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Entre los poquísimos nicaragüenses que saben de la existencia de la Corte Centroamericana de Justicia, vale la pena señalar que un número muy elevado de estos no sabe cuál es el ámbito legal en que se desenvuelve su actividad, sobre todo, tomando en cuenta que la Constitución Política de Nicaragua, al no hacer consideración alguna sobre ella y sin mencionarla siquiera, deja por ese solo hecho incólumes y en plena vigencia, algunas de sus disposiciones torales e insalvables para la existencia misma de nuestra identidad dentro del espacio legal en que nos desenvolvemos.

Es imposible concebir la existencia de un tribunal de justicia que se erige como una instancia superior a nuestros tribunales y a toda la estructura legal de nuestro Poder Judicial, sobre todo si seriamente tomamos en consideración lo que dispone el artículo 159 de nuestra Constitución Política, que literalmente, dice: “Los tribunales de justicia forman UN SISTEMA UNITARIO, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia”.

Reforzada dicha disposición con lo que al efecto también prescribe en su artículo 182, que expresa y literalmente dispone: “La Constitución Política es la Carta Fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. NO TENDRÁN VALOR ALGUNO la leyes, TRATADOS, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.

Si nos atenemos al viejo apotegma que nos legara el derecho romano, que sigue siendo hasta hoy un axioma legal, de que “donde la ley es clara, no es lícito hacer interpretaciones”, no nos queda más que reconocer que el cuerpo estatutario de la Corte Centroamericana de Justicia es ilegal e irrelevante, y que, mientras no se reforme su contenido, no tendrá fuerza legal alguna para pretender seguir imponiéndose como una realidad jurídica.

Los juristas despistados defensores de la Corte Centroamericana de Justicia y, muy particularmente los magistrados de la misma, que se parapetan con místico apego a lo que constituye la norma internacional del “Pacta Sunt Servanda”, maliciosamente obvian, y pretenden olvidar, que para frenar en el tiempo los alcances de los tratados internacionales, existe el principio “Rebus sic stantibus”, que impone a los tratados internacionales los limites indispensables para el logro de la lógica adecuación de los mismos, al entorno y circunstancias que constituyan la realidad actual de sus objetivos.

El hecho cierto es que, entre la minoría que sí sabe que existe la CCJ, va aumentando progresivamente el desaliento y la desconfianza en sus actuaciones, la mayor parte de ellas consideradas como expresiones líricas a las que nadie toma en serio. La inconformidad y la desconfianza no se deben tanto al hecho de que en el artículo 22 de su Estatuto, que trata de “Las competencias y otras facultades”, asume un protagonismo de tan desenfrenada omnipotencia, que sobrepasa en gran medida las potestades y competencia del Tribunal Supremo Celestial.

No se debe tampoco al hecho de que el periodo de los magistrados que la integran sea de diez años (un año más del periodo de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el más alto tribunal del mundo), ni por los altísimos sueldos que devengan, a los que hay que agregar los variados y especialísimos privilegios, que se extienden, por disposición del artículo 28, a funcionarios administrativos a quienes ella arbitrariamente designe con el carácter de funcionarios internacionales, con derecho a gozar también de inmunidades y privilegios.

No se debe a la omnipotencia e infalibilidad de que la dota su Estatuto, que la faculta a decidir sobre su propia competencia para conocer y pronunciarse sobre cualquier materia, haciendo caso omiso de la Constitución Política y demás cuerpos legales por los que se rigen cada uno de los Estados que la integran, dando a sus sentencias, resoluciones, y hasta a las opiniones que evacua en relación a las consultas formuladas, el carácter de cosa juzgada.

No se fundamentan en los casi treinta millones de córdobas que le son arrancados anualmente a la misérrima economía de nuestro pueblo para pagar por su existencia y para los lujos, beneficios, inmunidades y privilegios de sus magistrados, así como de los “funcionarios internacionales” arbitrariamente escogidos por ella. Ni siquiera se deben al alto grado de politización con que resuelven cada caso, tratando especialmente de favorecer siempre los intereses políticos del gobierno de Nicaragua...

Todos estos factores y elementos negativos enumerados anteriormente, los que apenas son unos pocos de los muchos que aún podrían enumerarse, son los que han provocado serias críticas en contra de la Corte Centroamericana de Justicia, no solo de parte de nuestro pueblo, si no también de algunos gobiernos de los Estados mismos que la integran. Los Gobiernos de Costa Rica, Guatemala y Panamá, que no se han incorporado a ella, han opuesto serias objeciones a su integración, y aun el de Honduras que, aunque integrado desde un principio a la Corte en el año 2004, denunció el tratado como un instrumento que habiendo sobrepasado el marco institucional de los países de la región, necesitaba de una urgente revisión.

Apliquemos cuanto antes el principio “Rebus sin stantibus” y reformemos el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, para que pueda seguir sobreviviendo con lo que le quede aun de su arrogancia, y no desaparezca, como le pasó a la Corte de Cartago de 1907, al Tribunal Centroamericano de 1923 y a la Corte de Justicia Centroamericana, creada por la ODECA en 1962.

Managua, 7 de marzo del año 2012.
* El autor es abogado.