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El otorgamiento de créditos es la principal actividad de los bancos y la que les genera mayores beneficios, pero al mismo tiempo es la que involucra los mayores riesgos.

Por otro lado, los principales recursos que utilizan los bancos provienen de fondos de sus clientes, quienes a su vez esperan que las entidades bancarias actúen prudentemente en la colocación de sus activos y cuenten con un nivel adecuado de solvencia y liquidez.

Precisamente, el fortalecimiento de las normas que regulan la actividad bancaria y los mecanismos de supervisión, con el fin de reforzar la solvencia y liquidez de las entidades de crédito, es el objetivo de las nuevas medidas de capital y liquidez de los bancos, conocidas como Basilea III.

Crisis como la de las hipotecas subprime (2008) y  la que se produjo tras la quiebra de Lehmann Brothers, en Estados Unidos (2009), que se extendieron a Europa y otras partes del mundo, se produjeron en el contexto de una escasa implementación de Basilea II (1988), la cual resultó inadecuada para prevenirlas.

Estas crisis revelaron bajos niveles de capital en el sistema bancario, deterioro en la calidad del capital de las entidades, y en muchos países sistemas bancarios excesivamente apalancados con un nivel alto y peligroso de activos tóxicos, así como problemas de liquidez de muchas instituciones al no poder refinanciarse en los mercados de corto plazo.

Las lecciones aprendidas plantearon la necesidad de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario, lo que llevó al Comité de Basilea a proponer las normas de Basilea III.

Con Basilea III los bancos aumentarán el nivel mínimo de capital de alta calidad (capital social más reservas), del 2% actual de los activos ponderados por riesgo, al 4.5%. Su implementación comenzaría en enero de 2013 para estar vigente en enero 2018.

Además, se introduce un colchón de protección del capital, del 2.5%, que situará este ratio en 7%, y cuya implementación se hará de enero 2016 a enero 2019.

El Tier 1, que es el capital básico que un banco usa para absorber golpes financieros (capital, reservas y otros títulos como participaciones preferentes), debe pasar del 4% actual, al 6%, y ser introducido en enero de 2016 y estar en vigor en enero de 2019.

Añadiendo el colchón adicional, esta ratio llegaría al 8.5%.
Las autoridades nacionales pueden incorporar una provisión adicional anticíclica de 2.5%.  En el Tier 2, integrado por los componentes del Tier 1 más otros activos de menor calidad, la exigencia podría llegar al 10.5%.

En Basilea III se apunta a limitar el apalancamiento del sector bancario mundial. Se pondrá a prueba una razón del 3% Tier 1, o que el Balance no pueda exceder 33 veces el capital estructural. Esto se aplicaría antes de introducir un ratio de apalancamiento obligatorio en enero de 2018.

En materia de liquidez, Basilea III introduce un “colchón de liquidez” de corto plazo, constituido principalmente por deuda soberana de alta calidad, aunque incluiría también deuda corporativa de alta calidad.

Cada país adaptará su regulación para reflejar los Acuerdos de Basilea III. La importancia que Europa otorga a esos acuerdos es evidente teniendo en cuenta que la Comisión Europea envió en 2011 una propuesta al Parlamento para convertir Basilea III en Ley y contar con la aprobación de la mayoría de los gobiernos.

México ha declarado que no hay nada que impida que la banca mexicana cumpla con la parte central de Basilea III mucho antes del plazo previsto en ese Acuerdo.

Por su parte, Argentina indicó que no tendrá problemas con las normas de Basilea III. En general, los propios banqueros, así como los bancos centrales y las autoridades supervisoras a nivel mundial están acogiendo los Acuerdos de Basilea III.

Por el tamaño del sistema bancario nicaragüense la financiación requerida para adoptar los Acuerdos de Basilea III no debe ser un obstáculo. La adopción debería empezar por un cronograma de actividades a partir del 2012 y que culmine en 2018 con la implementación de los lineamientos básicos de dichos acuerdos.

El enfoque subyacente en estos acuerdos es: Que las exigencias de capital para un banco están en función no solo de sus propios riesgos, sino de su contribución al riesgo sistémico. Que en caso de producirse tensiones en los mercados financieros son las propias entidades bancarias las que deben asumir las pérdidas, no los bancos centrales, gobiernos, ni los impuestos de los ciudadanos.

 

*El autor es asesor empresarial.
Exgerente del Área Internacional del
Banco Central de Nicaragua.