Jorge Eduardo Arellano
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A pocos meses de la celebración de las elecciones municipales en todo el territorio nacional, el común denominador de las diferentes campañas locales ha sido la falta de propuestas concretas y programas específicos de desarrollo para cada municipio.

Cada uno de los municipios del país presenta un panorama complejo debido a la fuerte incidencia de la pobreza, en especial en la zona del Pacífico urbano, la zona Central rural y la zona rural del Atlántico. Sin embargo, los diferentes candidatos a alcaldes en todo el país no se hacen eco de las necesidades de cada población.

Los grandes lineamientos políticos y la estrategia electoral, tanto de los candidatos oficialistas como de la oposición, son dictadas desde Managua. Desde la capital, los estrategas políticos no tienen contacto con los problemas de los municipios más alejados del país. Sumado a ello la restricción de la oferta electoral a los votantes nicaragüenses ha venido a agravar el problema. El juego político actual ha dejado fuera a muchos partidos pequeños a los que se les ha eliminado de la carrera electoral municipal y reducido la oferta política a dos alternativas que mantienen grandes segmentos de votantes cautivos, mismos que no necesitan de programas ni propuestas para asistir en masa a votar por los candidatos de su partido.

Para avanzar en la lucha contra la pobreza, en cada municipio se necesita identificar las oportunidades que se tienen para tratar de integrar a los actores locales y generar una sinergia de desarrollo, sobre todo en las zonas rurales, en donde los problemas son enormes y muy puntuales: la falta de crédito para la producción, la falta de acceso a los servicios de salud, falta de acceso a la educación. Las distintas instituciones del Estado como el FISE, o el Inifom, no han tenido mayor incidencia en la reducción de la pobreza, sobre todo en el ámbito rural. Los proyectos que estas dos instituciones estatales llevan a cabo están, en general, sesgados políticamente, y los diferentes alcaldes del país, sobre todo los de oposición, tienen muy poca beligerancia para tratar de revertir esta situación.

Si hubiera voluntad política para enfrentar eficazmente la pobreza en las zonas rurales, por ejemplo, las Alcaldías podrían perfectamente convertirse en eslabones valiosos para que ciertas iniciativas o políticas del gobierno central tuvieran mucho más impacto y efectividad.

El Banco de Fomento, por ejemplo, que no existe más que en papeles; podría alcanzar una cobertura muy rápida y eficaz si se apoyara en la infraestructura de las municipalidades, las que podrían levantar los censos sobre los productores y sus capacidades productivas y necesidades de financiamiento; clasificar esta información, mantenerla actualizada y canalizarla hacia las instancias centrales de decisión del Banco. Incluso este banco podría rápidamente entrar en fase operativa a través de convenios con las Alcaldías, para facilitar la apertura de ventanillas de crédito en la mayoría de las sedes de las municipalidades y así reducir los costos de implantación de sucursales en los diferentes municipios del país.

De una manera general, se necesitaría que cada municipio contara con un plan de desarrollo local concertado y de consenso entre los principales actores locales. Un plan que pudiese ser retomado a lo largo de diferentes gobiernos municipales. Esto supondría una cierta independencia política a nivel municipal con respecto a Managua, misma que permitiría establecer prioridades y estrategias para el desarrollo local, cosa que en las actuales circunstancias se ve muy difícil de lograr en vista de la política de control férreo desde la sede del gobierno central.

Algunas iniciativas muy interesantes se pierden de un gobierno a otro por falta de continuidad o interés por parte de las autoridades entrantes. En el año 2004, por ejemplo, en la municipalidad de Masaya se habló de un proyecto para desarrollar en área del Malecón de la ciudad (ver END del 15 de mayo de 2004). Este proyecto se presentó y se estuvo negociando con varios organismos internacionales en búsqueda de financiamiento. Se contemplaba la construcción de infraestructura turística en la zona --que se ha visto afectada en los últimos años por un alto índice de delincuencia común y peligrosidad para los visitantes--, así también la desviación de los cauces que contaminan la cuenca de la Laguna de Apoyo, reforestación y otras medidas de protección y conservación ambiental.

Con el cambio de autoridades municipales, que ahora son de otro partido político, el proyecto fue prácticamente abandonado. Las oportunidades para las micro y pequeñas empresas de aprovechar el potencial turístico y económico de este proyecto no fueron aprovechadas y, lo peor, se sigue contaminando la cuenca de la Laguna de Apoyo.

Casos como éste se repiten en varios municipios. Es por eso que es necesario que las autoridades locales dejen de ver hacia Managua y se concentren más en la problemática y en las oportunidades que se presentan en cada uno de sus municipios.

*El autor es especialista en economía gubernamental y administración financiera pública. Catedrático invitado de la Universidad Autónoma del Noreste, México.