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Desde hace algún tiempo se ha venido denunciando la grave infracción de la norma constitucional que concede a todo detenido el derecho “a ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención”.

Aunque no parece que estemos frente a una práctica generalizada, es evidente que existen casos documentados sobre conductas que atentan contra el valor fundamental de la libertad individual; así, en primer lugar, cuando el privado de libertad es puesto a la orden del juez después del término constitucionalmente establecido y, en segundo lugar, cuando habiéndose emitido una orden de libertad a favor de un sujeto que ha resultado no culpable en un juicio, las autoridades penitenciarias se niegan abiertamente a cumplir con la resolución judicial.

En este sentido, hay que destacar que el primero de los casos planteados, esto es, la detención del sujeto más allá del plazo de las 48 horas, ha generado soluciones ambivalentes en el proceso penal, ya que –tras confirmar el vencimiento de dicho término– algunos jueces de audiencia imponen medidas cautelares como la prisión preventiva, mientras que otros ponen en libertad al acusado cuando son intimados por el Juez Ejecutor nombrado al efecto, por mor de un hábeas corpus.


A favor de la imposición de medidas cautelares se alega –invocando la Sentencia de la Corte Suprema nº 10, de 24.05.2004– que el juez no queda impedido de dictar prisión preventiva, ni pierde sus facultades por actuaciones ilegales de otras autoridades que le precedieron en el conocimiento del caso y que el vencimiento del término de las 48 horas tampoco impide al Ministerio Público ejercer la acción penal.

En un esfuerzo de síntesis propondré la solución que considero más correcta: Para dilucidar la cuestión conviene recordar que el Hábeas Corpus tiene como finalidad esencial proteger la libertad, integridad física y seguridad del ciudadano frente a potenciales o efectivas violaciones. De la tramitación del citado recurso surge la figura del “Juez Ejecutor”, quien es la autoridad competente para ordenar la exhibición del detenido e incluso su puesta en libertad, de manera que podría afirmarse que dicho Juez asume una función jurisdiccional ad hoc, muy distinta a la función jurisdiccional que ejerce el Juez de Audiencia.

En efecto, mientras al Juez Ejecutor le está encomendada exclusivamente la protección del ciudadano frente a posibles actos arbitrarios contra su libertad, el Juez de Audiencia tiene la misión de realizar toda una serie de actos procesales propios de la audiencia preliminar: conocer la acusación, garantizar el derecho a la defensa e imponer medidas cautelares.

Cuando el imputado es puesto a la orden del Juez de Audiencia, después de 48 horas de detención, lo procedente es –a mi juicio– la celebración de la audiencia preliminar con todo lo que ésta implica, de manera que no habrá obstáculos –siempre que concurran los presupuestos materiales– para que el Juez pueda imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

La propuesta de realizar la audiencia preliminar se deriva precisamente de las funciones atribuidas al Juez de Audiencia y de las facultades del Juez Ejecutor reguladas en la Ley nº 49, de Amparo, que recoge toda una serie de situaciones e indica en cada caso el modo en que dicho juez debe proceder (art. 63); de esta forma podríamos interpretar que una situación como la planteada está regulada en la Ley de Amparo, cuando faculta al Juez Ejecutor a que ordene que el detenido pase inmediatamente a la orden de la autoridad que corresponda o que sea puesto en libertad en caso que estuviera a la orden de la autoridad competente, pero con el término de ley vencido.

La consecuencia de esta interpretación es que cuando el Juez de Audiencia se dispone a celebrar la audiencia preliminar con un imputado que ha permanecido detenido por más de 48 horas, la intimación del Juez Ejecutor ha de estar dirigida a las autoridades que hasta ese momento habían ejecutado la detención, mientras que el Juez de Audiencia ha de ser tenido como la “autoridad” ante quien debe remitirse al detenido ilegalmente, por lo que la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar ya no será ilegal, pues habría sido aplicada en el marco de las funciones jurisdiccionales constitucionalmente reconocidas.

No obstante, la solución sugerida no implica que la privación ilegal de libertad se esfuma, como si no hubiera existido, sino que estaríamos frente a un delito de detención ilegal del que debe responder la autoridad o funcionario que la hubiera practicado.

* El autor es doctor en Derecho Penal,
Universidad de Alcalá (España).