categóricamente manifestó que el Consejo Supremo Electoral: “no ha sido capaz de ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad”.

Si los responsables principales del descalabro de nuestros procesos electorales son los magistrados de facto que componen el actual CSE, no cabe duda que en estos momentos la  prioridad es formular una estrategia de lucha cívica, en la que participen las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos democráticos, para lograr, lo más pronto posible, la sustitución de todos los actuales magistrados de facto por ciudadanos honestos, competentes, de intachable trayectoria y suficiente independencia para que reorganicen el Poder Electoral, garanticen unas elecciones municipales justas y transparentes y, de esta forma, se devuelva a la ciudadanía la confianza en los procesos electorales. Si un pueblo no tiene el cauce cívico de las elecciones para superar sus diferencias puede caer en la tentación de buscar otros cauces que podrían hacernos regresar a un ciclo de violencia que nadie quiere. Entonces, aún es tiempo para encontrar la solución correcta. Esto nos interesa a todos, incluyendo el actual gobierno, cuya legitimidad está seriamente cuestionada nacional e internacionalmente.

Managua, febrero de 2012.
* El autor es abogado, educador y escritor.